Marcos Tinedo, Head of Risk & Compliance Optal Limited Group (UK), de México habla como en una entidad bancaria, la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo debe ser responsabilidad de todos sus empleados, especialmente de quienes ejercen actividades de toma de riesgo dentro de los negocios primarios de la entidad.
Antilavadodedinero
Ellos a su vez son responsables principales de la ejecución de los controles claves del programa de prevención de lavado de dinero al momento de ejecutar procedimientos relacionados con el conocimiento de sus clientes.
Estas personas, quienes en realidad pueden definirse como “dueños del cliente”, son los responsables de comprender el riesgo integral de lavado de dinero que conlleva cada relación de negocios que mantienen dentro de su portafolio y las razones subyacentes que así lo generan.
Es bueno destacar que no está prohibido que los negocios puedan establecer relaciones con clientes de alto riesgo, ni tampoco ofrecer productos de alto riesgo o ejecutar transacciones que conlleven un elevado riesgo.
Sin embargo, lo que si se requiere de ellos es que realicen una evaluación apropiada de los mismos y documenten los riesgos que están presentes en estas operaciones para que así se puedan fijar los niveles apropiados de mitigación de cada uno de ellos mediante la definición de los controles internos apropiados.
Con base en lo indicado anteriormente, es importante que al momento de definir el enfoque en base a riesgos a utilizar para evaluar los mismos y fijar las acciones mitigantes correspondientes, se consideren cinco categorías:
- Información del cliente derivado de los procedimientos de identificación, debida diligencia del cliente, y debida diligencia mejorada.
- Perfil político derivado de la evaluación de los resultados producto del filtrado (screening, en inglés). El filtrado es una técnica clave para la operatividad del tema de sanciones que se define como un sistema que remueve la información redundante o no deseada de un flujo de información utilizando métodos semiautomáticos o computarizados previo a la comparación de la información con la lista de sanciones respectiva de personas políticamente expuestas (PEP, por sus siglas en inglés) y otros indicadores que pudieran señalar este estatus en las relaciones de clientes del banco.
- Información sobre la reputación derivada del resultado de la filtración de los nombres involucrados con las relaciones de clientes (mejor conocido como filtrado de noticias negativas).
- Información geográfica derivada de la ejecución de los procesos indicados anteriormente, incluyendo el perfil esperado de uso y contratación de los productos del banco por parte de las relaciones de clientes. Este perfil es un formato utilizado en el proceso de vinculación de un cliente o relación, en el cual se recoge información del cliente tal como los productos que espera utilizar en el banco y la manera que se utilizarán los mismos.
Para este último punto se debe considerar el riesgo de ubicación geográfica como un factor en la determinación de los niveles de debida diligencia que un cliente pudiera requerir, lo cual va a impactar la definición de los esfuerzos de monitoreo de transacciones de una determinada relación con el cliente.
Para facilitar un enfoque consistente, el banco debe poseer una lista que identifique los riesgos inherentes de las ubicaciones geográficas que manejan en su cartera de clientes, y que del mismo modo constituyen sus mercados objetivos (sean locales, regionales o globales, según la dimensión de negocios de cada institución financiera). Esta lista debe ser actualizada al menos una vez al año, y debe reflejar cualquier cambio material que pudiera registrarse al respecto. Las fuentes de información y/o factores específicos a considerar en el desarrollo de esta lista son:
- Países sujetos a declaraciones o mensajes de asesoría de riesgo emitidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) o por la Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN). El GAFI emite como resultado de reuniones plenarias periódicas, jurisdicciones calificadas como “no cooperantes” o de alto riesgo, por lo general se emiten en febrero y junio de cada año. FinCEN por su parte, emite periódicamente recomendaciones públicas y privadas a instituciones financieras alertándolas de amenazas y/o vulnerabilidades preocupantes identificadas de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo con el propósito de que las mismas puedan tomar medidas de protección de manera oportuna contra dichas amenazas. Estas recomendaciones contienen tipologías de actividades ilícitas, alertas que facilitan el monitoreo, y cursos de acción recomendados para cumplir con las regulaciones del FinCEN y poder enfrentar con éxito las amenazas y vulnerabilidades descritas anteriormente.
