El doctor Juan Manuel Martans, especialista en regulación financiera, bancaria y bursátil y experto certificado en reglas de prevención del delito blanqueo de capitales, en entrevista concedida para el portal Antilavadodedinero en la Conferencia Internacional “Así se lava el dinero de Venezuela” presentó el tema “Lista de Observación: Implicaciones para una jurisdicción incluida en la lista del GAFI”.
Explicó sobre las recomendaciones del GAFI y cómo constituyen un esquema de medidas completas y consistente que los países deben implementar para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, así como también el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Los programas de sanciones de los Estados Unidos varían según su alcance, otros tienen una base amplia y están orientados geográficamente. Algunos están centrados en individuos y entidades específicas.
Las recomendaciones del GAFI, fijan un estándar internacional que los países deberían implementar por medio de medidas adaptadas a sus circunstancias particulares, así lo indicó el conferencista.
Martans, explicó que el GAFI identifica y revisa continuamente las jurisdicciones con deficiencias estratégicas ALA / CFT que presentan un riesgo para el sistema financiero internacional y monitorea de cerca su progreso, y a su vez el Grupo de Revisión de Cooperación Internacional (ICRG) del GAFI supervisa el proceso.
El especialista en regulación financiera manifestó que la evaluación de las 40 recomendaciones de la efectividad tiene por objeto primero en mejorar el enfoque del GAFI sobre los resultados, segundo; identificar el grado en que el sistema nacional ALA/CFT está logrando los objetivos de los estándares de GAFI e identificar las debilidades sistémicas; y tercero permitir a los países dar prioridad a las medidas para mejorar su sistema. A los efectos de esta Metodología, la efectividad se define como “el grado en que se logran los resultados definidos”.
Para Martans se debe examinar el cumplimiento técnico de las 40 Recomendaciones, su aplicación efectiva y el riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Todo ello con la finalidad de que una jurisdicción que entra en el proceso de revisión del ICRG como consecuencia de sus resultados de evaluación mutua tiene un período de observación de un año para trabajar con GAFI o su organismo regional al estilo del GAFI (FSRB) para abordar las deficiencias antes de una posible identificación pública y formal revisión por GAFI.
Dentro del proceso de revisión, el GAFI debe priorizar el examen de los países con sectores financieros más significativos, como por ejemplo, jurisdicciones con cinco mil millones de USD o más en activos del sector financiero.
El experto en certificado en reglas de prevención del delito blanqueo de capitales, considera que se debe revisar las deficiencias estratégicas de ALA/CFT identificadas tanto en términos de cumplimiento técnico y eficacia de las medidas en vigor, como de cualquier progreso relevante realizado por la jurisdicción.
Si GAFI considera insuficientes los progresos realizados para abordar sus deficiencias estratégicas elabora un plan de acción con la jurisdicción para abordar las deficiencias estratégicas restantes.
Para todos los países bajo examen del ICRG, GAFI requiere un compromiso político de alto nivel de que la jurisdicción aplicará las reformas legales, reglamentarias y operativas requeridas por el plan de acción, indicó.
Martans Manifestó que el GAFI publica dos declaraciones al final de cada sesión plenaria, en febrero, junio y octubre. Estas declaraciones proporcionan un breve resumen de las recientes medidas adoptadas de conformidad con el plan de acción de cada jurisdicción, así como una lista de las deficiencias estratégicas que quedan por abordar.
Lista GAFI
El experto Martans declaró que existe una lista roja GAFI que pide a sus miembros, y a otras jurisdicciones, aplicar contramedidas para proteger al sistema financiero internacional de los riesgos de LA y FT que emanan de estas jurisdicciones. (Países que no son parte de GAFI (incluyendo regionales) u organismos similares y que no han hecho ningún pronunciamiento sobre ALA/CFT).
También está la lista negra, en el que se encuentran las jurisdicciones con deficiencias estratégicas en LA y FT, y que no han hecho suficientes progresos para el tratamiento de éstas, o no se han comprometido con un plan de acción desarrollado con el GAFI. Por ello, GAFI invita a sus miembros a tomar en cuenta los riesgos derivados de estas deficiencias.
Y los países que no muestren progresos van a una LISTA NEGRA o muy pocos progresos van a una LISTA GRIS OSCURA y de aquí parte la Lista International Co-operation Review Group (ICRG) o de seguimiento.
Retiro listas de GAFI
Para ser eliminado del monitoreo de GAFI se deben abordar sustancialmente todos los componentes de su plan de acción. Una vez las debilidades son superadas o en mayor parte superadas se solicita remoción. Además que el GAFI haya determinado que una jurisdicción lo ha hecho, organizará una visita in situ para confirmar que la implementación de las reformas legales, reglamentarias y / u operativas necesarias está en marcha y existe el compromiso político y la capacidad institucional necesarios para Sostener la implementación.
