En la República Centroafricana, mercenarios rusos que luchan junto al ejército nacional, la Faca, atemorizan a la población. El 31 de marzo pasado, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Mercenarios advirtió sobre graves violaciones de derechos humanos. RFI tuvo acceso a documentos confidenciales y conversó con víctimas.
Antilavadodedinero / Infobae
En Bangui, la presencia de mercenarios rusos y los abusos de los que se les acusa son temas que se discuten en privado y de forma anónima. “Es el elefante en la habitación”, dice una fuente diplomática. “Lo vemos, pero fingimos que no está ahí”, agrega.
El embajador ruso en Bangui reconoce que se han enviado al país 535 hombres, que presenta como “instructores” que “no participan en los combates”. Sin embargo, numerosas fuentes de seguridad nacionales e internacionales contradicen esta versión. Mencionan entre 800 y 2.000 mercenarios desplegados en el país, junto a las fuerzas armadas centroafricanas, las Faca. Estarían a menudo “en primera línea” durante los enfrentamientos y también presentes en puestos de control y lugares estratégicos.
Para algunos centroafricanos cansados de sufrir la ocupación y la violencia de los grupos armados, los rusos son vistos como salvadores. Según ellos, desempeñaron un papel decisivo en la contraofensiva que permitió retomar la mayoría de las principales ciudades del país a manos de rebeldes. Pocas voces disidentes se atreven a cuestionar públicamente sus métodos.
El 31 de marzo, por primera vez, un grupo de expertos independientes rompió este silencio. En un comunicado de prensa, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre el uso de mercenarios, parte de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Ginebra, denunció el aumento del uso de empresas de seguridad privada por parte de las autoridades de Bangui.
La lista de “abusos” es larga. Se habla de “ejecuciones sumarias masivas, detenciones arbitrarias, torturas en los interrogatorios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados de la población civil, ataques indiscriminados contra instalaciones civiles, violaciones del derecho a la salud y ataques cada vez más frecuentes contra los agentes humanitarios”.
En el comunicado salen entidades rusas, como el “Grupo Wagner”, considerado el brazo armado privado de Moscú, cuyos combatientes han sido incluso acusados recientemente de crímenes de guerra en Siria. Está además “Lobaye Invest SARLU”, una empresa minera fundada en la República Centroafricana en 2017. Sus responsables han sido objeto de sanciones por parte de Estados Unidos. El Grupo de Trabajo afirma tener pruebas de su “participación en una serie de ataques violentos” en el país desde diciembre.
Varios informes internos de la ONU que ha visto RFI apoyan estas acusaciones.:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/3AV4ICCNWFBV5F5GTZUXQHMIOU.jpg)
Los mercenarios del Grupo Wagner en el area de Starobeshevo en el Donetsk ucraniano
15 cadáveres en una mezquita y violaciones
La ciudad de Bambari, ubicada a 370 kilómetros de la capital, estuvo bajo el control de los rebeldes de la Coalición de Patriotas por el Cambio, quienes impidieron que se celebraran elecciones en diciembre pasado. El 15 de febrero de 2021, las Faca y sus aliados rusos retomaron la ciudad y los combates fueron violentos.
Los rebeldes se retiraron al interior de la mezquita, donde se habían refugiado civiles. “Los rebeldes entraron y los rusos dispararon enseguida, mientras había civiles”, informa a RFI un testigo. “Había mujeres y niños”, precisa. Tras dos días de combates, se encontraron quince cadáveres en la mezquita, según un vídeo visto por RFI y autentificado por Amnistía Internacional.
También se han documentado hechos de violencia sexual. En uno de los informes de la ONU se detalla un caso de violación en grupo, en Yaloke, a 200 kilómetros al noroeste de la capital. Seis hombres derribaron la puerta de la casa de una mujer de 24 años y “la violaron en grupo (tres de ellos) con una pistola pistola entre las 11 de la noche y las 2 de la madrugada”, señala el documento.
El 15 de febrero, en Bangui, una mujer de 20 años, cuyo anonimato hemos guardado, intentaba volver a casa antes del toque de queda. Un vehículo se detuvo a su lado con a su bordo siete hombres con uniforme militar. “Eran rusos, sólo uno hablaba francés. Otro tenía barba y tatuajes”, cuenta a RFI la joven. “Me ofrecieron llevarme en su coche”, relata.
Esa noche fue violada de manera repetida, por cinco rusos. Fue puesta en libertad a la mañana siguiente con la orden de guardar silencio o enfrentarse a represalias. “Pensé que los rusos estaban aquí para rescatarnos”, dice.
Amenazas de muerte
En un país donde el acceso a la justicia es difícil, muchos habitantes temen que estos actos queden impunes. Varias fuentes contactadas por RFI afirmaron su intención de presentar una denuncia sobre el actuar de los paramilitares rusos, antes de desistir. “Si denuncias lo que están haciendo, te acusarán inmediatamente de ser partidario del expresidente Bozizé, que apoya a los rebeldes.
Es un clima de terror”, dijo una fuente de la sociedad civil. Ha habido amenazas de muerte. “Así que documentamos lo que ocurre en secreto hasta que vuelva la paz”, cuenta un funcionario.
“Los rusos no quieren que les hagamos la foto”, detalla otro funcionario. “Si sacas el teléfono, te lo arrancan”. Un miembro de una organización internacional explica que han notado un incremento de denuncias por ejecuciones sumarias “pero no las documentamos para mantener a nuestro personal seguro”.
En la República Centroafricana, no han olvidado el asesinato de tres periodistas rusos en 2018 cerca de Sibut, una ciudad a 300 kilómetros al norte de Bangui. Su muerte ocurrió en circunstancias turbias cuando investigaban las actividades mineras del Grupo Wagner.