- Países y regiones sujetas a sanciones, embargos, o medidas similares por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) de los EE.UU, Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Unión Europea, Tesoro Británico (Her Majesty’s Treasury), y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) World Factbook.[1]
- Países e Instituciones Financieras designadas como preocupación primaria de lavado de dinero y sujetos a medidas especiales según lo establecido por la Sección 311 de la Ley Patriota de EE.UU.[2]
- Países con deficiencias en sus marcos regulatorios (leyes, regulaciones y/u otras medidas) de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo;
- Países identificados por la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL, por sus siglas en inglés) como fuente principal, ruta, o consumidor de drogas y/o narcóticos más comúnmente utilizadas y traficadas.[3]
- Países identificados como paraísos fiscales (offshore, en inglés) por el Fondo Monetario Internacional (FMI). En mayo de 2008, la junta ejecutiva del FMI acordó crear un programa de evaluación de paraísos fiscales (OFC, por sus siglas en inglés) e integrarlo con su programa de evaluación del sector financiero (FSAP, por sus siglas en inglés). Este programa ha ayudado a fortalecer la regulación y supervisión, así como a mejorar el cumplimiento con los estándares de supervisión en las jurisdicciones de paraísos fiscales.
- Países que no han implementado el estándar tributario acordado internacionalmente desarrollado por la organización para la cooperación y el desarrollo económico (OECD, por sus siglas en inglés). Dicho acuerdo fue entre los miembros de la OECD y sirve como guía para establecer acuerdos tributarios. El mismo contiene artículos, comentarios, declaración de posiciones y reportes especiales sobre problemas impositivos en evolución.
- Países identificados con controles débiles para limitar o prohibir la constitución de entidades jurídicas en su jurisdicción que posean o emitan acciones al portador.
- Países identificados como estados que patrocinan al terrorismo o paraísos seguros para el terrorismo en el reporte emitido por el departamento de estado de los EE.UU. sobre terrorismo.[4]
- Niveles de secreto financiero percibido en los países, evidenciado por la calificación cuantitativa del índice de secreto financiero emitido por la Financial Secrecy Index (FSI). La FSI ordena las jurisdicciones de acuerdo a sus niveles de secreto bancario y nivel de actividades financieras en paraísos fiscales. Es una calificación neutral políticamente hablando, ya que es una herramienta que ayuda a dar a conocer aquellas jurisdicciones que son paraísos fiscales y/o de secreto financiero, flujos ilícitos de fondos y fuga de capitales. El índice fue creado a principios de 2018.
- Niveles de derechos políticos y
libertades civiles percibidas en los países, evidenciado por:
- La calificación del índice mundial emitido por la Freedom House, una organización que conduce investigaciones y promociona democracia, libertad política y derechos humanos. La principal publicación de Freedom House es el informe de libertad en el mundo, el cual compara estándares de derechos políticos y libertades civiles en todos los países. Publicado anualmente desde 1972, este estudio contiene puntuaciones y comentarios sobre el estado de la democracia en 193 naciones y 15 territorios.
- Resultados del reporte de democracia y derechos humanos emitido por la UK Foreign & Commonwealth Office. Este es un reporte de las actividades realizadas por la Foreign Commonwealth Office (FCO) del Reino Unido para promover los derechos humanos a nivel mundial. Cada reporte incluye comentarios y recomendaciones que han sido recibidos en el transcurso del año anterior del reporte del Comité de Asuntos Exteriores del Congreso Británico (House of Commons) y de un número determinado de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. El reporte está diseñado para ser accesible a personas no especialistas en la materia que tengan un interés general por temas de política exterior británica.
- Índice de percepción de corrupción emitido por transparencia internacional (CPI, por sus siglas en inglés), el cual se publica anualmente desde 1995.[5]
- Índice de libertad de prensa emitido por reporteros sin fronteras. Este índice es publicado de forma anual desde el año 2002 por reporteros sin fronteras para la libertad de información (RSF, por sus siglas en inglés), el cual clasifica a 180 países y regiones según el nivel de libertad disponible para los periodistas. Este indica la situación de la libertad de los medios basada en una evaluación del pluralismo, la independencia de los medios, la calidad del marco legislativo y la seguridad de los periodistas en cada país y región.