El combate al blanqueo de capitales y al financiamiento del terrorismo es hoy día un fenómeno al que todas las jurisdicciones a nivel mundial le prestan atención.
En ese sentido GAFI y las 40 Recomendaciones son el referente mundial en esta materia. La “Lista de GAFI” es el acuerdo mundial sobre las jurisdicciones que cumplen a cabalidad los estándares de ALA/CFT (por no estar) y los países que no cumplen total o parcialmente estos estándares (según el color de lista en que se les coloque).
Si la visita in situ tiene un resultado positivo, el GAFI decidirá eliminar la jurisdicción de la identificación pública en la próxima sesión plenaria del GAFI. La jurisdicción en cuestión continuará trabajando dentro de GAFI o la FSRB pertinente para mejorar su régimen ALA / CFT.
En cuanto a la reputación, no importa cuál sector de la economía haya provocado la incorporación de la jurisdicción en la lista (generalmente viene del SNF) es el nombre del PAIS el que queda en entredicho, y el incremento de la percepción de una jurisdicción opaca y cómplice del delito ya que afecta a las empresas y ciudadanos del país.
Esto trae como consecuencia ahuyentar la Inversión Extranjera, se pierde la oportunidad de nuevas inversiones extranjeras y que puede afectar el crecimiento de la economía.
Caso Panamá
En junio de 2014, Panamá asumió un compromiso político de alto nivel para trabajar con el GAFI y GAFILAT para abordar sus deficiencias estratégicas ALD / CFT. Desde octubre de 2014, Panamá ha tomado medidas para mejorar su régimen ALD / CFT, incluida la emisión de orientación a las entidades informantes sobre la presentación de RTS, la mejora de la capacidad de la UIF y la emisión de regulaciones sobre las acciones al portador. Sin embargo, el GAFI ha determinado que persisten las deficiencias estratégicas ALD / CFT.
Panamá debe continuar trabajando en la implementación de su plan de acción para abordar estas deficiencias, incluyendo: criminalizar adecuadamente el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo; establecer e implementar un marco legal adecuado para congelar activos terroristas; establecer medidas efectivas para la debida diligencia del cliente a fin de mejorar la transparencia; establecer una unidad de inteligencia financiera totalmente operativa y que funcione de manera efectiva; establecer requisitos de informes de transacciones sospechosas para todas las instituciones financieras y APNFD; y asegurar mecanismos legales efectivos para la cooperación internacional.
Sin embargo, estuvo en la lista Gris y para salir de la nueva ley de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva con la Ley 23 de 2015. Hubo la modificación ley penal como delitos precedentes, la reestructuración de la UAF de Panamá; ley de cooperación internacional y modificar ley 47 de 2013 sobre acciones al portador.
Panamá, sale de la lista gris de GAFI en 2016 debido a la promulgación de toda la gran regulación sobre prevención del delito de blanqueo de capitales pero reconociendo las consecuencias asumidas, indicó Martans.
Lavado de dinero y la relación Panamá-Venezuela
Se han evidenciado hechos de corrupción a través del sistema financiero panameño por parte de sujetos naturales venezolanos para movilizar dinero y bienes provenientes del delito contra el patrimonio público. Estos delitos se han realizado por la opacidad del sistema societario de Panamá.
Un informe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos señala que hay suficientes evidencias para afirmar que por empresas fachadas en Panamá pasaron fondos de Petróleos de Venezuela, PDVSA, para lavar 2 mil millones de dólares, dijo Martans.
“La red de lavado de dinero trabajó muy de cerca con funcionarios de alta jerarquía de Venezuela, agentes residentes en Panamá y abogados en Andorra para crear compañías fachadas en Panamá. Tenían cientos de este tipo de compañías y utilizaban diversos métodos para mover los fondos, como contratos falsos, sobrefacturación y subfacturación”. Consecuencia: La Superintendencia de Bancos de Panamá intervino la oficina local de la Banca Privada de Andorra BPA. Como parte de la trama mundial sobre este caso.
Martans Explica que en mayo de 2017, el grupo GAFILAT hace una revisión sobre la implementación de la regulación de prevención del delito de blanqueo de capitales. Con respecto a la presentación formal del informe de Evaluación mutual GAFILAT, de marzo de 2018 y publicado en enero de 2019. No cumplida – recomendación 24 (Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas).
El ingreso de Panamá en la “LISTA GRIS” del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), generará un efecto negativo para Panamá y pondría en peligro dos grandes pilares de la economía, como el Canal de Panamá y la Zona Libre de Colón, que dependen del sistema de pagos internacional, informó la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP)”.
ALD
