Un gran jurado federal del Distrito Sur de Florida presentó el 19 de noviembre cargos contra nueve personas por un esquema de lavado de dinero vinculado a cárteles mexicanos y colombianos. La operación, que involucró el uso de criptomonedas para blanquear ganancias ilícitas de la venta de drogas, destaca el papel creciente de los activos digitales en actividades delictivas transnacionales.
Entre 2020 y 2023, los acusados presuntamente recolectaron grandes sumas de efectivo generado por el tráfico de drogas en diversas ciudades de Estados Unidos. Según los documentos judiciales, el dinero se intercambiaba por criptomonedas que luego eran enviadas a billeteras digitales controladas por los acusados o sus cómplices. Finalmente, los fondos eran convertidos nuevamente en efectivo y entregados a los líderes de cárteles en México y Colombia.
Entre los implicados se encuentran ciudadanos mexicanos, colombianos y un argentino, incluyendo a Nilson Sneyder Vásquez Duarte, alias “Sobri”, señalado como el principal coordinador del esquema. Otros acusados, como María Eugenia Landeros Rosas y Hernán Horacio Richard Samper, actuaron como intermediarios. Además, varios mensajeros, entre ellos Sergio Fernando Vargas Álvarez y Juan Carlos Riaño Muentes, trasladaron físicamente el dinero entre ciudades de Estados Unidos.
Implicaciones del uso de criptomonedas en el narcotráfico
Las criptomonedas han facilitado el lavado de dinero al permitir transacciones rápidas y con alto grado de anonimato. Redes criminales como las investigadas suelen cobrar comisiones de alrededor del 10% por convertir efectivo ilícito en activos digitales. Esta práctica ha sido aprovechada por organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación para acumular activos en monedas como Bitcoin y Ethereum, distribuidos en billeteras digitales en múltiples países.
La operación que llevó a estas acusaciones fue encabezada por el Departamento de Justicia de EE. UU., con la participación de Homeland Security Investigations (HSI) y otras agencias. Esta acción es parte de la iniciativa OCDETF, diseñada para desmantelar redes criminales transnacionales.
Aunque las criptomonedas ofrecen beneficios legítimos en muchos sectores, este caso subraya la necesidad de fortalecer las regulaciones para prevenir su uso ilícito. Las autoridades continúan enfrentando desafíos significativos para rastrear y desmantelar redes que operan en la intersección del narcotráfico y la economía digital.