- Indicadores de gobernanza mundial emitidos por el Banco Mundial. Estos indicadores miden a nivel agregado e individual desde 1996, para más de 200 gobiernos y territorios a nivel mundial, seis dimensiones de gobierno: (i) voz y responsabilidad, (ii) estabilidad política y ausencia de violencia, (iii) efectividad gubernamental, (iv) calidad regulatoria, (v) imperio de la ley y (vi) control de la corrupción.
- Reporte de trata de personas emitido por la tesorería americana. El Informe sobre la trata de personas (TIP, por sus siglas en inglés) es la principal herramienta diplomática del gobierno de EE.UU. para involucrar a los gobiernos extranjeros en esta actividad ilícita. También es el recurso más completo del mundo en cuanto a los esfuerzos gubernamentales contra la trata y refleja el compromiso del gobierno de EE.UU en liderar mundialmente este tema clave de derechos humanos y su aplicación de la ley.
- Informe de estrategia internacional de control de narcóticos emitido por la tesorería americana denominado (INCSR, por sus siglas en inglés). Este es un informe anual emitido por el departamento de estado de EE.UU. al Congreso de conformidad con la ley de asistencia exterior; el cual describe los esfuerzos de los países claves para atacar todos los aspectos del comercio internacional de drogas del año calendario anterior. Este cuenta con dos volúmenes, el primer volumen cubre las actividades de control de drogas y productos químicos, mientras que el segundo volumen cubre el lavado de dinero y los delitos financieros.
- Niveles de competitividad económica
percibidos en los países, según la calificación obtenida en:
- El índice de competitividad global del foro económico mundial, (GCR, por sus siglas en inglés) es desarrollado y publicado anualmente desde 1979 por el foro económico mundial (WEF, por sus siglas en inglés). Este índice mide la habilidad de los países en proveer altos niveles de prosperidad a sus ciudadanos. A su vez, esta habilidad depende de cuán productivamente un país utiliza sus recursos disponibles. El índice mide un conjunto de instituciones, políticas y factores que definen los niveles de prosperidad económica sostenible hoy y a medio plazo.
- El índice de desarrollo humano de la ONU., Este es un indicador del desarrollo humano por país, elaborado por el programa de desarrollo de la ONU (PNUD, por sus siglas en inglés). El indicador sintetiza los logros y medios obtenidos en las dimensiones fundamentales del desarrollo humano como saber, tener una vida larga y saludable, adquirir conocimientos y disfrutar de un nivel de vida digno. El IDH es la media aritmética de los índices normalizados de cada una de las tres dimensiones. La dimensión de la salud se evalúa según la esperanza de vida al nacer, la de la educación se mide por los años promedio de escolaridad de los adultos de 25 años o más y por los años esperados de escolaridad de los niños en edad escolar; por su parte, la dimensión del nivel de vida se mide conforme al ingreso bruto per cápita.
- El índice de distribución de recursos emitido por la Asociación Internacional de Fomento (AIF) del Banco Mundial. El Índice de AIF denominado (IRAI, por sus siglas en inglés), se basa en los resultados del ejercicio anual de CPIA que cubre los países elegibles para AIF. La CPIA califica a los países con un conjunto de 16 criterios agrupados en cuatro categorías: (a) gestión económica; (b) políticas estructurales; (c) políticas de inclusión social y equidad; y (d) gestión e instituciones del sector público. Los criterios se centran en equilibrar la captura de los factores claves que fomentan el crecimiento y la reducción de la pobreza, con la necesidad de evitar una carga excesiva en el proceso de evaluación.
- El índice “doing business” del Banco Mundial. El proyecto haciendo negocio (doing business, en inglés) proporciona medidas objetivas de las regulaciones comerciales y su aplicación en 190 economías. Las economías se clasifican según su facilidad para hacer negocios, del 1 al 190. Las clasificaciones se determinan en base a los puntajes agregados (anteriormente llamados distancia a la frontera) en 10 temas, cada uno consta con varios indicadores, dando el mismo peso a cada tema.
- Base a los datos de política financiera del International Institute for Democracy and Electoral Asistance (IDEA) – Internacional. IDEA es una organización intergubernamental con oficinas regionales en América Latina (Costa Rica), Asia/Oceanía (Australia) y África (Etiopía). La sede central de la organización se encuentra en Estocolmo (Suecia). IDEA Internacional trabaja para apoyar y fortalecer las instituciones y los procesos democráticos en todo el mundo y desarrollar democracias sostenibles, eficaces y legítimas.
