Los tres cabecillas de la mafia rusa descabezada el pasado martes en Cataluña y la Comunidad Valenciana blanquearon en España más de 10 millones de euros procedentes del tráfico ilegal de armamento de guerra, según las fuentes consultadas por ABC, que consideran que ese cálculo es, en cualquier caso, muy conservador. El dinero lavado era invertido en inmuebles después de haber pasado por paraísos fiscales, operaciones en las que se utilizaba una compleja trama societaria que ahora ha quedado al descubierto.
AntilavadoDeDinero / ABC
La operación Yakir (ancla en ucraniano), como informó ABC, ha estado liderada por la Fiscalía Anticorrupción y contra el Crimen Organizado y es de una envergadura sin precedentes en nuestro país. Afecta de lleno a la seguridad nacional al haber partidas de venta de armamento, incluidos vehículos blindados, carros de combate, fusiles de asalto y explosivos. La mercancía, procedente de países de la antigua Unión Soviética, era enviada a países de África a los que la ONU tiene prohibida la compra de este material. Sin embargo, aún se investiga quiénes eran los receptores últimos, y no se descarta que entre ellos estuvieran grupos yihadistas que actúan en esas zonas.
Las pesquisas comenzaron hace más de dos años al investigarse un tema de blanqueo y una supuesta extorsión que, poco a poco, comenzaron a ganar una entidad por entonces inimaginable. Además de la Comisaría General de Policía Judicial, la de Información, los Mossos d’Esquadra y la Agencia Tributaria, ha intervenido Europol en lo que se refiere al intercambio de información con terceros países.
Aunque las investigaciones abren vías muy prometedoras para los especialistas de Inteligencia, la investigación judicial se centra en los delitos de blanqueo, pertenencia a organización criminal y tráfico ilegal de armas como delito antecedente del de blanqueo.
El juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, envió ayer a prisión a los tres cabecillas de la organización criminal, mientras que los otros cuatro detenidos, asesores, contables y algún testaferro, fueron puestos en libertad tras declarar ante la Policía. Las operaciones comerciales que se atribuyen a la organización criminal rusa alcanzaban los millones de euros y se planificaban desde España. Los cabecillas llevaban algunos años instalados en nuestro país y llevaban un alto nivel de vida. Parte del dinero lo emplearon en comprar sus propias mansiones en Calpe (Alicante) y Gavà (Barcelona) y otra forma parte de las complejas estructuras societarias.
