El magistrado José Luis Vargas, presidente del Tribunal Electoral, se presentó ayer ante la Fiscalía General de la República (FGR) para rendir cuentas en el caso de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito que le atribuyen por 36 millones de pesos.
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Aunque en su comparecencia se reservó su derecho a declarar, Vargas designó a sus dos abogados ante el Ministerio Público, accedió a la carpeta de investigación para conocer de la imputación y manifestó que en breve presentará su declaración por escrito.
Horas después, emitió un comunicado en el que aseguró que acreditará su inocencia y probará que su patrimonio familiar es producto del esfuerzo y el mérito profesional.
El magistrado fue citado por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, que lo requirió en calidad de investigado.
La investigación contra el magistrado fue iniciada por una denuncia que presentó el 21 de febrero la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, que le atribuye ingresos injustificados y de probable origen ilícito por 36 millones de pesos, en el periodo 2013-2018.
Se dio a conocer el 28 de octubre de 2019 que la UIF investigaba a Vargas, quien habría cuadruplicado sus ingresos de 2013 a 2017, además de que registró movimientos financieros inusuales por 14 millones en una tarjeta de crédito.
Las denuncias de la UIF se filtraron por primera vez a la prensa el mes pasado, cuando se difundió que este órgano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pretendía bloquear las cuentas del magistrado.
Sin embargo, Vargas justificó que entre 2013 y 2017 él no era funcionario sino abogado postulante.
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