Hace unos días, Rusia, se quejó de que el tratado se había colmado de salvaguardias de derechos humanos, al tiempo que acusaba a los países de perseguir “objetivos egoístas” amparándose en supuestos valores democráticos.
Naciones Unidas aprobó este jueves por unanimidad su tratado contra la ciberdelincuencia, que deberá presentarse ante la Asamblea General para ser oficializado y supondría un paso definitivo tras tres años de negociaciones.
El tratado tiene como objetivo “prevenir y combatir la ciberdelincuencia de manera más eficiente y eficaz”, especialmente en lo que respecta a abuso de menores y blanqueo de capitales.
Este texto, el primero de este tipo elaborado por un comité ‘ad hoc’ de la ONU y que entrará en vigor inmediatamente después de ser ratificado, surgió en 2017 de una iniciativa promovida por Rusia y contó con la oposición de EE.UU. y naciones europeas.
Hace unos días, Rusia, que históricamente ha apoyado el proceso de redacción, se quejó de que el tratado se había colmado de salvaguardias de derechos humanos, al tiempo que acusaba a los países de perseguir “objetivos egoístas” amparándose en supuestos valores democráticos.
Además, centenares de activistas y organizaciones de la sociedad civil como Human Rights Watch (HRW) han alertado de los supuestos peligros que entraña porque podría ser utilizado por los distintos gobiernos como una herramienta de represión y vigilancia.
“Prevemos que a medida que los países avancen en la ratificación del tratado, este se enfrentará a un considerable escrutinio y a la oposición de los legisladores y del público debido a la amenaza que supone para los derechos humanos”, aseguró la directora adjunta del departamento de Tecnología de HRW, Deborah Brown, este jueves.
Y es que el tratado podría ampliar la vigilancia gubernamental en términos de cooperación transfronteriza, pero sin las salvaguardias adecuadas para proteger a las personas de los abusos de poder.
Así, sus detractores del tratado denuncian que su ámbito de aplicación es demasiado amplio y afirman que podría equivaler a un tratado de “vigilancia” mundial y utilizarse con fines represivos.
