Por: Juan Carlos Galindo, investigador, Perito Judicial Penal Económico y Tecnológico, Políticas de (Ciber)Seguridad y Control de la Criminalidad, Detección del Fraude Empresarial, Reclamaciones Bancarias (Ciber)Estafas.
«La propuesta del PP y Vox es la misma que desde la AVAF (Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana) entregó, meses atrás, a todos los partidos políticos»
El pasado día 21 de marzo el partido popular presentó una proposición de ley de modificación de la ley 11/2016, de 28 de noviembre, de la generalitat, de la agencia de prevención y lucha el fraude y la corrupción de la comunitat valenciana. Solicitando a su vez, se tramite por vía de urgencia. Dicha propuesta, es la misma que desde la AVAF (Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana) entregó, meses atrás, a todos los partidos políticos del arco parlamentario valenciano, para su modificación y mejora. Dicho texto no es el definitivo, ya que esta proposición de ley tiene que pasar por consulta pública y enmiendas parlamentarias entre otros trámites parlamentarios.
El texto no es el definitivo, ya que debe pasar por consulta pública y enmiendas parlamentarias
Aun así, destacaría de la misma, más allá de una nueva redacción más entendible (con glosario incluido) y más ajustada a la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, la incorporación de personal laboral a la AVAF, que se permitirá tener a 2 personas eventuales y no funcionarias adjuntas al director de la agencia, es decir, de su gabinete. Nada dice de la formación requerida para dichos puestos, lo que apunta a que sean los llamados “cargos de confianza” ya que estos serán a discreción del director, pues cesaran cuando cese el mismo.
Se ha perdido una oportunidad fantástica de poner en la practica la tan cacareada colaboración publico privada y ampliar en otros departamentos de la agencia, la incorporación de profesionales de reputado prestigio en las áreas de investigación, prevención, análisis, inteligencia, etc. Que tanto bien nos harían a todos los valencianos. Pensar que solo los funcionarios pueden realizar esta labor, es dar la espalda a la realidad de los procesos de corrupción modernos. Solo con equipos humanos holísticos y multidisciplinares conseguiremos mitigarla e inclusive, llevarla a la irrelevancia pública. ¿Hasta cuando no rentabilizaremos las instituciones públicas? Y no me refiero solo a la económico, sino a cambiar la percepción que la ciudadanía tiene de que “no valen para nada” y son chiringuitos para amiguetes. ¿Hasta cuándo?
Déjame te señale que existe otro cambio relevante. La fórmula de votación para la elección del director de la agencia. Este sería el nuevo texto:
Los cambios propuestos pudieran haber sido de mayo calado y ámbito
“El director o directora será elegido por el Pleno de Les Corts por mayoría de tres quintas partes. Si no obtiene la mayoría requerida se realizará una nueva votación en la sesión plenaria ordinaria siguiente, en este caso resultará elegida la candidatura que obtenga la mayoría. absoluta. Si no se obtiene la mayoría requerida en ninguna de las dos votaciones, se harán nuevas propuestas por el mismo procedimiento en el plazo máximo de un mes.” Lo señalado en negrita es el texto relevante, pero déjame ponga contexto al mismo y te avance otro debate. ¿Quién propone las candidaturas?
La ley dice así: “Las personas candidatas a ocupar el cargo serán propuestas a Les Corts por organizaciones sociales que trabajen en la actualidad contra el fraude y la corrupción en la Comunitat Valenciana y por los grupos parlamentarios. Las personas candidatas deberán comparecer ante la comisión parlamentaria correspondiente en el marco de una convocatoria pública al efecto para ser evaluadas con relación a las condiciones requeridas para el cargo. El acuerdo alcanzado en esta comisión será trasladado al Pleno de las Corts Valencianes.” Este texto se mantiene vigente en su integridad.
Para cerrar el tema de los cambios propuestos, me parecen acertados y pertinentes. En algunas cuestiones, los cambios propuestos pudieran haber sido de mayo calado y ámbito. Esperemos que en la fase de consulta publica y trámite parlamentario se implementen y amplíen los mismos.
Se ha generado cierta controversia por la propuesta de candidatos, ya que estos, los tiene que proponer la sociedad civil
La motivación de toda ley (o condición de elección) que, para poder modificarla, se necesite más de una mayoría simple o absoluta, siempre ha sido el manido argumento de “la búsqueda de amplios consensos políticos”. En su idea primigenia y teórica así es, ya que, para cualquier cambio en dicha ley o elección de candidato, como es el caso, no bastarían los votos de un solo partido, ni siquiera de dos. Lo que implicaría buscar la negociación y el consenso con varios partidos de muy distinta ideología política. A priori, ninguna medida representa más el carácter genuino, democrático y parlamentario que esta, que es la búsqueda de consensos políticos con el contrario a través del diálogo político (calidad democrática). Nada mas lejos de la realidad.
Esta medida de “garantías democráticas” es retorcida y usada como bloqueo continuo, cuando el que realizo el articulado, se encuentra en la oposición, o lo que es peor, utilizada como un burdo intercambio de cromos (cargos a cubrir) para conseguir el SI de la votación. Por lo tanto, bienvenida la modificación a mayoría absoluta para su elección en las cortes valencianas. “Muerto el perro, se acabó la rabia”
Por otro lado, se ha generado cierta controversia por la propuesta de candidatos, ya que estos, los tiene que proponer la sociedad civil. En concreto asociaciones dedicadas a la lucha contra el fraude y la corrupción publica y política.
Existen a fecha de hoy 2 candidatos propuestos por la sociedad civil. Las entidades Acción Cívica contra la Corrupción, la Fundación por la Justicia y el Observatori Ciutadà Contra la Corrupción, proponen al actual número dos de la Agencia Antifraude, Gustavo Segura. Por otro lado, la Asociación Española de Gestores para la Administración Pública propone a Eduardo Beüt González.
El consejo de participación de la agencia antifraude necesita una remodelación integra
Los letrados de las cortes valencianas ya tienen el encargo de revisar y pronunciarse sobre la “recusación” de la candidatura de Eduardo Beüt, que ha interpuesto Accio cívica, aludiendo a que la asociación que lo ha nombrado no se dedica a la lucha contra la corrupción en la actualidad, por lo tanto, podemos estar ante una candidatura única, la de Gustavo Segura.
En definitiva, buena proposición de reforma de la agencia antifraude, aunque se hubiera podido hacer más, “para muestra un botón”. El consejo de participación de la agencia antifraude necesita una remodelación integral. Tal y como esta concebido no tiene ninguna relevancia, ni utilidad, más allá de su formalidad y su nombre.
