Soborno y fraude procesal, esos fueron los delitos por los que hace un año la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria a Álvaro Uribe Vélez considerando que había pruebas de que el expresidente y hoy senador, presuntamente estaba intentando convencer a testigos para que se retractaran de las afirmaciones en su contra y en las que lo involucraban con grupos paramilitares.
Pero un año después la indagatoria no se ha realizado y la Corte Suprema todavía no tiene una fecha en la que se haría esta citación en la que Uribe tendría que asistir ante el alto tribunal para responder por los delitos por los que lo investigan.
Hace un año el entonces magistrado José Luis Barceló, presidente de la Corte Suprema, llamó a indagatoria a Uribe, abriendo formalmente un proceso penal en su contra y decretando varias pruebas. Ese día el mismo Uribe aseguró que renunciaría al Senado para adelantar su defensa.
«Me siento moralmente impedido para actuar como senador y al mismo tiempo, adelantar mi defensa. Por lo anterior renuncio al Senado de la República y pido se me acepte la renuncia», afirmó Uribe.
Pero la renuncia nunca llegó y, días después, Uribe se retractó. «He pedido al senador Ernesto Macías, Presidente de la Corporación, que retenga sin considerar mi carta de renuncia. Por razones de honor nunca ha estado en mi mente que la Corte Suprema deje de conocer el caso para el cual me citan a indagatoria». La retractación de Uribe se dio después de que varios sectores advirtieron que si dejaba el Senado, su caso ya no lo llevaría la Corte sino la Fiscalía.
Desde entonces, varias situaciones han ocurrido y han llevado a que el expresidente aún no haya sido citado a la indagatoria.
La apertura de una investigación contra Uribe en el 2018 coincidió con la entrada en vigencia de la ley de doble instancia para aforados que cambió el mecanismo de investigación y juzgamiento que tenía la Corte Suprema de Justicia, específicamente la Sala Penal.
Con esa ley del 2018 (que no es retroactiva, es decir, no cobija casos anteriores a ese año) se crearon dos nuevas salas en la Corte Suprema: la de Instrucción, que se encarga de llevar las investigaciones, y la de Juzgamiento en Primera Instancia, que se encarga de desarrollar los juicios. Así, la antigua Sala Penal quedó encargada de discutir la segunda instancia, en los casos en los que la de Primera emitiera una condena
La razón por la que la Corte admitió a Cepeda como parte civil se remonta a otro hecho que sucedió el año pasado. Al evaluar una denuncia del mismo Uribe, el 16 de febrero del 2018, la Corte encontró que Cepeda nunca presionó testigos, encontrando que no era cierto lo que señalaba Uribe, quien dijo que el senador del Polo estaba visitando a exparamilitares en las cárceles ofreciéndoles supuestos beneficios para que declararan en su contra. La Corte encontró, más bien, que quien supuestamente estaba intentando cambiar testimonios era el expresidente Uribe.
Fue después de estos hechos que la Corte se encontró con una nueva situación en la que presuntamente el senador Uribe estaba intentando manipular nuevos testimonios, esta vez el del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve a través del polémico abogado Diego Cadena.
Monsalve ha relacionado en diferentes oportunidades a Uribe con la creación y promoción del Bloque Metro, grupo que según el exparamilitar nació en la hacienda Guacharacas, en Antioquia, de propiedad de la familia de Uribe. La relación de Monsalve con Uribe Vélez se remonta hasta 1986, año en el que su padre, Óscar Monsalve, empezó a trabajar como administrador de la finca Guacharacas.
Por eso la Corte encontró en su momento que «como reacción a esa providencia judicial (en la que la Corte archiva el caso contra Cepeda, y compulsa copias contra Uribe) y al parecer con su consentimiento, personas allegadas al expresidente Uribe habrían emprendido nuevos actos de manipulación de testigos», afirmó la Corte. Así fue como se le abrió el 24 de julio del 2018 la investigación por soborno y fraude procesal. También se abrió un proceso contra el representante a la Cámara Álvaro Hernán Prada.
