Sigue creciendo la lista de exfuncionarios del pasado gobierno de Danilo Medina, familiares y allegados, y de dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que han sido investigados para que den cuenta sobre su desempeño en la administración pública y el origen de su patrimonio.
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En los últimos meses han tenido que acudir a la Procuraduría General de la República varios exfuncionarios de la pasada gestión del PLD, incluso, más de una vez, aunque no se ha producido ningún sometimiento judicial desde principio de diciembre.
Antipulpo
En esa fecha fueron arrestadas 11 personas, entre exfuncionarios del gobierno de Medina, parientes y allegados, en el expediente de corrupción bautizado como “Operación Antipulpo”, quienes fueron sometidos a la justicia y actualmente están cumpliendo medida de coerción, unos de prisión preventiva en Najayo, y otros, domiciliaria.
Las autoridades no han dado muchos detalles sobre las actuaciones ilícitas que les atribuyen a los sometidos a interrogatorios por representantes de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y la Dirección Nacional de Persecución del Ministerio Público.
Por lo general, se han limitado a enunciar los delitos en algunos casos, que están vinculados a actos de corrupción administrativa, entre los que figuran desfalco, estafa, lavado de activos, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, falsedad en documentos públicos e irregularidades en las declaraciones juradas de bienes que presentaron en la Cámara de Cuentas.
Los investigados tampoco suelen abundar mucho al llegar y salir de la sede de la Procuraduría General de la República (PGR), donde se realizan las indagatorias, incluso algunos prefieren guardar silencio y otros son muy escuetos cuando se les pregunta sobre el motivo de la citación.
Más reciente
El último en ser interrogado, el pasado jueves, fue el ex director de Educación, y ex ministro de Interior y Policía en el pasado gobierno, Carlos Amarante Baret, quien al ser cuestionado sobre los motivos de la citación, se limitó a decir que “más adelante me referiré al tema”. En las investigaciones al exministro de Hacienda, Donald Guerrero, y al exadministrador general del Banco de Reservas, Simón Lizardo Mézquita, han sido de los pocos casos en que el ministerio público ha dado detalles sobre las razones de los interrogatorios.
El 9 de febrero, en un comunicado de prensa, la PGR informó que la acción del ministerio público contra Guerrero y Lizardo forma parte de una denuncia pública hecha por el director de Presupuesto, José Rijo Presbot, sobre pagos irregulares a contratistas en la última etapa de las gestiones de Danilo Medina (2012-2020), de unos 21,000 millones de pesos.
Según la PGR, ese monto abarcó 11,000 millones de pesos para el pago de hormigón asfáltico caliente contratado entonces por el Ministerio de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, para un plan de pavimentación de carreteras.
SEPA MÁS
Otros.
Han sido interrogados también el exdirector de la OPRET, Diandino Peña; el exministro de Economía, Juan Temístocles Montás; el senador Félix Bautista; el diputado Radhamés Camacho, la pastora Rossy Guzmán Sánchez, por su presunta vinculación con el mayor general Adams Cáceres, jefe del cuerpo de ayudantes militares del expresidente Medina. Otros fueron el asistente del presidente Medina, Robert de la Cruz; la exdirectora del Plan Social de la Presidencia, Iris Guaba.
