Miguel Ángel Rodríguez

El caso de este ex mandatario Costarricense, ha estado cargado desde sus inicios por gran cantidad de pruebas, alegatos, inculpados, testigos, que no terminan de esclarecer los hechos. Todo comenzó cuando, como resultado de una denuncia anónima, las autoridades bancarias de Costa Rica fueron alertadas sobre las elevadas transferencias de dinero, (casi 10 millones de dólares), realizadas entre una cuenta de la empresa francesa Alcatel y la Sociedad de Servicios Notariales Q.C., radicada en la nación. Estas transacciones tuvieron lugar entre marzo y octubre de 2003.

A partir de ello se inició una investigación que arrojó que la cifra de 9,4 millones de US$, fue un desembolso de Alcatel a Servicios Notariales Q.C., como resultado de ser favorecida sobre la empresa Ericsson en una licitación por 400 000 líneas para teléfonos celulares en julio de 2001, precisamente cuando Rodríguez era presidente de la república. Este negocio por un monto de 149 millones de US$ fue desarrollado por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), dirigido en ese entonces por un viejo amigo de Rodríguez, José Antonio Lobo. Investigaciones posteriores establecieron que Lobo otorgó a Alcatel, en sólo 38 días, el favorecimiento con la indulgencia del propio presidente Rodríguez. Según dicho señor, cuando consultó a Miguel Ángel, éste, en un ambicioso gesto, le pidió el 60% del «premio» que daría Alcatel, consistente en el 1,5 % del negocio, es decir, 2,2 millones de US$. Como resultado de esta corrupta componenda, Servicios Notariales Q.C, transfirió 2,4 millones de USD hacia una cuenta a nombre de Jean Phil Gallup, esposa de José Antonio Lobo.

Los hechos

25 de septimebre de 2003

Phill Gallup, esposa de José Antonio Lobo depositó 2.1 millones de US$ en una cuenta en el BCT de Panamá y 350 mil dólares en el Saint George Bank. Con posterioridad, Gallup libró dos cheques a nombre de Lorena Clare, esposa de Miguel Ángel Rodríguez identificados con los números 419 y 425, por las cantidades de 30000 y 28083 dólares americanos. Todo este dinero, 58083 dólares, fue invertido por Lorena Clare en negocios inmobiliarios.

30 de agosot de 2003

Se determinó que Rodríguez recibió otros 81000 US$ mediante otra transacción a un banco norteamericano.El propio Lobo reconoció haber entregado, además, otra importante cantidad de dinero a Rodríguez, pero esta vez en forma directa. Según él, entregó un poco más de 370000 US$ en efectivo a su presidente y compañero de fechorías.
Destapada la olla de corruptelas, Rodríguez jura y perjura que sólo recibió 140 000 dólares de Lobo como un préstamo personal para financiar su campaña para secretario general de la OEA. Sin embargo, las evidencias lo acusan de haber abusado de su cargo en el sonado caso de Alcatel y de haber actuado corruptamente para favorecer a una empresa extranjera en la licitación de dichas líneas de celulares.

7 de junio de 2004

En el seno de la XXXIV Asamblea General de la OEA, inaugurada ayer en Quito, Ecuador. Miguel Ángel Rodríguez resulta electo como el sucesor del ex presidente colombiano César Gaviria, en la Secretaría General de la OEA, con 34 votos a su favor.

15 de septiembre de 2004

Miguel Ángel Rodríguez asume la Secretaría General de la OEA, con una duración de 5 años.

27 de septiembre de 2004

El fiscal general de la República, Francisco Dall’Anese, confirmó a los medios que desde hacía unos días estaba investigando unos pagos irregulares, 9,4 millones de dólares en total, efectuados en 2003 por la empresa de telefonía Alcatel a directivos del ICE y políticos nacionales. Aparentemente, estos desembolsos guardaban relación con la concesión por el Gobierno a la compañía francesa en julio de 2001 de un contrato de 149 millones para instalar 400.000 líneas de telefonía móvil en Costa Rica. Aquella adjudicación directa ya resultó polémica en su momento al haberse realizado sin el procedimiento habitual de licitación (la sueca Ericsson también estaba interesada) y en un plazo de tiempo sumamente corto (38 días), aunque el Gobierno alegó como razón la urgencia de dotar al país de una red de celulares que cubriera la demanda de los usuarios. Entre los destinatarios de las transferencias bancarias estarían el vicepresidente de la República, Fishman Zonzinski, y un estrecho colaborador de Rodríguez, José Antonio Lobo Solera, quien fuera ministro de Vivienda y Asentamientos Humanos de su Gobierno, y luego, miembro del Consejo Directivo del ICE. Lobo habría percibido de Alcatel con la intermediación de un bufete de servicios notariales 2,4 millones de dólares que fueron depositados por tramos en una cuenta a nombre de su esposa.

