ransferencias bancarias millonarias desde Italia a cuentas de una sociedad anónima argentina, un megaescándalo de corrupción en la cúspide política de Milán, Italia, y la sospecha de lavado de activos encierran una trama que desde hace tiempo encontró eco en Río Cuarto, a más de 11 mil kilómetros de distancia.
Antilavadodedinero / LaVoz
En la “conexión Río Cuarto” de la causa, radicada en el Juzgado Federal de Carlos Ochoa, están imputadas varias personas por presunto lavado de activos. La fiscal federal Alicia Cena y el juez Ochoa están al frente de la compleja investigación, aunque mantienen el sigilo, ya que no fue resuelta la situación procesal de los acusados. La Voz se comunicó con uno de los abogados de los imputados, pero dijo que no estaba autorizado a brindar información al respecto.
CUENTAS Y UNA SOCIEDAD
La investigación nació en 2011, a partir del suicidio de Mario Cal, exdirector del hospital privado San Raffaele, ubicado en la ciudad de Segrate, en la provincia de Milán. Pero el suicidio transmutó en algo espurio: la Fiscalía de Milán descubrió un colosal sistema de facturación falsa –con proveedores– para crear fondos ilícitos, con los que el hospital pagó sobornos durante años, según el periódico L’Espresso.
Al analizar la quiebra del San Raffaelle, los fiscales detectaron que los fondos no declarados salieron del hospital y la Fundación Salvatore Maugeri (otro instituto médico privado) y terminaron en cuentas en el extranjero.
Fueron detenidos el entonces presidente de la Fundación Maugeri, Umberto Maugeri; el gerente, Costantino Passerino; su director administrativo, Gianfranco Mozzali; el empresario Pierángelo Daccò; el exconsejero de Sanidad Regional de Lombardía, Antonio Simone, y el consultor de la fundación Claudio Massimo por presunta organización criminal transnacional.
El caso escaló hasta transformarse en una escandalosa causa de corrupción en la que terminó salpicado y, luego, implicado el gobernador de la Región de Lombardía, Roberto Formigoni. Los fiscales sostuvieron que, entre 1997 y 2011, habrían salido de las arcas de Maugeri 61 millones de euros y otros nueve del hospital San Raffaele, según reseñó el diario Il Fatto Quotidiano.
El dinero acabó en las cuentas de las empresas de Simone y de Daccò, consideradas las cobradoras de sobornos, ya que el dinero se utilizó para pagar viajes al Caribe para Formigoni, cenas y circuitos en yates con personal y champán a bordo. Se usó, además, para la financiación ilícita de una campaña, de acuerdo con el medio.
De ese modo, los 70 millones de fondos públicos fueron dilapidados con graves daños al sistema sanitario en medio de una “corrupción sistémica que duró 10 años”, según la acusación. A cambio de esos beneficios, Formigoni habría favorecido a la fundación y al hospital al garantizar reembolsos indebidos por 200 millones de euros.
En 2016, el Tribunal Penal de Milán condenó a Formigoni a seis años de prisión por corrupción (luego, el Tribunal Supremo la rebajó a cinco años y 10 meses). Daccò recibió nueve años y dos meses (se le incautaron más de 23 millones de euros); Simone, ocho años y ocho meses (se le secuestraron 15,9 millones de euros), y Passerino, siete años. Entre otros, fueron absueltos la exgerenta regional Maria Alessandra Massei.https://www.youtube.com/embed/-78xQ23zfEY?feature=oembed
A cargo de la cobertura del caso, que tuvo amplísimo impacto mediático y político en la prensa regional y en Roma, la periodista Giovanna Trinchella, de Il Fatto Quotidiano, recordó a La Voz que Formigoni purga la pena bajo arresto domiciliario en la casa de un amigo, desde 2019.
SOSPECHA EN RÍO CUARTO
Las derivaciones de la causa italiana llegaron a la Argentina, de acuerdo con el expediente que se tramita en los despachos federales de Río Cuarto. Los fiscales milaneses detectaron transferencias de fondos a sociedades extranjeras, entre ellas, a cuentas corrientes de la sociedad Avenida Italia Construcciones SA, radicada en Buenos Aires.
La empresa fue fundada en 2006 por Maria Alessandra Massei y sus familiares para llevar a cabo un proyecto inmobiliario en Río Cuarto.
El juez italiano analizó la documentación bancaria y contable de las sociedades extranjeras en las que Daccò y Simone aparecían como beneficiarios económicos. De esa forma, para el magistrado quedó demostrado que algunas sumas de dinero fueron transferidas a cuentas corrientes de Avenida Italia.
AYUDA ARGENTINA
A medida que el expediente iba amplificándose, los fiscales italianos solicitaron ayuda a las autoridades argentinas, y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) presentó una denuncia penal.
Procelac señaló que los funcionarios italianos manifestaron que Maria Alessandra Massei admitió ser socia de Avenida Italia. De acuerdo con la Procelac, de las sociedades de Daccò y de Simone se transfirieron a Avenida más de 3,7 millones de euros y 780 mil dólares.
