El incumplimiento de los plazos razonables y las “normas matemáticas”, jugaron a favor de Gerson Alexander Gómez Guerrero, Marco Antonio Sierra Capacho, Mariela Cenobia Gómez Rojas, Germán Gutiérrez Botello, Freddy Garavito Rojas, Wilder Alexander Duarte Contreras, al igual que Jhon Jairo Aparicio, señalados de pertenecer a una banda delincuencial dedicada al secuestro y la extorsión, para recobrar su libertad.
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El primero en lograr que un juez sustituyera la medida de aseguramiento en centro carcelario por los delitos de secuestro agravado, extorsión y porte ilegal de armas, fue Aparicio, acudiendo al artículo 307 literal B, de la Ley 906 de 2004, sustentando que la Fiscalía no solicitó la prórroga de la medida privativa en el término legal de un año, luego de estar detenidos desde 2019.
Aprovechando el derecho a la igualdad y amparados bajo el mismo artículo 307, los abogados José Ernesto Jaimes Chía, Diego León y José Arias, representantes de los demás procesados, le solicitaron al Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de control de garantías que no accediera a la petición de prórroga de la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía y les concediera la libertad a sus defendidos.
La mañana del jueves, se cumplió la audiencia en la que dicho despacho ordenó la libertad de los procesados, por excederse los términos legales en la petición de la Fiscalía.
“Las penas de medida de aseguramiento tienen vigencia de un año, pero la Fiscalía las puede prorrogar por un periodo similar, solicitando una audiencia, lo que en esta oportunidad no se hizo”, explicó el abogado José Jaimes.
Por lo tanto, los detenidos recobraron su libertad, no obstante con algunos compromisos judiciales como no salir del departamento y presentarse ante un juez periódicamente.
El sábado 28 de diciembre de 2019, cuatro hombres y una mujer decidieron secuestrar a un comerciante cucuteño, de 50 años, con el propósito de que entregara una alta suma de dinero para no atentar contra su vida. Sin embargo, el plan se les vino al piso luego de ser descubiertos por el Gaula de la Policía, que logró liberar a la víctima y capturar inicialmente a cinco presuntos secuestradores.
Las autoridades señalaron en ese momento que los detenidos llegaron a una casa de la invasión La Fortaleza, y obligaron a subir al comerciante a una camioneta, llevándolo con rumbo hacia El Zulia. Sin embargo, antes de irse le exigieron a la compañera sentimental, 100 millones de pesos para que luego fuera liberado.
Según se conoció, desde una finca del corregimiento Urimaco, zona rural de Cúcuta, se hicieron las llamadas extorsivas para presionar a la familia, que no dudó en contactar a las autoridades.
“El señor almorzaba donde una familiar que tiene en esa invasión y como lo vieron que tenía una camioneta Toyota TXL creyeron que tenía mucho dinero, pero solo es un comerciante de billares y con eso se mantiene”, contó una fuente judicial cercana al caso, en ese momento.
En medio de una negociación, el Gaula logró que los presuntos secuestradores liberaran a la víctima para que empeñara su vehículo y así lograra darles al menos 80 millones de pesos.
De manera controlada las autoridades acordaron un encuentro de entrega y detuvieron a las cinco personas en el kilómetro 8 de Los Patios.
Al menos dos semanas después, fueron detenidos otros dos integrantes de la estructura, por lo que desde ese momento fueron enviados a prisión.
German Botello Gutiérrez, conocido como ‘El Mocho’, es señalado por las autoridades de ser el líder de esta banda; este hombre de 31 años, tiene amputada la pierna izquierda.
Mariela Senovia Gómez Rojas, de 42 años, es la compañera sentimental de ‘El Mocho’ y era la cocinera en la finca donde permaneció secuestrado el comerciante.
Por su parte, Gerson Alexander Gómez Guerrero, de 36 años; Jhon Jairo Aparicio Monoga, de 36; y Marco Antonio Sierra Capacho, de 41; eran quienes escoltaban al secuestrado. Así fue como las autoridades dijeron que eran los roles de estas personas detenidas.
