El director de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández, asegura que la cifra perdida supera por mucho esa cantidad, dado que es difícil hacer seguimiento a los flujos de dinero que salen de las arcas del estado producto de la corrupción.
Transparencia por Colombia publicó la semana pasada la Radiografía de la Corrupción 2016-2022, un estudio de 1243 casos donde se perdieron más de 21 billones de pesos por culpa de desvíos y malos manejos, la cifra no solo preocupa por su cantidad, sino porque los más afectados fueron niños y adolescentes.
¿Qué implica para la población que se haya perdido esa cifra de dinero?
Lo que nosotros hacemos al analizar estos casos, que no son la totalidad de lo que pasa en materia de corrupción en el país, sino una aproximación a partir del esfuerzo del trabajo de medios de comunicación y fuentes de prensa, es identificar para cada uno de los casos, donde haya información disponible, cuál era la población que debía atender y, por lo tanto, los afectados según cada caso. Lo que encontramos es que los más afectados por la corrupción son niños y adolescentes, por el desvíos de recursos, por ejemplo, en materia de PAE e infraestructura de educación. Por supuesto, cuando hay problemas en infraestructura básica o en servicios públicos hay una población afectada que es la segunda más grande que encontramos, que son sectores económicos vulnerables.
Esto genera una alerta muy grande respecto al daño que sigue habiendo de la corrupción en una población que ya tenemos identificada en informes anteriores, pero que siguen mostrando el alcance de la gravedad de la misma, que no solamente es un crimen económico, sino que afecta a nuestras generaciones más jóvenes
¿Es decir, que son más de 21 billones los que se perdieron?
Sí, por supuesto que sí, la cifra puede ser mayor y si consideráramos todos los daños, además de los que se están generando sobre esta población que calculamos, yo pensaría que la cifra debería ser muchísimo más grande. Siempre tenemos la dificultad en medir un comportamiento ilegal como es la corrupción, porque los datos no son evidentes. Así que, en efecto, el costo de la corrupción en términos económicos y sociales, podría ser muchísimo más grande.
¿Cómo analiza la entidad que la mayor parte de desvíos de recursos públicos se encuentra en contrataciones que hace el Estado?
Es un patrón que venimos viendo desde hace muchos años y que es relativamente lógico que al tener un problema de corrupción tan grave, y que tenga un énfasis en desvío de recursos públicos, pues que sea de contratación estatal, que es la manera como se materializa el gasto público. Eso no quiere decir que no hay nada que hacer, yo pensaría que en Colombia hemos tenido avances valiosos en materia de legislación, de algunas iniciativas, pero falta mucho por hacer y tenemos tres alertas.
La primera es en términos del sector de defensa y seguridad, que tiene un altísimo presupuesto público y que, por lo tanto, hay que seguir haciendo esfuerzos como lo viene haciendo el Ministerio de Defensa con control y análisis, donde se puede hacer sin afectar la seguridad nacional.
En segundo lugar destacaría que la infraestructura a nivel local está siendo fuertemente afectada, es decir, nos hemos preocupado muchas veces en el país por las grandes obras, la Ruta del Sol II, por ejemplo, pero dejamos un poquito de lado el gasto que está afectando y que es más cercano a la ciudadanía, hay que ponerle mucho más ojo a esa contratación en la infraestructura a nivel local.
Hay que seguir fortaleciendo los mecanismos en los fondos que tienen muchísima discrecionalidad, como lo que pasa con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, nosotros desde Transparencia hemos identificado más de 50 fondos presupuestales, que se manejan de forma discrecional, y donde aún falta muchísima luz para saber en qué se gastan los recursos.
¿Cómo puede ser más transparente el sector defensa si al investigar los contratos, estos están protegidos por ser de seguridad nacional?
Si bien la ley 1712, la de transparencia de información pública, indica que los datos son reservados, eso no significa que todo el sector tenga velo de opacidad. Por el contrario, hay mucha información que está disponible a través del SECOP u otros mecanismos, entonces hay que eliminar la idea de que automáticamente todo es reservado. A pesar de eso, queda una información que es crítica en términos de seguridad y orden público, pero no quiere decir que al quedar reservada no se ejerzan controles en las entidades de defensa y que no haya controles externos que, respetando la reserva, se puedan hacer desde la Contraloría.
¿Cómo frenar los flujos financieros ilícitos que terminan en la economía en general del país?
Es un tema que se viene hablando de manera creciente a nivel global, cómo atacar a esos flujos financieros ilícitos, porque evidentemente siempre lo hemos tenido como un desafío y es que la corrupción no sea un negocio que paga, es decir, que desvía recursos o genera algún abuso de poder. La manera de atacar esas ganancias de la corrupción tiene que ver con los flujos financieros ilícitos, ahí el rol que tiene no solo la autoridad en investigar estas situaciones, sino de controlar lo que llamamos los facilitadores de la corrupción.
Desde hace varios años hay una fuerte regulación en el sector financiero sobre el lavado de activos que está llegando a los temas de corrupción, y ha hecho que la ilegalidad se mueva a otros sectores donde pueda ser más fácil de utilizar esos flujos financieros. Para perseguir esto no hay otra fórmula más eficiente que la de seguir el dinero y en la medida en que ese seguimiento se pueda hacer, es que se puede generar una mejor oportunidad para controlar esos dineros ilícitos.
El estudio dice que hay una preocupación por entrada de dineros ilícitos a las campañas, ¿esos casos se relacionan con el Gobierno?
Metodológicamente, el estudio llega hasta el 31 de diciembre de 2022, digamos que aquí hicimos un corte, fecha en la cual todavía no había estallado el escándalo de presunta a financiación ilegal de la campaña presidencial de Gustavo Petro.
Esto no quiere decir que hacia atrás no hubiéramos identificado el riesgo y la afectación que puede haber de flujos financieros ilícitos ilegales en las campañas y por eso en el estudio, y sabiendo que además es un problema histórico en Colombia, seguimos insistiendo en la necesidad de abordar de manera mucho más directa esa problemática entre dinero irregular ilegal y financiación de campañas y partidos.
Este es un tema que, lastimosamente, no terminamos de avanzar lo suficiente y que requiere una revisión en los controles para fortalecer lo que ya exista, pero también incorporar unas perspectivas nuevas que, entre otras cosas, incorporan instrumentos de lucha contra el crimen organizado como la inteligencia financiera que podría estar ayudando mucho más a ese control de flujos financieros ilícitos explícitamente en el reto que plantea la financiación de campañas políticas.