30 de septiembre de 2004

Lobo, en la declaración a los fiscales que le interrogaron bajo arresto domiciliario, involucró a Rodríguez en la presunta trama de corrupción al asegurar que el ex presidente le había reclamado el 60% de los 2,4 millones cobrados de Alcatel en 2003, y que hasta ahora le había mandado 510.000, una parte en metálico y el resto en dos pagarés. Consultado por teléfono ese mismo día por una televisora local, Rodríguez reconoció haber recibido de Lobo un dinero que le había solicitado, pero rebajó la cantidad a los 140.000 dólares y presentó la suma como parte de un «préstamo personal» para sufragar la promoción de su candidatura al frente de la OEA en diferentes países americanos. De los 2,4 millones de Alcatel, aseguró no tener conocimiento. Otro personaje que también declaró en esta fecha fue otro de los colaboradores más cercanos de Rodríguez, Rafael Sequeira Garza, gerente de las empresas del ex presidente. Garza confirmó por su parte, que la sociedad panameña Inversiones Denisse S. A. era controlada por el Exmandatario y que en una cuenta de esa firma se recibió dinero de la empresa española Inabensa, la cual realiza la electrificación subterránea de San José. Denisse también recibió dinero del Gobierno de Taiwán.

8 de octubre de 2004Rodríguez presentó la dimisión irrevocable y efectiva a partir del 15 de octubre de; llegado ese momento, el adjunto al secretario general, Luigi Einaudi, de Estados Unidos, asumió el puesto en funciones, hasta la elección de un nuevo titular.

9 de octubre de 2004

La Fiscalía General emitió una orden de busca y captura internacional contra Rodríguez por presuntos enriquecimiento ilícito, cohecho y corrupción agravada, pero con la decisión de no activarla hasta 15 de octubre.

13 de octubre de 2004

El panorama judicial se tornó aún más sombrío para Rodríguez al informar la Fiscalía que le estaba investigando en relación con un segundo caso de presunta corrupción, la transferencia por el Gobierno de Taiwán en 2001 y 2002 de 1.400.000 dólares a cuentas de la compañía domiciliada en Panamá Inversiones Denisse, que el entonces presidente supuestamente controlaría a través de testaferros. La mitad de esa cantidad se habría transferido a través del International Commercial Bank of China y la otra mitad mediante un cheque expedido por la embajada taiwanesa en San José. También se detectaron posibles sobornos de la compañía española Inabensa, especializada en instalaciones de redes eléctricas y de comunicaciones.

15 de octubre de 2004

El ex secretario de la OEA, regresa a Costa Rica, en vuelo procedente de Washington, para posteriormente ser trasladado a la Fiscalía de Delitos Económicos a dar cuenta de las acusaciones de corrupción agravada, cohecho y enriquecimiento ilícito.

16 de octubre de 2004

El ex directivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), José Antonio Lobo se presentó a ampliar su declaración, al parecer vinculaba nuevamente al ex secretario de la OEA de haber recibido $800 mil más de la empresa francesa Alcatel. Aparentemente Lobo habría afirmado, que dicha negociación se pactó incluso en el mismo despacho presidencial siendo Rodríguez presidente

16 de octubre de 2004

El juez penal de turno del Segundo Circuito Judicial de San José, Carlos Jovel Sánchez, decretó contra Rodríguez un arresto domiciliario de seis meses, que en principio serían 9 meses, luego que la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción le argumentara que el imputado intentó obstruir la investigación al pedirle a Lobo, para que mintiera a las autoridades judiciales en relación con los motivos por los cuales le depositó $140.000. Durante esos 6 meses el Ministerio Fiscal iba a investigar las acusaciones que pesaban en su contra para imputarle los correspondientes cargos penales. Asimismo, el juez Carlos Jovel Sánchez le impuso a Rodríguez pagar ¢250 millones en un plazo de diez días como caución, y le prohibió realizar cualquier tipo de transacción financiera.

22 de octubre de 2004

Una jueza penal suspendió el beneficio de casa por cárcel que se le había otorgado inicialmente a Rodríguez y ordenó que fuera trasladado a La Reforma, el principal centro penitenciario del país.

