El nuevo organismo será autárquico, por lo que no dependerá de las autoridades designadas por Alberto Fernández en el Ministerio de Justicia.
Por El Clarín/ALD
Antes de entregar la presidencia, Mauricio Macri instauró por decreto de necesidad y urgencia la Agencia Nacional de Protección a Testigos e Imputados, un ente que no dependerá directamente de las autoridades designadas por Alberto Fernández en el Ministerio de Justicia.
El nuevo organismo será presidido por un director nacional propuesto por el Ministerio de Justicia y elegido por el Poder Ejecutivo Nacional, y contará con un consejo consultivo integrado por el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, un representante de la Procuración General de la Nación y un integrante del Ministerio de Seguridad.
«Se ha vuelto necesario efectuar un reordenamiento institucional orientado a fortalecer su accionar y garantizar las condiciones para su actuación independiente», apunta el decreto
El Programa de Testigos e Imputados Protegidos cuenta con 236 personas bajo este régimen, quienes solicitaron ingresar a este programa luego de colaborar en causas de narcotráfico y trata de personas como el caso Cuadernos Coimas.
También incluye algunos nombres como Alejandro Vandenbroele, quien dio testimonio en el expediente de la compra venta de la ex Calcográfica Ciccone, y su ex esposa Laura Muñoz, cuyo relato desató el escándalo que llevó a Amado Boudou a una condena de 5 años y 10 meses por corrupción.
También está José López, el ex secretario de Obras Públicos que arrojó los bolsos con US$ 9 millones en el convento de General Rodríguez, y Oscar Centeno, autor de «los cuadernos de las coimas».
Varios de estos arrepentidos que complicaron a ex funcionarios del kirchnerismo expresaron inquietudes y temores ante la asunción del próximo gobierno.
