El consejero presidencial para la Estabilización y Consolidación, Emilio Archila, destacó los resultados del Gobierno de Iván Duque en el aterrizaje del Acuerdo de Paz. Pastor Alape, delegado de la exguerrilla al Consejo Nacional de Reincorporación, hizo varias salvedades a lo dicho por el funcionario.
Según el consejero presidencial para la Estabilización y Consolidación, Emilio Archila, el gobierno de Iván Duque está muy comprometido con la implementación del Acuerdo de Paz firmado entre el Estado y las Farc. Así lo expresó en medio de un conversatorio, convocado por la Presidencia, que se llevó a cabo este lunes en Bogotá. El evento se dio luego de que sectores políticos criticaran el manejo que el ejecutivo le ha dado al tema en el informe 01 de Seguimiento Multipartidista a la implementación del Acuerdo de Paz. En este documento, suscrito por 22 congresistas de seis partidos, señalaron que el gobierno ha tenido una “narrativa contradictoria”.
“En el escenario internacional asegura su compromiso con el Acuerdo. Mientras tanto en el país expresa reservas a lo acordado, no hace las inversiones necesarias en los territorios, carece de una política de seguridad ciudadana que dé confianza y tranquilidad, presenta objeciones a la ley de la JEP, introduce reformas legislativas que generan incertidumbre entre víctimas y excombatientes, y da vía libre para el avance de reformas legislativas y constitucionales que pondrían en grave riesgo la esencia del Acuerdo de paz”, dice el documento.
Desde la llegada del Gobierno Duque se hicieron varios cambios institucionales en aras de mejorar la implementación del Acuerdo de paz, según Archila. Asismo, dijo que todos los escenarios e instancias para aterrizaje de lo acordado han estado activas, aseguró que “la Comisión de seguimiento, impulso y verificación a la implementación del Acuerdo Final, ha sesionado un total de 16 veces y la Secretaría Técnica de la CSIVI (Pre-CSIVI) se ha reunido un total de 17 veces”.
Otra versión sobre el funcionamiento de esas instancias tiene el partido FARC. Pastor Alape, delegado de esa colectividad al Consejo Nacional de Reincorporación, dijo que “el funcionamiento no ha tenido la actividad que le corresponde a la implementación, no tiene los avances que se debieran haber alcanzado hasta este momento”. Pone el ejemplo de algunas instancias que se han frenado como la Junta de Direccionamiento Estratégico del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, que según el exjefe guerrillero “se ha reunido una sola vez durante este Gobierno”.
En cuanto a la reincorporación económica, Archila enfatizó en que “hay 29 proyectos productivos colectivos aprobados que vinculan a 1.934 personas en proceso de reincorporación, con un valor superior a los $21.335 millones de pesos”. También aseguró que se han aprobado 360 proyectos individuales con 416 beneficiarios. Resaltó, además, la inserción laboral de los exguerrilleros enfatizando en que 1. 063 personas exintegrantes de las Farc se encuentran vinculados a ocupaciones formales en diversas actividades económicas.
El Gobierno, resaltó sus acciones frente a la seguridad de los excombatientes. “Entre agosto de 2018 y el 31 de julio de 2019 la Mesa Técnica de Seguridad y Protección ha sesionado 14 veces y sus subcomisiones técnicas 15 veces”, aseguró Archila. Ese tema le ha merecido críticas al presidente Iván Duque y a su gobierno. El país recuerda, por ejemplo, el asesinato de Dimar Torres en Norte de Santander a manos del Ejército y las posteriores declaraciones del ministro de Defensa, Guillermo Botero, según las cuales el homicidio se dio en medio de “un forcejeo”. La Onu también se ha declarado “profundamente” preocupada por los asesinatos de quienes dejaron las armas, en su más reciente informe quedó registrado que se habían presentado 123 homicidios de excombatientes, 10 desapariciones y 17 tentativas de homicidio desde la firma del Acuerdo de Paz. Aún con esas cifras, Archila destacó que se han implementado “231 esquemas (de seguridad) individuales, colectivos, ETCR y sedes para beneficiarios de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección”.
Alape señaló que esas medidas que ha tomado el Gobierno “no son suficientes”. Asegura que hay problemas logísticos en los esquemas de seguridad. Denunció que los escoltas de la Unidad Nacional de Protección llevan dos meses sin recibir los viáticos por los traslados que tienen que hacer en el territorio nacional. Se quejó también de que este Gobierno debilitó los esquemas: “las armas de largo alcance para la protección en las áreas rurales fueron desmontadas y eso ha puesto a los esquemas en situación de vulnerabilidad”.
“No se trata de presentar unas cifras para generar hechos mediáticos, se trata de establecer una política real de paz desde los territorios”, concluyó Alape. Por su parte, el Gobierno insiste en que tiene voluntad de implementar lo que se acordó.
El Espectador
