Los hombres y mujeres que supervisan el flujo de dinero europeo ya no van vestidos de negro. Ahora su trabajo es más silencioso, pero no por ello menos trascendental para el devenir comunitario. Hasta la fecha, la Comisión Europea tenía las manos atadas a la hora de perseguir el fraude del presupuesto europeo.
Antilavadodedinero / Elconfidencial
Desde hace años existe la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), pero sus competencias eran muy reducidas a la hora de castigar el desvío de fondos. Sus investigaciones eran muy valiosas, pero su ejecución se limitaba a recomendaciones.
Como resultado, se estima que miles de millones de euros podrían haber sido malversados. Los Estados miembros nunca han tenido demasiado apetito e interés en ceder más competencias en este campo. Pero el aterrizaje de la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés), que echó a rodar el 1 de junio, allana el camino para un cambio de paradigma.
Con sede en Luxemburgo, la Fiscalía Europea podrá dar caza a delitos transnacionales e iniciar casos judiciales nacionales. Blanqueo de capitales, sobornos, apropiación indebida o fraude del IVA son algunas de las misiones que contempla su porfolio. Se conforma por un fiscal asignado por cada Estado miembro. A los mandos se encuentra la rumana Laura Kovesi, que durante años ha liderado la lucha contra la corrupción en su país natal imputando a miles de personas. “Nuestro objetivo es poner fin a la criminalidad económica y financiera. Que nadie se confunda: esta es la amenaza más frecuente para cualquier sociedad democrática”, señaló con motivo de la presentación de este nuevo armazón.
El fraude cuesta a las arcas europeas millones de euros. Según el Parlamento Europeo, junto a la evasión fiscal podría tener un coste aproximado de 2.000 euros anuales para cada ciudadano europeo. En paralelo, en 2019 el conjunto de la UE perdió la friolera cifra de 140.000 millones de euros por el fraude en el IVA.
Los favores, las redes clientelares y la estructura de oligarcas han sido un goteo en las capitales gobernadas por líderes populistas e iliberales. Entre el 0,5% y el 1,5% de los presupuestos comunitarios habría acabado malversado.
El primer ministro esloveno Janez Jansa, que asume hasta finales de este año la Presidencia de la UE, estuvo dos años en la cárcel condenado por corrupción y sobornos. Andrej Babis, primer ministro checo, suma años de acusaciones por abusar de los fondos de la Unión Europea: habría redirigido 2 millones de euros de un programa de pymes a una sociedad familiar. Los conflictos de intereses también salpican de lleno al líder húngaro Víktor Orbán, que otorgó a su yerno entre 2009 y 2015 la mayor parte de las licitaciones de alumbrado público financiadas con dinero comunitario.
También los europeos pagaron un tren turístico en desuso para conectar la aldea magiar que vio nacer al ‘enfant terrible’ de la política europea. Hungría es, de hecho, el país de la UE con mayor índice de fraude.
La tarea de controlar y, especialmente, de asegurar la rendición de cuentas se hace esencial con el aterrizaje del Fondo de Recuperación Europeo. La UE ya ha comenzado a depositar en las arcas públicas las primeras partidas de los 800.000 millones de euros (en precios actuales) del inédito Next Generation EU. El que es ya el instrumento financiero más ambicioso de la historia del proyecto europeo es también el primero que condiciona la recepción de las ayudas al respeto del Estado de Derecho, con ímpetu en lo referente a la malversación, el fraude y la corrupción.
Hungría y Polonia se niegan a forma parte
España ya ha recibido una primera remesa de 9.000 millones. Pero el tándem que conforman Hungría y Polonia, los dos países bajo el Artículo 7 de los tratados por vulnerar los valores fundamentales, todavía tendrá que esperar. Bruselas ni siquiera ha dado el visto bueno a los planes naciones de Budapest y Varsovia. En buena medida debido a sus últimos ataques al Estado de Derecho.
Mientras los expertos del Berlaymont revisaban los planes de recuperación de las capitales, Orbán cruzó una línea roja con la ley que prohíbe hablar de homosexualidad en colegios y lugares públicos. En paralelo, los de Kaczynski continuaron con su cruzada para asfixiar la independencia judicial.
La participación en el organismo es voluntaria porque nació bajo el modus operandi en la UE de la cooperación reforzada. Hasta la fecha, el núcleo duro de la Fiscalía Europea lo conforman 22 fiscales, uno por cada país miembro, y un gran despliegue de abogados y expertos.
No están entre ellos Dinamarca, Irlanda, Suecia, Hungría y Polonia. Los dos primeros no forman parte de la cooperación judicial de la UE. Estocolmo asegura que se unirá próximamente, pero Budapest y Varsovia se oponen a cualquier mecanismo que pueda dar caza a prácticas irregulares.
Eslovenia, por su parte, dilata el proceso y se resiste a nombrar un fiscal. Jansa alega que es debido a la falta de “candidatos cualificados”, un malabarismo que nadie compra en Bruselas. Y Portugal y Bélgica han tenido problemas por seleccionar a candidatos ideológicamente sesgados.
Sin carnet político
La esencia del organismo es blindar la independencia política. Sus miembros deben acreditar que son independientes. En respuesta, la EPPO protegerá sus puestos de trabajo de posibles represalias en sus países garantizando su sillón en Luxemburgo. Una de las vértebras de su columna es evitar interferencias que puedan obstaculizar el enjuiciamiento de políticos o trabajadores públicos que hayan incurrido en cualquier tipo de malversación.
Su estructura ya está en marcha. Ha costado muchos años darle forma. Ahora su reputación se juega con la toga. En su primer mes y medio de vida ya ha procesado 1.000 denuncias de fraude dentro de la UE y ha incautado bienes por valor de siete millones de euros.
En cualquier caso, su nacimiento es un impulso para la integración europea. Los frugales siempre han seguido con ahínco el uso del último céntimo que sale de Bruselas. Mark Rutte y Víktor Orbán se enfrentaron con firmeza durante la cumbre del fondo de recuperación por ese vínculo del dinero al respeto del Estado de Derecho. La garantía de un mecanismo que acredite el buen uso de los fondos europeos es crucial para una mayor integración política y económica.
De la Gürtel a la EPPO
La representación española viene a cargo de Concha Sabadell, conocida por su participación como fiscal en el caso Gürtel, donde representó al Ministerio Público como parte de la acusación. Sabadell ingresó en Anticorrupción hace ya catorce años. Tras ser una pieza fundamental en uno de los casos de corrupción más populares de la historia reciente de España, ha dado ahora el salto a Luxemburgo. Destino distinto, pero misma misión: sentar a todos aquellos que jueguen con el dinero de los contribuyentes en el banquillo.
