De acuerdo con la evaluación nacional de riesgo, elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), los principales delitos determinantes que generan fondos ilegales son: el tráfico de drogas, la corrupción y la evasión fiscal.
En la lucha contra los flujos financieros ilícitos, la senadora Minerva Hernández Ramos, del PAN, advirtió que el lavado de dinero socava el Estado de derecho, además de que la actividad criminal debilita la economía nacional al desviar recursos que puede contribuir al gasto público en la forma en que prevén las leyes.
En foro Flujos financieros ilícitos, retos para enfrentar a la delincuencia organizada, organizado por el Instituto Belisario Domínguez (IBD), dio a conocer que el informe de evaluación mutua, realizado en enero del año pasado por el Grupo de Acción financiera (GAFI-FATF), señala que podrían estar ingresando al país grandes cantidades productos del delito generado en jurisdicciones extranjeras, a través de transferencias electrónicas, internacionales o incluso en efectivo.
Esto quiere decir, que si bien en México se ha avanzado en la consolidación y fortalecimiento del marco jurídico para controlar el flujo de dinero que proviene de actividades delincuenciales, la sofisticación de las operaciones que se realizan con este tipo de recursos ha contribuido a la impunidad del lavado de dinero.
En foro convocado por el órgano especializado encargado de realizar investigaciones estratégicas, de la Cámara de Senadores, consideró imperativo que la legislación debe ser dinámica y la fiscalización e investigación de las operaciones de lavado de dinero reditúen en un combate eficaz.
“Esta ineficacia se traduce de manera indirecta en la falta de rendición de cuentas, opacidad en las cifras y la alarmante situación de impunidad que enfrenta la sociedad y las consecuencias económicas del lavado de dinero al ser ilegales no pueden fiscalizados ni formar parte de una cadena productiva, de valor, ni mucho menos ser parte a la contribución al gasto público de la nación”, señaló Minerva Hernández.
Ante la sofisticación de las operaciones financieras, la panista ha propuesto iniciativas para reformar la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública en atención al artículo 34 de dicha legislación donde se prevé que: “en la Ciudad de México y las entidades federativas se establecerán consejos locales encargados de la coordinación, planeación e implementación del Sistema Nacional de Seguridad Pública”.
En esa virtud se propone la creación de unidades de inteligencia patrimonial estatales, órganos que tendrán a cargo la recepción y análisis de información relacionada con el lavado de dinero, así como la prevención y detección de operaciones de recursos de procedencia ilícita y acciones relacionadas con la recuperación de activos derivados de estos.
En una reflexión sobre los mecanismos de inteligencia financiera, la investigadora Carla Angélica Gómez Macfarland señaló que estos pueden ser exitosos para contrarrestar los efectos de la delincuencia organizada y desde el Senado de la República tener alcance para atacar al crimen organizado con reformas a la legislación aplicable.
ALD/Mexicoquadratin
