El Covid- 19 ha generado efectos sin precedentes en la humanidad, generando un impacto económico en todo el mundo, y llevando a los grandes economistas a prever una recesión que podría superar la crisis financiera del 2008. Hoy con esta pandemia aumentó el fraude financiero.
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Con la disminución o suspensión de la operación en las cadenas de producción, la pandemia del COVID-19 está afectando abruptamente la oferta y la demanda; ocasionando así reducción en los ingresos, incremento en el desempleo, y grandes dificultades para cumplir con las responsabilidades de deuda. De acuerdo con la CEPAL –Comisión Económica para América Latina y el Caribe–, en América Latina se estima una contracción de -1,8% del producto interno bruto regional, lo cual, podría subir hasta diez puntos porcentuales el desempleo en la región.
Si bien, industrias como el transporte, la moda, el turismo y el comercio han tenido impactos financieros más acelerados; los efectos colaterales del COVID-19 en la economía no discriminan. De acuerdo con el Centro Global de Crisis de PwC, los diferentes sectores económicos deben concentrarse en seis focos principales para afrontar esta crisis: la protección a la fuerza de trabajo, la estabilización de la cadena de suministro, los compromisos con el cliente, el estrés financiero y la liquidez, la estrategia y la marca, y la gestión de impuestos.
Sin embargo, otro foco que se debe considerar en el marco de este tipo de emergencias es la prevención de fraudes, ya que se abren múltiples ventanas para que individuos y estructuras organizadas cometan actividades delictivas que también afectan el patrimonio de las organizaciones. Por ejemplo, mientras las áreas de tecnología centralizan sus esfuerzos en fortalecer la infraestructura tecnológica necesaria para la continuación de sus negocios; los ciberataques aumentan significativamente. La suplantación de organizaciones para solicitar donaciones no legítimas, la oferta de transacciones falsas de compra y venta virtual, así como las estafas de inversión de acciones, son modalidades delictivas comunes en situaciones de crisis como la que vivimos actualmente.
Así, el COVID-19 y sus múltiples impactos en la economía se convierten en la llave de entrada a una economía de guerra, la cual, en busca de una reactivación más acelerada, puede generar una serie de riesgos de fraude dentro de las organizaciones, los cuales se pueden materializar si no se establecen los controles adecuados.
El primero de estos riesgos, es el debilitamiento de los controles: con el fin de cumplir con las metas y objetivos de negocio, es posible que algunas organizaciones tiendan a flexibilizar sus controles internos y políticas corporativas. Un ejemplo de esto podría evidenciarse en la vinculación de clientes sin el desarrollo previo de una debida diligencia o, pasando por alto las señales de alerta identificadas en este mismo proceso.
Uno de los factores contemplados en la guía para la administración del riesgo de fraude desarrollada entre la ACFE – Association of Certified Fraud Examiners – y COSO -, es evaluar la posibilidad de sobre paso de los controles por parte de la alta dirección. En este caso, es importante precisar que el debilitamiento de estos se da por la omisión de la alta gerencia y no por falta de efectividad de los controles.
Un segundo riesgo para contemplar en épocas de crisis es el fraude en el reconocimiento de ingresos: con el impacto económico que ha tenido el mercado global, muchas organizaciones ya ven dificultades para alcanzar las cifras establecidas dentro de su estrategia de negocio inicial. Para demostrar un mejor resultado frente a las partes interesadas (accionistas, banca, inversionistas), y equilibrar la balanza en el segundo semestre del año, las organizaciones pueden modificar las cifras o realizar registros fraudulentos en sus estados financieros. Contablemente, para que un ingreso sea válido, se debe cumplir con la normatividad contable vigente, la cual puede ser obviada para presentar una situación contable y financiera distinta.
