La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) acordó llevar a juicio oral al juez Miguel Florit por varios presuntos delitos cometidos al ordenar la requisa de móviles de periodistas y el control de sus comunicaciones en el marco del caso Cursach.
Las acusaciones son la editora de Diario de Mallorca, los periodistas Blanca Pou y Kiko Mestre, la Agencia EFE, Europa Press, y la Asociación de Medios de la Información.
Los periodistas y las entidades acusadoras reclaman para el juez 42 años, delito contra la inviolabilidad del domicilio, contra el ejercicio del secreto profesional y el derecho a la intimidad y de interceptación ilegal de comunicaciones.
La jueza considera que no es posible incluir esa responsabilidad civil como partida para fijar la fianza, pero sí las cuantías que piden las acusaciones como multa, que ascienden a 43.200 euros. A ello suma la estimación de unos 2.000 euros de las posibles costas, y un tercio más como estipula la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para fijar la fianza en 60.116 euros.
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