El escándalo de los diputados, entonces opositores, que hicieron gestiones en favor del empresario Alex Saab, cayó en el olvido: mientras los señalados parecen a punto de quedar reelegidos este domingo, los resultados de la investigación prometida hace exactamente un año por Juan Guaidó, como jefe de la Asamblea Nacional, aún no se conocen.
Antilavadodedinero / Armando.Info
Sin embargo, los testimonios que han trascendido de los parlamentarios involucrados en el caso e interrogados durante las pesquisas, así como de los trabajadores de la Comisión de Contraloría de la AN -donde se gestaron y a cuyo nombre se presentaron los documentos en apoyo de Saab- arrojan nuevos detalles sobre el desorden administrativo y caos institucional que reinaron en esa instancia del parlamento, dominado por la oposición desde 2015. Los favores al contratista consentido del chavismo no fueron ni una casualidad ni los únicos.
Hasta hace un año Luis Parra era un auténtico desconocido para los venezolanos, a pesar de haber conquistado en las elecciones de diciembre de 2015 una curul de la Asamblea Nacional por el estado Yaracuy. Apenas mantenía alguna relevancia en la agenda pública de esa entidad del centro occidente del país mientras, en Caracas, se confundía en el lote de diputados levantamanos en el parlamento dominado por la oposición.
Eso cambió por completo hace un año. Una revelación periodística mostró que ese bajo perfil público no se correspondía con el papel salidor que Parra cumplía entre un grupo de diputados del interior del país, todos de partidos de oposición y la mayoría de ellos enquistados en la Comisión de Contraloría, que se habían coordinado para favorecer a Alex Saab, el empresario favorito de Nicolás Maduro y principal beneficiario del negocio detrás de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (Clap).
Fue una tormenta que golpeó a la oposición venezolana y obligó al presidente interino Juan Guaidó, en su rol de presidente de la Asamblea Nacional (AN), a ordenar una investigación. Doce meses después, el informe definitivo sobre lo sucedido en la Comisión de Contraloría del parlamento todavía no se conoce. Pero ese retraso en las diligencias y los resultados oficiales no ha impedido que saliera a relucir un cúmulo de irregularidades en la comisión, que van más allá del caso Saab.
El 1 de diciembre de 2019 Armando.info publicó un primer reportaje sobre el tema. Horas después, Guaidó anunció la “intervención” de la Comisión de Contraloría, donde se gestaron los polémicos documentos para lavar la reputación de Saab, especialmente ante organismos del extranjero, y la creación de una “comisión especial” para revisar la actuación de los legisladores.
Esa instancia empezó a funcionar el 3 de diciembre y durante dos semanas entrevistó a los parlamentarios involucrados en el escándalo, al secretario y a los trabajadores de la Comisión de Contraloría. Pero el asunto cayó en el olvido.
Ni el viraje político que a partir de ese momento encabezó Parra y siguió el resto de involucrados que, con el apoyo del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), intentaron tomar la Presidencia de la AN el 5 de enero del 2020; y ni siquiera el reparto entre los parlamentarios coludidos del control de algunos partidos políticos opositores, con sus siglas y colores, por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), controlado por el chavismo, han empujado el finiquito y publicación del informe oficial sobre el caso.
Las pesquisas iniciales se centraron en las gestiones que en favor de Alex Saab realizaron esos diputados, adscritos entonces a partidos opositores como Primero Justicia, Voluntad Popular y Un Nuevo Tiempo.
En abril de 2019 hasta siete de ellos (Luis Parra, José Brito, Conrado Pérez, Chaim Bucarán, Adolfo Superlano, Richard Arteaga y José Luis Pirela, este último de la Fracción Parlamentaria 16 de julio) visitaron en secreto Portugal, Bulgaria y el principado de Liechtenstein, jurisdicciones todas europeas donde marchaban averiguaciones judiciales contra Saab. Poco después, en octubre, Brito y Superlano fueron a Colombia para abogar en la Fiscalía de ese país por socios y compañías vinculadas a Saab tras consignar un documento en el que aparecían las firmas de seis de esos parlamentarios junto a las de otros tres: Guillermo Luces, William Barrientos y Héctor Vargas.
Las entrevistas realizadas por la “comisión especial” y otros documentos ventilados durante la investigación confirman las gestiones en favor del empresario consentido de Nicolás Maduro, detenido desde el pasado 12 de junio en Cabo Verde por pedido de Estados Unidos y todavía en espera de su posible extradición a este último país.
Pero esa misma indagación empezó a poner en evidencia una larga lista de anomalías que prueban la informalidad que llegó a reinar en la Comisión de Contraloría del parlamento venezolano: inconsistencias en los expedientes, tachaduras en esos documentos, folios y oficios desaparecidos, subcomisiones fantasmas, emisión previa de cartas de “buena conducta” a otros empresarios distintos a Saab, alteraciones en el archivo y dudas sobre el debido uso de los sellos, entre otras desviaciones.