Por otro lado, se incrementa el riesgo de incurrir en situaciones de soborno y corrupción: para reactivar los negocios y aliviar el estrés financiero, las organizaciones que se presenten a licitaciones públicas y concursos privados de contratación, con el fin de ser favorecidos, pueden incurrir en el ofrecimiento y/o entrega de dádivas y beneficios a los encargados de estos procesos. En este punto, es importante anotar que el riesgo puede materializarse en doble vía, pues las personas encargadas de los procesos de adjudicación de contratos pueden solicitar algún tipo de beneficio, a cambio de favorecer al contratista.
Un cuarto riesgo, se puede presentar en el manejo de marca y de producto: en épocas de crisis y recesión financiera, el mercado negro se potencializa, haciendo uso de la marca de un tercero y/o suplantando sus productos o servicios. Igualmente, los colaboradores, siendo un agente altamente proclive al fraude interno, pueden abusar de su posición para usar de manera inadecuada los activos intangibles de la compañía, la marca, el Know-how y su good-will.
Asimismo, se pueden materializar algunos riesgos relacionados con el hurto o robo de la información, patentes o propiedad intelectual: en el marco de la reactivación de la economía, se van a presentar diferentes casos de competencia desleal, los cuales pueden llevar a algunas organizaciones o individuos a obtener, de manera fraudulenta, información relacionada con clientes, proveedores, estrategias de marca y producto, patentes, entre otros. Por esto, la seguridad de la información debe ser un pilar fundamental en la protección de los activos intangibles de las organizaciones.
Finalmente, y como consecuencia de la situación global, se pueden presentar riesgos asociados a los terceros intermediarios y el lavado de dinero: muchas compañías suelen ser muy rigurosas en sus políticas con empleados, pero descuidan las prácticas de proveedores, contratistas o terceros externos. Hay una gran variedad de terceros intermediarios, los cuales pueden aprovechar el debilitamiento de los controles para concretar aportes o inyecciones de capital procedentes de recursos ilícitos. Asimismo, las compañías se pueden ver enfrentadas a posibles relaciones con empresas fachada o fantasma, las cuales, a través de una relación comercial, pueden cometer un fraude que afecte el patrimonio de la organización.
De la misma manera, y teniendo en cuenta los principales riesgos asociados al fraude que pueden derivarse de la contingencia global, es importante que, de manera preventiva, las organizaciones diseñen e implementen un Programa de Cumplimiento robusto que cuente con los controles, políticas y procedimientos necesarios para evitar la materialización de este tipo de situaciones. En este punto, es clave recalcar la importancia del tono de la gerencia frente a estas situaciones. La alta dirección debe mantener un compromiso sólido de realizar sus negocios y transacciones bajos los más altos estándares de ética e integridad. Sin importar la situación o crisis financiera que se esté atravesando, el mensaje de transparencia debe ser transmitido y reiterado constantemente a todos los grupos de interés.
Igualmente, es recomendable realizar evaluaciones de riesgo de fraude juiciosas y exhaustivas que permitan la detección temprana de alarmas e indicios de situaciones inusuales. Estas evaluaciones deben contar con actividades adicionales de monitoreo y supervisión de la efectividad de los controles en cada uno de los procesos de la organización.
Recuerde que la situación actual puede impactar los estándares de normalidad de sus transacciones, por lo que valdría la pena revisar los modelos de segmentación, de tal manera que no se pasen por alto señales de alerta transaccionales o por el contrario se aumente la cantidad de falsos positivos.
Por otro lado, y ante la posible materialización de los riesgos ya mencionados, las organizaciones deberán reaccionar a través del diseño de procesos de investigación y estrategias de disputas, que les permitan implementar los planes de acción y correctivos necesarios, para la toma de decisiones y la gestión de efectos colaterales; como lo puede ser una sanción, una multa o un litigio.
Finalmente, y como complemento fundamental a los mecanismos de detección de operaciones inusuales o irregulares, las organizaciones de los diferentes sectores y mercados deberían implementar o fortalecer sus canales y procesos de denuncia, ya que en épocas críticas tienden a aumentar los reportes de sospechas y de incumplimientos a las normas y políticas de la organización.
