La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos prepara un plan para disputar en las cortes la ley SB 1718 de Florida tal como lo hizo en 2010 con la Ley de Arizona SB 1070, que fue casi anulada por la Corte Suprema.
Una de las principales y más antigua organización proinmigrante de Estados Unidos que en 2010 enfrentó en corte una controvertida ley antiinmigrante de Arizona, informó que desafiará en tribunales la Ley de Florida SB 1718 que entró en vigor el 1 de julio.
Creada en 1929, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) anunció que prepara para pelear en tribunales la SB 1718 basado “en nuestra experiencia al derrotar la SB 1070 de Arizona”, una ley -que cuando fue promulgada- convirtió al estado fronterizo en el más duro en su tipo contra los indocumentados hasta que la Corte Suprema de Justicia anuló las partes más controversiales.
Entre otras medidas, la Ley de Florida SB 1718 sanciona con hasta 30 años de cárcel el traslado de indocumentados, prohíbe licencias de conducir a indocumentados emitidas por otros estados, exige que los empleadores utilicen la herramienta federal E-Verify (para verificar si los empleados extranjeros pueden trabajar legalmente en el país) y exige a los hospitales preguntar y reportar el estado migratorio de sus pacientes.
Qué está haciendo LULAC en Florida
“Estamos emitiendo un plan de preparación para emergencias para proteger a nuestra comunidad inmigrante”, dijo Domingo García, presidente nacional de LULAC. Agregó que la organización “cree que el conocimiento es nuestra mayor defensa diaria para salvaguardar las vidas de familias e individuos blanco de políticas raciales odiosas” como la SB 1718 promulgada en mayo por el gobernador Ron DeSantis (republicano) y que entró en vigor el 1 de julio.
García precisó que el conocimiento adecuado respecto a la ley y qué hacer al momento de enfrentarla, “protegerá a familias e individuos de ser blanco de políticas raciales odiosas”. E indicó que, a pesar de haber sido promulgada, cientos de miles de niños “todavía necesitan ir a la escuela” y los padres “todavía tienen que trabajar para poner comida en sus mesa” al igual que las personas mayores y los enfermos, quienes “todavía necesitan atención médica”.
LULAC dijo que los abogados se encuentran examinando “todas las opciones legales contra el estado y contra cualquier perfil racial por parte de las autoridades”. «Pediremos una intervención federal como se hizo en Arizona durante su loca etapa antiinmigrante» en el 2010, precisó la organización.
El caso del mexicano Raquel López Aguilar
Las preocupaciones de LULAC aumentaron el 22 de agosto tras el arresto en una carretera interestatal en las cercanías de Tampa del inmigrante de origen mexicano Raquel López Aguilar, de 41 años, quien se convirtió en el primer extranjero en ser acusado bajo la SB 1718 de transporte ilegal de indocumentados al estado, un delito que de acuerdo con la nueva legislación podría ser penalizado con 15 años de prisión, si se trata de adultos, y 30 años si se trata de menores de edad.
La Patrulla de Carreteras de Florida (FHP) reportó la detención en su cuenta de la red social X (exTwitter) ese día y dijo que se trataba de “otro intento más de tráfico de personas interceptado por la policía del área de Tampa en la I-75 el lunes”.
Los agentes de la FHP que participaron en la detención del vehículo explicaron que detuvieron una camioneta en la carretera interestatal I-75 en el condado de Hernando porque el van tenía grandes grietas en el parabrisas que bloqueaban la vista del conductor.
Un reporte de la cadena ABC dijo que mientras los patrulleros hablaban López-Aguilar, “supuestamente se enteraron de que no tenía licencia de conducir” y que también “había otros seis pasajeros en la camioneta”, se acuerdo con versión de la FHP.
El Noticiero Univision edición Fin de Semana reportó que la detención de López Aguilar, acusado de manejar sin licencia, generó preocupación ya que se trata del primer acusado de transporte de indocumentados bajo la vigencia de la Ley SB 1718 que entró en vigor el 1 de julio.
Según la versión de Univision Noticias, el vehículo tenía los vidrios polarizados de un tono más oscuro del permitido, lo que imposibilitaba a las autoridades detectar quiénes iban en su interior. El auto también tenía el parabrisas roto.
Cuando los agentes determinaron que el conductor no portaba una licencia de manejar fue detenido y se percataron que otros cuatro ocupantes del vehículo también eran indocumentados. El hombre recibió cargos por transporte ilegal de extranjeros indocumentados de acuerdo con lo dispuesto en la SB 1718.
Que dice el cónsul de México en Tampa
Entrevistado sobre el caso, el cónsul de México en Tampa, Juan José Sabines Guerrero, dijo al Noticiero Univision que el detenido “presuntamente no estaba manejando” el vehículo que llevaba otras personas indocumentadas “cuando ingresó a Florida procedente de Georgia”.
La SB 1718 sanciona la entrada o introducción de extranjeros indocumentados desde otros estados a Florida, pero no sanciona el transporte de indocumentados dentro del estado.
“Tal vez el color de los cristales no fue tanto que ver, sino por el color de la piel. Él es una persona morena y tal vez si esto hubiese pasado a una persona rubia de ojos azules no lo hubieran detenido”, precisó el cónsul.
Sabines agregó que “lo detienen llegando a Tampa. El nos dijo que no venía conduciendo el vehículo. Tampa de Georgia está a 5 horas. Él no venía conduciendo cuando cruzaron la frontera entre los dos estados”.
El caso López Aguilar tiene a todo el estado bajo alerta. «Los floridanos no pueden permitir que los políticos nos dividan con la SB 1718, un código que habla sobre los llamados criminales inmigrantes peligrosos cuando estos son nuestros trabajadores, los mismos hombres y mujeres que realizan los trabajos más duros”, dice Lydia Medrano, vicepresidenta nacional de LULAC para el sudeste..
“En nuestro corazón sabemos que no es así y debemos defender lo que es correcto», agregó.
Por su parte, Eliseo Santana Jr., director estatal de LULAC en Florida, expresó su decepción por la legislación divisiva y dijo: «Es triste cuando nuestros funcionarios electos inflaman, en lugar de calmar, la desconfianza; y dividen en lugar de unir nuestro estado. La persecución que esta odiosa legislación desata contra personas inocentes es una vergüenza para quienes la apoyan».
La Ley SB 10170 de Arizona
En abril de 2010, la entonces gobernadora de Arizona Jan Brewer (Arizona) promulgó la polémica ley SB1070 que, entre otras cosas, exigía a los agentes del orden público verificar el estatus migratorio de todo individuo detenido bajo cualquier otra ley vigente, si el agente tenía una duda razonable de que se trataba de un inmigrante indocumentado.
También incluyó otros tres polémicos apartados que en 2012 fueron desestimados por la Corte Suprema: permitía que todo agente del orden público arrestara individuos sin una orden judicial, convertía en delito no portar documentos de identificación y criminalizaba el trabajo no autorizado por el gobierno federal.
La administración del entonces presidente Barack Obama argumentó ante la Corte Suprema que el tema migratorio es competencia del gobierno federal y no de los estados.
Los magistrados le dieron la razón. Dictaminaron que “Arizona puede tener frustraciones entendibles con los problemas que causa la inmigración ilegal (…), pero el estado no debe seguir políticas que socavan la ley federal” de inmigración.
LULAC buscará un fallo similar que deje sin efecto la Ley SB 1718 de Florida.
