La SIGEN elevó a la Oficina Anticorrupción un informe que revela supuestas maniobras de corrupción en subastas de inmuebles pertenecientes al Estado Nacional durante el gobierno de Juntos por el Cambio. Se configuraría «una pérdida para el patrimonio nacional cercana a los 75 millones de dólares», en las que habría beneficio para el «amigo del alma» del ex mandatario.
Antilavadodedinero / politicaargentina.com
Aunque la administración de Juntos por el Cambio ya tiene serios problemas judiciales por supuestas maniobras de corrupción, diariamente y a pesar de la pandemia del coronavirus se le suman malas noticias en esta materia. En este caso, la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) elevó a la Oficina Anticorrupción (OA) un informe acerca de presuntas irregularidades en subastas de inmuebles pertenecientes al Estados Nacional durante la anterior gestión del expresidente Mauricio Macri.
El informe oficial, que también fue remitido a la Jefatura de Gabiente de Ministros, relevó un total de 21 subastas sobre 54 operaciones efectuadas durante el período marzo de 2017-abril de 2018, en las cuales «se detectó la adjudicación de inmuebles fueron finalmente adjudicados».
«El total de la tasación ascendió a 396 millones de dólares mientras que el monto efectivo en el que fueron vendidos alcanzó los 322 millones de dólares, lo que determinaría una pérdida para el patrimonio nacional cercana a los 75 millones de dólares», precisa el informe del organismo público.
En este mismo sentido, añadieron que «entre las firmas que compraron bajo el precio de subasta figuran, entre otras, Consultatio Argentina SAU y TGLT».
El dueño de Consultatio es Eduardo Constantitni, un empresario que supo acercarse al macrismo pero se alejó sobre el final del mandado PRO, mientras que la desarrolladora inmmobiliaria residencial con operaciones en Argentina y Uruguay» YGLT está vinculada a Nicolás Caputo, el «amigo del alma» de Macri.
Como argumentación del remate de esos activos, «desde la AABE se había señalada la aplicación del artículo 578 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que permite la subaste por dos tercios del valor del inmueble», agrega.
Destacó que «sin embargo, los técnicos de la SIGEN consiganron que esa normativa está prevista para el cumplimiento de sentencias de remate en juicios ejecutivos, situación que no se ajusta a los procedimientos de las subastas en cuestión».
La OA, que encabeza Féliz Crous, deberá ahora «definir el rumbo a seguir con estas actuaciones», precisó la SIGEN.