Mientras el gobierno de Lula da Silva enfrenta vientos contrarios en lo económico, y en la geopolítica regional, Brasil recordó esta semana el 10 aniversario del episodio más oscuro de la carrera política de su presidente: el mega escándalo de corrupción llamado “Lava jato”.
La investigación comenzó como un caso común de lavado de dinero, pero acabó revelando un complejo esquema de sobornos dentro y fuera de Brasil, que salpicó varios países latinoamericanos y africanos. Y terminó llevando presos a varios presidentes (entre ellos a Lula), y golpeando a algunas de las mayores empresas del continente.
El caso formó parte de un entramado de corrupción por el cual enormes empresas de construcción pagaban sobornos a los políticos que gobernaban Brasil por aquel entonces, a cambio de fastuosos contratos de obra pública en el país. Y que luego, a medida que la influencia de Lula da Silva crecía en la región, también se extendieron fuera del país.
En su momento, este escándalo no sólo motivó la cárcel de Lula da Silva y de la cúpula de su partido. Sino que marcó un cambio de signo radical en la política de Brasil. Sin embargo, el mecanismo de “delación premiada” en el que se basaron la mayoría de las condenas, fue revisado por la justicia en los años posteriores. Permitiendo que muchos de los procesados recuperaran la libertad. Y, en el caso de Lula, que volvieran al gobierno.
Hoy, si bien el “lava jato” es visto como un parteaguas en la historia política de Brasil, buena parte de los jueces y fiscales que lo protagonizaron, han visto como sus carreras han caído en desgracia. Y la política en el país, parece haber vuelto a su ritmo de siempre.
