Dada la globalización actual, la comisión de delitos por parte de quienes viven de transgredir las leyes de las sociedades civilizadas, hoy repercuten de manera sustancial en la convivencia mundial.
Y es que existen crímenes que, por su naturaleza, afectan a las sociedades modernas y no respetan fronteras cuando son cometidos por bandas verdaderamente organizadas que trascienden de un país a otro.
Esta modalidad de asedio a la sociedad surge tanto en países ricos como pobres, ya sea por medio de la trata de blancas, el comercio clandestino de materiales humanos, del lavado de dinero, del contrabando de armas y de actos delictivos cometidos contra la red informática.
Otro claro ejemplo de ello es el narcotráfico, cuya estructura involucra a pequeños y grandes traficantes, conocidos como “empresarios” del negocio de las drogas, y a grupos políticos en países donde las mafias criminales tienen el control.
Esta situación ha generado que lo que suceda en una gran urbe en materia de tráfico de drogas repercute a cientos de kilómetros del planeta, donde un adicto pone en riesgo su vida al consumir las drogas más letales que hoy se comercian en el mundo.
El abogado chileno, consultor especialista en lavado de dinero y financiamiento al terrorismo Mariano de la Fuente asegura que “el crimen organizado transnacional afecta no solo a determinados países o regiones, sino que abarca a toda la comunidad internacional, constituyendo los recursos monetarios generados por tales actividades ilegales el 9% del Comercio Internacional y algo más del 2,5% del Producto Interno Bruto Mundial, según datos de la Organización de las Naciones Unidas”.
Señala que, además, estas organizaciones delictivas ya superaron el ámbito de sus actividades regionales, apostando por evitar las confrontaciones con otras asociaciones mafiosas, por lo que crean alianzas que permitan dividir el mercado, así como colaborar para penetrar dentro de las instituciones estatales para acceder a esferas de poder.
De allí que los llamados delitos transnacionales hoy constituyan un severo desafío para pueblos y gobiernos.
Delitos transnacionales en Latinoamérica
Siendo el crimen organizado “un mercado con demanda y oferta”, los grupos organizados han buscado la manera de diversificar sus actividades, buscando tráficos menos penados y que tengan menos presión de las fuerzas de seguridad y la justicia, revela el abogado y magistrado, especialista en delincuencia organizada y autor del libro “Delincuencia Organizada Transnacional: El Gran Negocio”, Dr. Alejandro Rebolledo.
Aclara que en la región los delitos más comunes y rentables para las mafias son las drogas, trata de personas, delitos medioambientales y productos falsificados, como medicinas.
Sobre la primera, la principal que sale de Latinoamérica es la cocaína, que se elabora mediante procesos químicos, teniendo como base la hoja de coca, planta que ha sido usada desde tiempos ancestrales como medicina o estimulante natural.
“El Informe Mundial de Drogas 2018 de la ONU, señala que Bolivia, Colombia y Perú concentran los cultivos ilícitos de coca más grandes del mundo, principalmente para la elaboración de cocaína”, añade el Dr. Rebolledo.
Hasta 2016, según el documento mencionado por el especialista en delincuencia organizada, Colombia tenía 146.000 hectáreas de cultivos ilícitos, Perú 43.900 y Bolivia 23.100, siendo este último el único país en reducir sus cifras desde 2010.
No obstante, se han detectado y desmantelado laboratorios clandestinos para la elaboración de cocaína y derivados, además de en esos tres países, en El Salvador, Honduras, Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay y Venezuela.
“La cocaína tiene mucha demanda en EE.UU. y Europa”, dice; añadiendo que otras de las drogas que se producen en la región son la heroína, metanfetamina, anfetamina y marihuana.
Pero esto es solo la punta del iceberg. El magistrado venezolano enfatiza que el tráfico de humanos es un problema creciente a nivel mundial.
Se basa en el Informe Global sobre Trata de Personas 2018 de la ONU, donde se revela que de los 225.000 casos registrados desde 2003 por este organismo, 24.000 de ellos en 2016, el mayor crecimiento ha sido en Asia y en el continente americano.
En Centro América y el Caribe, el 80% de las víctimas de trata de personas es de sexo femenino. La cifra más alarmante es que 66% de los casos se trata de niños, tanto varones como hembras.
Desde esta subregión, las víctimas tuvieron como destino principalmente EE.UU. y México. El 87% de los casos fue para explotación sexual, 5% para trabajo forzado, mientras que 8% para otros propósitos.
Entretanto, en Suramérica, el 80% de las víctimas son del sexo femenino: 51% mujeres adultas y 37% menores de edad. Allí, 58% son para casos de explotación sexual, 32% trabajos forzados y 10% para otras intenciones.
De acuerdo al informe de la ONU, la mayoría de los casos de trata de personas tiene como destino otros países de la misma región. Sin embargo, también son llevadas a Europa y EE.UU.
“Hay un fenómeno de trata importante que sale de Paraguay hacia Argentina, para trabajo forzado”, menciona le Dr. Rebolledo. Señala que “cuando es para prostitución, que es en la mayoría de los casos, es más hacia países Europeos, EE.UU. y Canadá”.
Además, dentro de este delito, está el “tráfico de migrantes”. Algo que anteriormente era más limitado en América Latina, “pero que ahora, con la crisis venezolana, ha aumentado”.
A estos se unen los delitos ambientales, que son una de las actividades criminales más lucrativas a nivel transnacional. “El valor monetario de estos ilícitos alcanzó en 2016 entre 91.000 millones y 259.000 millones de dólares anuales”, quedando ligeramente detrás de las drogas y la trata de personas, revela el especialista en delincuencia organizada.