29 de octubre de 2004

El ex presidente de Costa Rica Miguel Ángel Rodríguez debió ser trasladado de la celda en que inicialmente fue recluido en el centro penal La Reforma, a otra celda dentro del mismo centro penitenciario, debido a que su presencia provocó inquietud e indignación entre los otros presos, quienes gritaban insultos al ex gobernante y amenazaban con «despacharlo» (matarlo) en venganza por una supuesta orden dada cuando era presidente, en el sentido de disparar contra cualquier reo que intentara escaparse.

15 de marzo de 2005

Rodríguez puso a responder la vivienda que tenía en San Rafael de Escazú -San José- para pagar la fianza de ¢250 millones que se le impuso para otorgarle el arresto domiciliario, además de no acercarse a los testigos y no salir del país. Se trata de una propiedad que está como patrimonio familiar, explicó Jorge Matamoros, uno de los abogados defensores. Luego de firmar en los tribunales de Goicoechea el endoso de la hipoteca de la finca a favor del Juzgado Penal de San José, Rodríguez fue trasladado hasta la residencia en Escazú.

23 de febrero de 2006

La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Corrupción y Tributarios del Ministerio Público solicita se declare en esta causa el procedimiento de tramitación compleja, a fin de gozar de mayores plazos y prerrogativas en su favor.

03 de marzo de 2006

El Juez Miguel Rolando Brenes Prado por resolución de las quince horas acoge esa solicitud y, además de ordenar la tramitación compleja, fija «el plazo de un año para concluir la investigación preparatoria”

16 de marzo de 2006

Esa resolución fue aclarada en respuesta a solicitud del propio Ministerio Público, reiterándose el establecimiento de 1 año de plazo.

25 de agosto de 2006

El diario panameño “La Prensa”, publica declaraciones del fiscal de Delitos Económicos, Corrupción y Tributarios de Costa Rica, Warner Molina, quien aseguró que el 90 por ciento de las cuentas bancarias de Rodríguez y del también ex presidente costarricense Rafael Angel Calderón (1990-1994) fueron descubiertas y congeladas en Panamá.

11 de septiembre de 2006

Rodríguez envía misiva al diario panameño “la Prensa”, donde aseguró que es falso que tenga cuentas bancarias en Panamá y denunció que en su país es víctima de violación de sus derechos humanos. «Ninguna cuenta mía ha sido embargada en Panamá», lo cual «habría sido, por demás, imposible pues no tengo cuenta alguna en ese querido país», aseguró el ex mandatario.

16 de marzo de 2007

Se cumplió el año adicional para la investigación, sin que presentase la fiscalía ni la solicitud de sobreseimiento ni la acusación.

19 de marzo de 2007

Los defensores del ex presidente Rodríguez solicitaron el sobreseimiento del caso, o sea no seguir más la causa pues no se puede continuar por incumplimiento del plazo para finalizar la investigación, tal como lo dispone el artículo 172 del Código Procesal Penal.

20 de marzo de 2007

El Ministerio Público contestó por medio de la Oficina de Prensa del Poder Judicial que «no conocen de ningún plazo dado por un juzgado penal para investigar y presentar la acusación correspondiente».

24 de marzo de 2007

Fiscal General costarricense declaró al respecto: «No es cierto que exista un plazo; se está manteniendo un contexto de la línea judicial y una vez que se haga la solicitud al juez tenemos que contestar en tres días, a más tardar. Es mentira que el Ministerio Público tenga plazo establecido para tramitar la acusación.» A partir de la fecha, el Fiscal General disponía de diez días para presentar o no la acusación.

27 de julio de 2007

La fiscalía acusó formalmente a Rodríguez por recibir sobornos junto a otras diez personas más, entre ellos ex funcionarios del ICE y de Alcatel en Costa Rica.

05 de agosto de 2007

Christian Sapsizian, ex vicepresidente para Latinoamérica de Alcatel, admitió en EE.UU. haber dado sobornos a funcionarios de la administración del ex presidente de Costa Rica (1998-2002) y ex secretario general de la OEA, Miguel Ángel Rodríguez, según un comunicado del Departamento de Justicia norteamericano.

06 de agosto de 2007

El abogado de Rodríguez, Rafael Gairaud, aseguró que «desgraciadamente muchos sistemas judiciales incluidos el de Costa Rica y Estados Unidos manejan un mecanismo para que personas corruptas puedan obtener beneficios como penas mínimas a cambio de decir mentiras». El abogado dijo que en la primera declaración que rindió Sapsizian en Francia, negó haber conocido al ex presidente Rodríguez y afirmó que «esa declaración la hizo en libertad, no bajo la amenaza de ir 20 años a prisión».

