México y EEUU pactaron una nueva ofensiva contra el crimen trasnacional y sus redes financieras, enfocada en el tráfico de opioides sintéticos, mientras las masacres de exterminio y escenas dantescas de cuerpos colgados de puentes y árboles siguen imparables.
Antilavadodedinero / Elpais
El 8 de octubre pasado, el primer Diálogo de Alto Nivel en Seguridad entre ambos países condujo a una declaración conjunta en la denunciaron que han sufrido violencia por tráfico de drogas ilegales, armas, trata de personas y crimen organizado.
Así firmaron una nueva «alianza contra el narcotráfico y la violencia homicida».
En la declaración del encuentro, que encabezaron los jefes de la diplomacia de cada país, Marcelo Ebrard y Anthony Blinken, México y EEUU se comprometen además a «incrementar las acciones bilaterales y paralelas para debilitar a los actores ilícitos y sus redes financieras».
Y mencionaron a un enemigo común: el Cartel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerada la más poderosa organización del crimen, que opera a través del puerto de Manzanillo (costa mexicana del Pacífico) y sus alrededores, como «responsable del tráfico de una proporción significativa del fentanilo (poderoso opiáceo sintético) y otras drogas mortales que ingresan a EEUU».
Los primeros golpes no tardaron: el 5 de noviembre pasado fue detenido el capo narcotraficante «líder del Cártel del Pacífico en el estado de Sinaloa» en posesión de una cantidad récord de 118 kilogramos de pasta pura del narcótico opioide fentanilo, y un laboratorio para producir droga sintética.
«Es considerado el aseguramiento de fentanilo puro más importante de la historia, superando los 970 millones de pesos (unos 48 millones de dólares) en el mercado», indicó la Secretaría de la Defensa mexicana.
El 16 de noviembre, Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, alias «El Mencho», líder del CJNG, fue detenida por militares y agentes de la Fiscalía General, en Zapopan, vecino de Guadalajara, capital de Jalisco (centro-oeste).
La respuesta se ha visto en el estado central de Zacatecas: decenas de cadáveres han aparecido colgados de puentes y árboles en días recientes.
La droga no es el único peligro
Michael W. Chamberlain, experimentado defensor de víctimas de la violencia por más de tres décadas, dice en entrevista con la Agencia Sputnik que México ya padeció una historia trágica con el binacional Plan Mérida contra las drogas.
Ocurrió durante la estrategia de confrontación que comenzó el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) y continuó con Enrique Peña Nieto (2012-2018).
«Sería una error una continuación de ese camino fallido», dice el asesor jurídico de víctimas que se han entrevistado el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED, en inglés) que realiza su primera visita a México.
Explica que los cárteles de crimen organizado no solo están vinculados a la droga, sino que además «cometen otros crímenes: tarta de personas, redes prostitución, extorsiones a comerciantes y agricultores, y otros negocios lícitos».
El ataque armado militar a los grupos criminales en la droga solo regula el mercado a favor de unos o de toros, advierte el defensor que fue integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH, ombudsman).
«Dependiendo del momento de la ofensiva contra el crimen, favorece a uno u otro grupo, y se disparan otros delitos paralelos como el tráfico de migrantes, el ataque frontal no es la vía adecuada», alerta Chamberlain.
El especialista señala que el problema no es solo tráfico de opioide sintético fentanilo que causó más de 100.000 muertes el año pasado en EEUU.
«Los criminales controlan el territorio, someten la población con torturas y exterminio, cometen feminicidos y explotan la trata de personas», sobre en tráfico de menores y prostitución.
Cambio de estrategia
Chamberlain señala que una estrategia que causa menos daños laterales es atacar la estructura financiera de estos grupos criminales y combatir la corrupción que les permite actuar impunemente
«El mejor ataque para desmantelar a esos grupos no es por la vía de las armas, porque tienen capacidad de armarse frente la capacidad del Estado, sino meticuloso trabajo de inteligencia contra las redes criminales», recomienda.
Chamberlain señala los estudios que ha participado para documentar que los grupos criminales actúan bajo el paraguas de la impunidad.
«La falta de castigo, la permisividad, la complicidad y la acción directa de autoridades coludidas en estas redes de criminalidad» están en la base del problema, señala.
Este tipo de violencia genera dinero y estas masacres permiten mantener el negocio criminal. «Esta tragedia continúa imparable: en promedio son 600 desaparecidos al mes en el último año, de octubre a octubre», es decir más de 7.000 al año, señala.
Los expertos de la ONU se han hecho la misma pregunta, relata: «¿Cómo funciona esta criminalidad?».
«Necesitamos que la comunidad global intervenga con urgencia en México, con un mecanismo similar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)», resume.
El derecho penal internacional permite perseguir a responsables de masacres y desapariciones.
Y termina : «Podemos combatir unidos, unos de lado del combate a las droga y el crimen trasnacional, y nosotros del lado de la víctimas» .
El número de desparecidos en tres años del Gobierno de Andrés López Obrador es de unos 25.000, casi la cuarta parte de las más de 94.000 muertes que se investigan.
