Negociar una sentencia e ingresar al Programa de Testigos Protegidos en Estados Unidos no van necesariamente de la mano y, por ello mismo, no dejan de ser especulativas las versiones que anticipan que Arturo Murillo, exministro de Gobierno, opte por una negociación que implique una declaratoria como ésta, que se aplica en ese país desde la década de los años 70 para casos relacionados con el crimen organizado y el narcotráfico.
Antilavadodedinero / eju
Autoridades y especialistas en la materia, incluso legisladores del oficialismo y de la oposición, coincidieron en que es muy probable que el exministro negocie su sentencia (o incluso que ya lo haya hecho), pero su eventual acogida al programa de protección de testigos implicaría un proceso más complejo y absolutamente reservado.
Murillo se expone a una sentencia de 20 años por lavado de dinero y 15 años por soborno en el caso de los recursos que circularon por el sistema financiero estadounidense por la compra con sobreprecio de equipamiento antidisturbios en 2019.
Para disminuir la pena, podría negociar de inicio con dos elementos: su declaratoria de culpabilidad y su contribución a la justicia con información relevante para el esclarecimiento del caso en el que es procesado.
No es que vaya a negociar con información referida a otro caso. En distintas entrevistas, dos especialistas coincidieron con este criterio: Eduardo Gamarra, docente de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de Florida, y Thomas Becker, abogado estadounidense que defendió con éxito a las víctimas de la denominada “guerra del gas” en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.
“Las negociaciones per se, en este momento, son relativas al caso y, sobre todo, me imagino que también hubo una negociación respecto al monto de la fianza”, afirmó, por ejemplo, Gamarra. Dijo además que la negociación podría incluir hasta la posibilidad de evitar su deportación luego de cumplir su sentencia. “Conozco algunos casos así”, dijo en una entrevista con radio Fides.
Becker coincidió en ello y agregó además que la pena que el fiscal pedirá para Murillo pudiera no ser necesariamente la máxima. “Eso suele ocurrir”, dijo.
Recordó que el futuro judicial del exministro se decidirá el 9 de julio, cuando, en una audiencia pública en Miami, se determine la continuidad o no del proceso y se presente la imputación formal. Consideró que existen las pruebas suficientes para ello.
Ya después se avanzaría con los términos de la negociación (si no lo hace ingresa en un juicio oral que podría durar hasta un par de años), algo que el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, prácticamente da por hecho.
“Estarían negociando sus abogados una forma más ventajosa de llegar al juicio que normalmente ocurría cuando la persona se declara culpable y podría dar información y acceder a beneficios en cuanto a la rebaja de condena”, dijo en conferencia de prensa.
“Habrá sorpresas el 9 de julio, no adelanto nada, pero seguramente algo va a tener que negociar”, proyectó.
En el oficialismo y en la oposición dan por hecho que Murillo negocia su condena. El diputado Juan José Jáuregui (MAS), por ejemplo, dijo que la postergación de la audiencia, del 7 de junio al 9 de julio, ya es anuncio de una “confesión anticipada”, por lo que resta esperar “las revelaciones” que haga la exautoridad.
Para la senadora Centa Reck (Creemos), el Gobierno está nervioso por las revelaciones que haga el exministro. “Lo único que pienso es que ojalá Murillo sea responsable y que destape la olla”, dijo.
En el caso de su eventual acogida al Programa de Testigos Protegidos (Witness Security Program) Murillo tendría que reunir algunas condiciones y la información que proporcione tendría que estar referida al crimen organizado, al narcotráfico o a un delito federal o estatal grave que ponga en riesgo su vida.
El exministro ciertamente condujo por casi un año una cartera que manejó la lucha contra el narcotráfico, pero el proceso que se le sigue es por soborno y lavado de dinero.
En todo caso la posibilidad no está plenamente descartada, aunque, de ser así, el asunto no sería público en ningún momento, según analizó Gamarra.
“Puede ser que el señor Murillo esté diciendo que tiene gran información sobre los tentáculos del narcotráfico en Bolivia, o lo que sea, pero si lo declaran testigo protegido, no habrá una conferencia de prensa, nadie se va a enterar. Conozco muchísimos casos de individuos que han ingresado al sistema de protección y en pleno caso simplemente desaparecen, precisamente porque la vida de ellos corre riesgo. Les cambian la identidad, el domicilio…”, explicó.
Murillo fue arrestado el 26 de mayo en Estados Unidos y permanece privado de libertad en el Centro de Detención Federal (FDC) de Florida.
Proceso en EEUU
- Caso El exministro de Gobierno es investigado por lavado de dinero y soborno en el caso de una compra de equipamiento antidisturbios realizada a fines de 2019 mediante la empresa Bravo Tactical Solutios (BTS), que tiene su base de operaciones en Estados Unidos.
- Investigados Junto con él fueron arrestados el dueño y el gerente de la empresa BTS, Luis y Bryan Berkman, su exjefe de gabinete, Sergio Méndez, y el empresario Philip Lichtenfeld. Los tres primeros fueron beneficiados con medidas sustitutivas y el pago de fianzas.
- Proceso La audiencia que definirá el futuro del exministro de Gobierno se realizará el 9 de julio, luego de que la convocada para el 7 de junio fuera postergada tras gestiones de la defensa de la exautoridad.
La protección de testigos no se filtra y es de alta seguridad
Witness Security Program (Witsec) es un programa del Departamento de Justicia de Estados Unidos que ofrece protección a testigos que puedan ayudar en un juicio federal o estatal en casos graves relacionados con el crimen organizado, el narcotráfico, terrorismo u otros.
El Servicio de Alguaciles de EEUU es el que proporciona “salud y seguridad a los testigos del Gobierno y sus dependientes inmediatos, cuyas vidas corren peligro como resultado de su testimonio contra narcotraficantes, terroristas, miembros del crimen organizado y otros criminales importantes”, refiere su página web.
El programa fue iniciado en 1970 y ha protegido con éxito alrededor de 19.000 participantes, que, cuando se acogen a él, cambian de identidad y de lugar de residencia, generalmente con su familia más cercana, y reciben un soporte económico para iniciar su nueva vida y asistencia para obtener una fuente laboral acorde con sus capacidades.
Los testigos protegidos prácticamente desaparecen de su círculo habitual de vida una vez que proporcionaron la información y reciben el beneficio. El docente Eduardo Gamarra dice que es “muy difícil” saber con anticipación si alguien se acogió a este programa, “a no ser que uno esté en la sala de negociación con los abogados”. Lo que suele ocurrir es que dejan de asistir a las audiencias en los casos en los que están investigados y renuncian a su vida anterior para iniciar una nueva, justamente porque existe riesgo para su integridad física.
Los testigos reciben, según cada caso, documentos, vivienda y pagos por el tiempo que sea definido por la autoridad, ya que luego deben generar recursos para su subsistencia.