Los crímenes ambientales pueden incluir el tráfico de madera preciosa, especies protegidas y la minería ilegal que, por lo general, “son tráficos fáciles, poco conocidos y las penas son mínimas”.
Según el texto “El aumento del crimen ambiental”, publicado por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y ONU Medio Ambiente en 2016, en América Latina hay un predominio de extracción ilegal de oro, que está relacionado con los carteles de la drogas.
Estimaciones revelan que, por ejemplo, en Perú el 28% de la extracción de este metal precioso es hecho de manera ilegal, en Bolivia asciende al 30%, en Ecuador a 77%, en Colombia al 80% y en Venezuela entre el 80 y 90%.
De acuerdo al documento, esta actividad ilegal, a su vez, crea espacios para el tráfico de personas, la explotación laboral y sexual, y el trabajo infantil.
El grupo de los crímenes transnacionales más lucrativos en Latinoamérica lo cierra la piratería. Datos de la Alianza Latinoamericana Anticontrabando (ALAC), revelan que ésta, junto al contrabando, mueve cerca de 80.000 millones de dólares anuales en la región.
Cigarrillos, textiles, calzados, bebidas alcohólicas y audiovisuales son los sectores más afectados por las falsificaciones; aunque ningún área escapa a ello.
Pero también están las medicinas. “Desde 2013, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recibido 1.500 notificaciones de casos de productos de calidad subestándar o falsificados; entre ellos, los antipalúdicos y los antibióticos son los más frecuentemente citados. La mayoría de las notificaciones (42 %) proceden del África subsahariana, el 21% de las Américas y el 21% de la región de Europa”, dice Rebolledo.
Las leyes contra el crimen transnacional
Generalmente, estos actos ilegales son perpetrados bajo el abrigo de una tecnología que permite superar las antiguas limitaciones de tiempo y distancia, utilizando grandes cantidades de dinero, que instrumentan en gran escala para sobornar a funcionarios corruptos, tanto públicos como privados, a fin de lograr los crímenes al estilo mafioso y las frecuentes formas de extorsión moral que se emplean para callar conciencias.
De acuerdo con el también autor del libro “Así se lava el dinero en Venezuela”, Dr. Alejandro Rebolledo, este escenario está llevando a la sociedad a perder paulatinamente sus defensas legales.
“Las leyes y códigos actuales son, en muchos casos, insuficientes para hacer frente a las amenazas actuales. La justicia penal requiere nuevas respuestas adecuadas a estas situaciones que antes eran desconocidas”, advierte.
De esta forma, el especialista en delincuencia organizada llama a la actualización de las legislaciones ante estos nuevos retos.
“En estos tiempos en los que vivimos, los mecanismos de prevención y la forma en que operan los organismos de seguridad, así como la manera en que funcionan los sistemas jurídicos, necesitan ajustar sus estructuras a las cambiantes modalidades de la delincuencia organizada, que se pinta cada vez más poderosa y hábil para servirse de las innovadoras tecnologías en uso y creativa en la elaboración de estrategias para burlar a la ley”, resalta.
La cooperación internacional es vital
El Dr. Rebolledo menciona que esta actualización, además, reclama la cooperación amplia, ágil y eficiente de la comunidad internacional, debido a que es poco lo que un país aislado puede lograr.
“Los problemas comunes tienen que tratarse con criterios y recursos compartidos. Los delitos transnacionales reclaman una acción también transnacional. Por ello, debe emerger un sistema de prevención y represión de las nuevas modalidades delictivas basado en la cooperación mancomunada y solidaria del más amplio espectro posible de gobiernos y países”, añade.
A fin de cuentas, la falta de armonía entre legislaciones nacionales e internacionales para combatir a la delincuencia organizada transnacional es uno de las grandes vulnerabilidades que aprovechan las mafias para llevar a cabo sus crímenes, recuerda De la Fuente.
Las palabras del experto chileno aluden a un reciente informe de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), donde se revela que casi en todas las naciones suramericanas, el crimen organizado y los delitos transnacionales son tratados como amenazas a la seguridad pública, “hallándose bajo las competencias de los sistemas de seguridad interior, ciudadana o pública –según las diferentes denominaciones existentes-, con normativas específicas, responsabilidades políticas e instancias institucionales identificables”.
“Los delitos transnacionales son aquellos que las legislaciones nacionales aunque los regulan y castiguen, encuentran muy difícil su persecución no solo por su repercusión internacional, sino por la falta de armonía de la ley nacional y la internacional, que afecta la colaboración entre los órganos policiales nacionales, así como la homogeneidad unitaria y fuerte de la comunidad internacional en su conjunto, lo que propicia que sea factible para los grupos organizados avocarse al mundo con base a los lugares donde se desarrollen mercados ideales para obtener ganancias por un lado y por el otro lado encontrar refugios en contra de la justicia”, menciona De la Fuente.
Y es que al ser de difícil demostración ante las cortes judiciales, la aplicación de las leyes nacionales ante estos delitos, permite utilizar maniobras legales para impedir que los criminales sean castigados o, al menos, no serlo de una manera que permita reeducar al sancionado.
“La naturaleza y la complejidad de la dinámica delictiva transnacional demandan multilateralismo e integralidad en la respuesta a los fenómenos criminales: ello es, efectiva cooperación regional y políticas activas tanto de prevención como de represión de los fenómenos delictivos”, recalca el experto chileno.
Por su parte, Rebolledo concluye que para ello se requiere coordinación de políticas internas externas, en materia de acuerdos y generación de mecanismos de interrelación entre los estados y consensos en políticas regionales, para una cooperación sustentada en una asociación estratégica que permita potenciar las capacidades nacionales.
ALD