En esa investigación la Corte ordenó interceptaciones telefónicas. Tras un proceso de inteligencia el alto tribunal encontró que supuestamente el representante del Centro Democrático Álvaro Hernán Prada Artunduaga estaba haciendo el enlace para llegar a Monsalve y supuestamente, torcer sus declaraciones contra Uribe.
Defensa de Uribe
Para febrero de este año, la investigación contra Uribe por presunta manipulación de testigos seguía en el despacho de la magistrada Cristina Lombana. Así, el 18 de febrero la Sala Especial de Instrucción, incluyendo a Lombana, negó la petición que Uribe había hecho para anular su proceso considerando que todas las decisiones que tomaron los primeros magistrados que lo llamaron a indagatoria, es decir Barceló y otros dos magistrados de la Sala Penal, estuvieron cobijadas por la Constitución.
En ese momento, los nuevos investigadores de Uribe -incluyendo a Lombana- determinaron que las pruebas que los anteriores magistrados habían ordenado practicar en el caso de Uribe fueron legales, y que en el proceso no hubo arbitrariedad, ni extralimitación por parte del magistrado Barceló, cuando abrió la investigación.
Uribe, había pedido anular su investigación porque, entre otras cosas, en septiembre del año pasado se conoció que la Corte había interceptado supuestamente por error su teléfono en medio del proceso que se lleva contra el exrepresentante a la Cámara Nilton Córdoba.
Así, según dijo la Corte en su momento, en el expediente de Córdoba aparecía como número de contacto el de Álvaro Uribe Vélez situación por la que, afirmó el alto tribunal, se había ordenado escuchar las llamadas de esa línea celular sin saber que realmente pertenecía a Uribe
Ese hecho llevó a que, incluso, el relator de Naciones Unidas sobre la Independencia e Imparcialidad Judicial le pidiera explicaciones a la Corte Suprema colombiana y a que se abriera una indagación preliminar contra el magistrado José Luis Barceló, quien ordenó la interceptación, en la Comisión de Acusación.
Van tres magistrados
Pero tras evaluar la solicitud de nulidad de Uribe, en febrero de este año la nueva Sala de Instrucción dijo que en el caso nunca hubo ninguna arbitrariedad y dejó en firme la investigación. Luego, el primero de abril de este año el senador Iván Cepeda, que ya era parte civil en el caso, recusó a la magistrada Cristina Lombana, afirmando que debía apartarse del caso porque hace años había trabajado en un corto periodo de tiempo en la oficina de Jaime Granados (abogado de Uribe) y porque era militar activa, lo que a juicio de Cepeda podía poner en duda su imparcialidad en el caso.
Aunque la magistrada Lombana no aceptó la recusación, el 10 de mayo la Sala Especial de Instrucción avaló la petición de Cepeda y la apartó del caso, considerando que como era jueza penal militar, y estaba activa en la Fuerza Pública, se podía poner en duda su independencia para fallar. Esos cuestionamientos llevaron a que Lombana pidiera la baja al Ejército en junio, pero las investigaciones contra Uribe nunca volvieron a su despacho.
Como Lombana quedó por fuera del caso, la Sala Especial de Instrucción ordenó pasar el proceso al despacho del magistrado que siguiera en turno. Esta fue la segunda vez que el caso cambió de magistrado.
Así fue como el 20 de mayo pasado la investigación contra Uribe quedó en manos del magistrado César Augusto Reyes Medina, quien se convirtió en el tercer magistrado en llevar el proceso. Reyes Medina también quedó a cargo de la indagación preliminar contra Uribe por supuestamente intentar influir en testigos para desprestigiar a Iván Cepeda.
En estos dos últimos meses el magistrado Reyes ha estado estudiando el caso que se abrió hace un año y todavía no ha tomado una decisión sobre la indagatoria contra Uribe.
Por el momento, este caso por presunta manipulación de testigos es el único de los 20 que tiene Álvaro Uribe en la Corte Suprema que está en etapa de investigación formal, pues los otros procesos se encuentran en una etapa preliminar.
El Tiempo