La presunción es que Maria Massei habría puesto Avenida a disposición de los integrantes de la organización criminal acuñada en la pintoresca región de Lombardía –su capital es Milán– para blanquear beneficios ilícitos.
En 2016, la Fiscalía Federal de Río Cuarto imputó a Massei (directora titular, según se publicó en el Boletín Oficial de la Nación), su hermano Rafael Massei (director suplente) y el padre de ambos, Oscar Alberto Massei (presidente), a Luis Norberto Moral (expresidente) y a Fernando René Díaz por presunto lavado de activos.
Actualmente, Alessandra, hermano y padre residen en Italia, según indicó Fernando Massei, primo de Alessandra y apoderado de Avenida Italia. Señaló a La Voz que él solo lleva los trámites administrativos de la firma para que su prima no tenga que viajar, y comentó el trato que se generó con Moral y Díaz, que viven en Buenos Aires. “Con Moral terminó todo mal. Fue el primer presidente. Díaz era un operador económico que hacía las transacciones”, indicó, según su versión.
Por su parte, Roberto Lucas Vollenweider, uno de los abogados de los acusados en la parte penal, adujo que no podía referirse a la causa. “El apoderado de mis defendidos no me autoriza a tratar sobre el tema”, contestó Vollenweider.
En 2018, el juez Ochoa ordenó la inhibición general de bienes y trabó un embargo preventivo sobre los bienes de los acusados. Luego, embargó todas las acciones, las cuentas bancarias, las participaciones y las obligaciones negociables de Avenida.
La Sala B de la Cámara Federal de Córdoba avaló al juez al confirmar el embargo de las cuentas bancarias de la compañía.
Ochoa ordenó un peritaje contable para determinar el origen del dinero y los activos que ingresaron a las cuentas de Avenida, y si los fondos eran nacionales o internacionales.
También solicitó establecer el monto total de los fondos transferidos desde las cuentas de dos empresas: Iuvans International BV y Alvinster Corporation, entre 2008 y 2016, y el dinero transferidos a Avenida desde cuentas a nombre de los Massei, y el destino de los fondos ingresados a Avenida en ese período.
A su vez, el juez requirió saber la capacidad patrimonial y financiera de los imputados y de sus familias para determinar si existió un crecimiento económico injustificado producto del presunto lavado.
UN EDIFICIO PARADO
Paralelamente a la investigación penal, persiste el pleito civil, ya que, en 2013, el Frigorífico Coronel Moldes SA compró 16 departamentos a Avenida Italia.
No obstante, debido a que Avenida quedó imposibilitada de vender los inmuebles por las trabas producidas por las medidas cautelares dictadas en la causa primigenia (en Italia), la obra del edificio Torre Massei estuvo detenida por más de dos años.
En 2017, el frigorífico adquirió la totalidad del desarrollo sujeto al levantamiento de la cautelar, lo que ocurrió en septiembre de 2018.
Una vez finalizada la Torre Massei (resta poco, según dijo a La Voz uno de los abogados del frigorífico, Guillermo Hugo Masciarelli), debe entregar 10 departamentos vendidos, entre ellos, tres a Alessandra Massei, a tres particulares y a tres empresas.
Sin embargo, en diciembre pasado, el juez Ochoa mantuvo el embargo de los bienes de Avenida Italia. Frente a esto, el frigorífico apeló y solicitó a la Cámara Federal que revocara la resolución para poder entregar los departamentos.
El frigorífico planteó que el embargo sobre bienes de Avenida Italia era ilegítimo porque es una persona (jurídica) distinta a las involucradas en la causa, de las cuales Alessandra Massei es socia. En ese sentido, dijo que, como tal, Massei tiene acciones y bienes que eventualmente podrían garantizar el resultado de la causa.
El camarista Abel Sánchez Torres consideró prematuro hacer lugar a la sustitución de medida cautelar solicitada por el frigorífico (tercero interesado ajeno a la causa penal) porque “el emprendimiento Torre Massei estaría íntimamente relacionado a los delitos que se investigan de lavado de activos”.
De este modo, según insistió, pudiendo estar Avenida Italia “involucrada en las maniobras ilícitas”, ya sea como “instrumento para su comisión o como producto” de ellas, resulta prematura la sustitución del embargo solicitado.
El camarista recordó, asimismo, que desde noviembre pasado se realiza el peritaje contable en las oficinas de Gendarmería, lo que que permitiría dilucidar las maniobras y le permitiría al juez resolver, eventualmente, la situación procesal de los acusados.
Al respecto, Fernando Massei, apoderado de Avenida, se quejó insistentemente por la “demora” en la resolución del peritaje. “Es una demora innecesaria. Tendría que haberse terminado en febrero y el juez concedió a Gendarmería una prórroga de 30 días más (para terminarla). Es una barbaridad. Esto ha perjudicado a grandes y pequeños inversores porque hay que entregar los departamentos. No podemos hacer nada hasta que se resuelva la causa por sí (a favor de los imputados) o por no (en contra de ellos)”, dijo.
La camarista Liliana Navarro se expidió en el mismo sentido que Sánchez Torres, y confirmaron días atrás el fallo de Ochoa, que no hizo lugar al pedido de sustitución de la cautelar.