- El índice de presupuesto abierto emitido por la sociedad de presupuesto internacional. La International Budget Partnership (IBP) colabora con la sociedad civil de todo el mundo para utilizar el análisis presupuestario y la promoción como una herramienta para mejorar la gobernanza efectiva y reducir la pobreza. Emiten de forma anual el índice de presupuesto abierto (OBI, por sus siglas en inglés) que es una medida comparativa independiente del mundo de transparencia presupuestaria del gobierno central. El índice asigna a los países cubiertos por la encuesta de presupuesto abierto una puntuación de transparencia en una escala de 100 puntos utilizando un subconjunto de preguntas que evalúan la cantidad y oportunidad de la información presupuestaria que los gobiernos ponen a disposición del público en ocho documentos presupuestarios claves de acuerdo con los estándares internacionales de buenas prácticas.
- Países identificados por el GAFI como miembros del GAFI o de un cuerpo regional asociado a este, similar a GAFI. Por ejemplo: Asian/Pacific Group on Money Laundering (APG); The Caribbean Financial Action Task Force (CFATF); Eurasian Group (EAG); Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG) Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD); Group Against Money Laundering in West Africa (GIABA); Middle East and North Africa Financial Action Task Force (MENAFAFT) y MONEYVAL, comité de expertos sobre la evaluación de las medidas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en Europa.
Derivado de este análisis, debe desarrollarse una metodología de calificación de riesgo por jurisdicciones como objetivo de negocios del banco, identificando las mismas como bajo, medio o alto riesgo, llegando incluso a tomarse consideraciones como la necesidad de ejecución de debida diligencia mejorada o medidas adicionales en aquellas que representen un alto riesgo de ubicación geográfica, e incluso, pudiera decidirse no tener relaciones de negocios con personas o entidades ubicadas en aquellas jurisdicciones que con base en el análisis anterior.
Si excediese el nivel de apetito de riesgo del banco, lo cual resultaría
en la posible cancelación de las cuentas y relaciones mantenidas para alguno de
los clientes, como resultado de cambios significativos percibidos en el riesgo
de ubicación geográfica de una determinada jurisdicción, región o país. Del
mismo modo, pueden incorporarse otros indicadores reconocidos a nivel local,
regional o global y excluirse otros aquí indicados. Lo importante es siempre
considerar métricas que puedan ser de utilidad para las geografías; ya sean
países, territorios o zonas especiales donde se encuentran y realizan sus
principales negocios de los clientes de la institución financiera, o que
constituyen mercados objetivos del banco a ser desarrollados.
[1] El CIA World Factbook es una publicación anual que proporciona un resumen de los datos de demografía, geografía, comunicaciones, gobierno, la economía y militar; de 267 entidades, incluyendo a cuatro países reconocidos por EE.UU., los territorios dependientes y otras áreas en el mundo.
[2] La sección 311 de la Ley Patriota establece que una vez que el Secretario de la Tesorería americana establece que una institución financiera es de preocupación primaria de lavado de dinero, el Secretario tiene la autoridad de requerir a las instituciones financieras del país y agencias gubernamentales del sistema financiero que tomen medidas especiales contra este tipo de entidades. Estas medidas pueden ir desde requerir la aplicación de medidas de debida diligencia mejorada y de atención especial relacionadas con transacciones preocupantes específicas que sean realizadas por estas entidades en el sistema financiero americano, hasta la prohibición de abrir o mantener cuentas de corresponsalía o de cuentas concentradoras de pago garantizado.
[3] La INTERPOL es la mayor organización de policía internacional, con 194 países miembros, haciéndola una de las organizaciones internacionales más grandes del mundo, tan solo por detrás de las Naciones Unidas. La INTERPOL apoya a todas las organizaciones, autoridades y servicios cuyo objetivo es prevenir o combatir la delincuencia internacional.
[4] Este reporte es en base a lo establecido en el título 22 del código federal, sección 2656f, el cual requiere a esta instancia gubernamental enviar al Congreso un reporte integral y completo sobre terrorismo de aquellos países y grupos identificados a patrocinar el terrorismo o facilitadores de las actividades de grupos terroristas.
[5] Esta organización ordena a los países basados en sus niveles percibidos de corrupción gubernamental, según la determinación de la evaluación de expertos en el área y los resultados de encuestas de opinión.
