En el listado aparecen el expolítico Benito Osorio y la hermanastra de los Castaño Sor Teresa Gómez.
AntilavadoDeDinero / eltiempo.com
Los nombres de poderosos testaferros, despojadores de tierras y responsables de asesinatos selectivos y desplazamientos forzosos aparecen en una citación de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, que hará una audiencia pública en la que participarán víctimas y victimarios.
Los nombres de poderosos testaferros, despojadores de tierras y responsables de asesinatos selectivos y desplazamientos forzosos aparecen en una citación de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, que hará una audiencia pública en la que participarán víctimas y victimarios.
La diligencia se llevará a cabo el 7 y el 9 de diciembre, y serán escuchados seis terceros civiles que solicitaron someterse a la jurisdicción y otro civil que ya fue aceptado. Allí, las víctimas de despojo de tierras de Tulapas intervendrán respecto a las exposiciones de estas personas.
Los seis terceros civiles citados, que solicitaron someterse a la JEP son: Benito Antonio Osorio Villadiego, Jaime Augusto García Exbrayad, Carmelo de Jesús Esquivia Guzmán, Luis Gonzalo Gallo Restrepo, Marco Fidel Furnieles Salgado y Sor Teresa Gómez Álvarez.
Varios de estos nombres llaman la atención, pues se trata de condenados o investigados no solo por arrebatarle sus tierras a campesinos de la región de Urabá y Córdoba, sino también por sus nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
Sor Teresa Gómez, por ejemplo, es considerada como la última ficha del clan Castaño. Su accionar delictivo se concentró en el despojo de tierras, a sangre y fuego, con el apoyo armado de los ejércitos paramilitares que crearon sus familiares Carlos y Vicente Castaño.
Benito Osorio, por su parte, fue un influyente personaje en la política cordobesa hasta mediados de la década del 90. En 1997 llegó a la gerencia del Fondo Ganadero de Córdoba y presidió la Federación Nacional de Fondos Ganaderos Nacionales.
Pero 18 años después, en 2015, fue condenado a 19 años de cárcel por destrucción y apropiación de bienes protegidos, deportación, expulsión traslado o desplazamiento forzado, lavado de activos, testaferrato y concierto para delinquir.
Durante la audiencia pública que citó la JEP, esas personas deberán exponer su compromiso claro, concreto y programado frente a la verdad plena, la reparación integral de las víctimas, las garantías de no repetición y sus compromisos con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR).
A partir de la información que los seis postulados entreguen durante la diligencia, que se hará conjuntamente con la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, se definirá si cumplen con los requisitos para ser admitidos en la jurisdicción y podrán vincularse al Caso 04, que investiga la situación de Urabá
En el caso de Benito Molina Velarde, la JEP ya aceptó su sometimiento en septiembre, por lo que se presentará en calidad de compareciente para iniciar sus aportes a la verdad plena, detallada y exhaustiva.
Los citados a la diligencia se conectarán de las cárceles La Picota, el Buen Pastor, Bello y Corozal. Según informó la JEP, las víctimas acreditadas podrán seguir la diligencia en el municipio de Necoclí, donde se habilitó una sala especial.
También puede leer: Colombia: Avalan extradición de abogada que ofrecía colar narcos en la JEP