19 de marzo de 2008

Las autoridades costarricenses embargaron el salario de profesor universitario que recibía el ex presidente Miguel Angel Rodríguez, así como los bienes de otros sospechosos de corrupción en el estatal Instituto Nacional de Seguros (INS). Los embargos fueron ordenados la semana pasada por un juez, quien atendió un reclamo civil de la Procuraduría de la Ética, órgano adscrito a la Procuraduría General de la República. El ex mandatario se desempeña como profesor de un curso de Comercio Internacional en la Escuela de Economía de la estatal Universidad de Costa Rica (UCR), donde recibía un salario aproximado de 320 dólares mensuales.

Junio 2008

Las medidas de firmar cada mes, no acercarse a los testigos, no salir del país y una fianza de ¢250 millones, que fue asegurada con la hipoteca de una propiedad vencieron y el juez en forma automática las prorrogó, por eso de nuevo presentaron una apelación.

01 de julio de 2008

Rodríguez denunció al fiscal general, Francisco Dall’Anese, por no perseguir penalmente al principal testigo en un juicio que se sigue en su contra por delitos de corrupción. Rodríguez se apersonó a las oficinas del Ministerio Público (Fiscalía) en compañía de sus abogados y presentó cargos contra Dall’Anese por «incumplimiento de deberes» y «favorecimiento personal». Por el contrario «lo ha protegido en contra de lo que establece el Código de Procedimiento Penales», señaló Rodríguez.

02 de agosto de 2008

El tribunal levantó las medidas cautelares que recaían en Rodríguez, debido a una apelación presentada por los defensores de Rodríguez ante una resolución que solicitaba una prórroga a las medidas cautelares establecidas por la causa ICE-Alcatel, en la que es sospechoso de enriquecimiento ilícito.

01 de septiembre de 2008

Un juez de San José abrió una audiencia preliminar sobre el caso de Rodríguez en el cobro de comisiones ilegales, que podría llevarlo a juicio en los próximos meses. El juez rechazó un recurso de la defensa que pretendía posponer la fecha de la audiencia, a fin de excluir del proceso al testigo principal de la Fiscalía, el ex colaborador del gobierno de Rodríguez (1998-2002) José Antonio Lobo

12 de noviembre de 2008

Tribunal Penal del II Circuito Judicial de Goicoechea determinó elevar a juicio el caso del ex presidente costarricense Miguel Angel Rodríguez pero eliminó de la acusación el delito por corrupción agravada. Los cargos por enriquecimiento ilícito quedaron reducidos a dos. La restricción regía por la causa en la que se le acusa de haber recibido, supuestamente, pagos de la re aseguradora PWS, entre 1999 y el 2002, por unos $706.135, hecho que él niega.

19 de diciembre de 2008

A petición de la Fiscalía de delitos económicos, un juzgado de San José restableció el impedimento de salida del país al ex presidente costarricense y ex secretario general de la OEA Miguel Ángel Rodríguez, por su relación con un caso de presunto peculado en el Instituto Nacional de Seguros (INS). Rodríguez debe firmar en los tribunales cada 15 días, entregar su pasaporte y mantener un domicilio fijo.

22 de diciembre de 2008

El expresidente Miguel Ángel Rodríguez apeló las medidas cautelares dictadas en su contra la semana pasada por el Juzgado Penal de Hacienda, y las calificó de “injustificadas”.

13 de abril de 2010

Cinco años y medio después de su renuncia como secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), el ex presidente costarricense Miguel Angel Rodríguez irá a juicio el miércoles acusado de dos delitos de enriquecimiento ilícito como parte del caso conocido como ICE-Alcatel. El escándalo se destapó en el 2004 y motivó la renuncia de Rodríguez a la OEA en octubre de ese año. Poco después retornó a Costa Rica donde fue esposado y bajado del avión frente a las cámaras de televisión. El ex gobernante estuvo unos meses en prisión. Rodríguez fue involucrado por su entonces amigo y ex miembro de la junta directiva del ICE, José Antonio Lobo, quien alegó que el ex mandatario le exigió un 60% del soborno de Alcatel, por lo que le giró poco más de 800.000 dólares. Lobo es testigo de la Fiscalía, por lo que no figura entre los acusados.El inicio del juicio fue dilatado principalmente por esperar el final de otro proceso por corrupción al también ex presidente Rafael Angel Calderón (1990-1994) por pagos indebidos en una compra de equipo a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). En ambos casos figura como acusado el ex presidente de la CCSS Eliseo Vargas, quien en octubre del año pasado recibió una condena a cinco años de prisión, la misma impuesta a Calderón, que se convirtió así en el primer ex gobernante condenado por corrupción. El fallo está en apelación.