Uruguay aprobó el Informe de Evaluación Mutua del sistema nacional de combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo realizado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
Por ABC/ALD1
El Gafilat durante la visita que hizo a Uruguay en el informe detalló “con mayor detalle” los temas que “constituyen los aspectos de mayor riesgo” en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Según el reporte, Uruguay “tiene un riesgo inherentemente alto” -y constituye la “mayor amenaza”- para “la colocación de activos procedentes de delitos cometidos en el exterior”, en particular “los originados en Argentina y Brasil y, en menor medida, del Paraguay”. El mayor riesgo es que esos activos se canalicen en el “sector bancario e inmobiliario (tanto urbano como rural)”.
Agregó que “la aplicación de las medidas preventivas se encuentra en diferentes etapas de implementación, existiendo aún falencias importantes en la identificación de riesgos” en particular en los sectores “inmobiliario, proveedores de servicios societarios y fideicomisos y zonas francas”.
El Gafilat identificó que las “actividades y profesiones no financieras designadas” para controlar el lavado (como casinos, escribanos, inmobiliarias, contadores, abogados, zonas francas, rematadores, entre otros) “son particularmente vulnerables en materia preventiva, y pueden ser utilizados como canales idóneos para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo”.
Algunos sectores han sido reacios a controlar y cooperar con la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft). Incluso hubo un reciente diferendo entre contadores y la Senaclaft por información que esta les solicitó.
El Gafilat identificó que “algunos representantes, tales como los abogados, contadores, inmobiliarias y constructoras, zonas francas y antigüedades y obras de arte, requieren aún una mayor comprensión de sus riesgos y mejora en la efectividad de sus sistemas anti-lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, que redunde en una mayor identificación y reporte de operaciones sospechosas”. El organismo reveló otro riesgo, “considerando la alta exposición a capitales ilícitos internacionales”, en el “uso de estructuras jurídicas y la existencia de numerosas sociedades con acciones al portador”.