“¿Alguna irregularidad anexa que conozca y nos la pueda expresar, en el procedimiento, en la forma, en el fondo?”, preguntó el diputado Edgar Zambrano, de Acción Democrática y presidente de la “comisión especial” nombrada por Guaidó, a la jefa de Correspondencia de la Comisión de Contraloría.
“Irregularidades, unas cuantas”, resumió la funcionaria, Angilibel Santiago, en una entrevista realizada en el parlamento el 5 de diciembre de 2019, sólo cuatro días después de la publicación del reportaje que revelaba el intento de blanqueo por parte de los legisladores a las empresas de Alex Saab.
Sello invisible
Una fecha resulta clave en ese desastre administrativo. El 10 de julio de 2019 el diputado Conrado Pérez, del partido Primero Justicia (PJ), envió una comunicación a la “unidad de Correspondencia” de la Comisión de Contraloría en la que se proclamaba “presidente encargado” y solicitaba “una relación completa de la Unidad de Correspondencia y el manejo de la misma (libros, sistemas, sellos y equipos), ya que en mi gestión deseo mejorar el funcionamiento de la comisión”.
Pérez acababa de reemplazar a Freddy Superlano, diputado por el estado Barinas del partido Voluntad Popular (VP), quien hasta entonces presidía de manera oficial la Comisión de Contraloría, pero que en mayo de 2019 salió del país luego de que la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente, controlada por el chavismo, allanara su inmunidad parlamentaria con miras a procesarlo judicialmente. Sin registros, ni actas que avalen ese nombramiento, Conrado Pérez asumió el control al pasar de vicepresidente a presidente encargado.
“Cuando a nosotros nos hicieron la auditoría en el mes de julio, tanto a la dirección de Secretaría como a Correspondencia les quitaron las atribuciones, todo tenía que pasar por las manos de Conrado Pérez, todo. (…) Entonces allí se generó una confusión, porque se decía que lo pedía el vicepresidente, pero salía como presidencia”, explicó Santiago, la jefa de Correspondencia, el 5 de diciembre de 2019. Además de Edgar Zambrano, la comisión investigadora designada por Guaidó estaba formada por Stalin González y Marialbert Barrios, de Un Nuevo Tiempo y Primero Justicia, respectivamente.
Para el momento en que Conrado Pérez asumió la dirección de la Comisión de Contraloría, el diputado ya había viajado a Europa junto a los otros seis parlamentarios para consignar ante autoridades los papeles en defensa de los negocios de Alex Saab con el chavismo. Él aparece en una foto junto a Luis Parra y Richard Arteaga en Sofía, la capital de Bulgaria. Incluso, a finales de 2018, ya había firmado cartas absolviendo a Alex Saab y sus empresas.
“¿Cómo compruebo yo que el señor Saab es o no es testaferro de Maduro? ¿Que esas tiendas [las tiendas Clap] son tiendas de maletín? Comprobamos que no son tiendas de maletín y así sucesivamente”, se defendió Pérez ante la comisión investigadora el 9 de diciembre de 2019.
En abril de 2019 hasta siete diputados viajaron en secreto a Europa para hacer gestiones en favor de Alex Saab y sus negocios con el chavismo.
Algunos de los documentos llevados a Europa en favor del empresario colombiano tenían la firma de los viajeros, mientras que otros aparecían suscritos por Freddy Superlano, quien no participó de esas expediciones y siempre ha negado haber avalado los papeles. En las entrevistas posteriores con el personal de la comisión saldría a relucir un uso indebido del sello presidencial que se había hecho consuetudinario.
“El Presidente [de la Comisión de Contraloría] era Freddy Superlano, pero no había presidente en la comisión, porque para ese entonces él ya se encontraba en el exilio y se había llevado el sello, entonces no hay sello de Presidencia aquí”, relató la jefa de Correspondencia. En su interpelación el propio Superlano reconoció que él mantuvo el sello presidencial aún luego de su salida del país. “Yo tengo la representación de la comisión (…) Cuando me allanan la inmunidad parlamentaria, era un sello que yo tenía”, admitió Superlano ante la comisión investigadora el 11 de diciembre de 2019.
La jefa de Correspondencia relató, además, que desde 2017, cuando Juan Guaidó estuvo al frente de esa instancia, el sello de la presidencia la Comisión de Contraloría no reposaba en la oficina. “En el año 2017, con Juan Guaidó, se llevaron el sello de presidencia, no supimos más (…) Sí supimos del sello porque si se necesitaba sellar algo venía su asistente y sellaba.
En el 2018, cuando se hace el cambio de la presidencia de la comisión, en vez de él entregarle el sello a la comisión, o en este caso a nosotras que fuimos quienes se lo entregamos, se lo entregó a Freddy Superlano. Entonces, supongo que el diputado asumió que el deber de él era cargar el sello, pero no era el deber ser. El deber ser es que el sello permanezca en correspondencia”.
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