Diputados de varios partidos políticos de la oposición venezolana según fuentes se vienen prestando desde hace varios meses para realizar por encargo gestiones informales ante organismos internacionales como la Fiscalía de Colombia y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Quienes emiten cartas de buena conducta a favor de los responsables de los negociados en torno a las importaciones para los combos CLAP, con el objetivo de que esos organismos absuelvan a empresarios como Carlos Lizcano, subalterno de los ya sancionados Alex Saab y Álvaro Pulido.
Por Armando.info
Era solo un secreto a voces: que el largo brazo del empresario colombiano Alex Nain Saab Morán -uno de los principales contratistas del Gobierno de Nicolás Maduro, sancionado en julio por la Administración Trump junto a su socio Álvaro Pulido por su participación en el esquema de importaciones para el programa estatal de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), procesado en Florida por Lavado de Dinero e investigado en otras jurisdicciones por la opacidad de sus negocios- había entrado a la Asamblea Nacional (AN), dominada por la oposición venezolana y declarada en desacato por el chavismo, hasta alcanzar a algunos diputados y controlar sus actuaciones.
Las alarmas se dispararon cuando José Guerra, parlamentario del partido Primero Justicia (PJ), avisó por Twitter el pasado 6 de noviembre que estaba en marcha lo que llamó, sin dar muchos detalles, la Operación Maletín Verde para comprar a alguno de sus colegas. La especie cobró fuerza unos días más tarde cuando, también por Twitter, circularon otros documentos supuestamente suscritos en 2018 por diputados de la Comisión de Contraloría -hubo quien los calificó de apócrifos, y la propia Fiscal General en el exilio, Luisa Ortega Díaz, uno de presuntos destinatarios, negó haberlos recibido- para descargar de culpas a Saab.
Porque documentos y comunicaciones a las que Armando.info tuvo acceso revelan que desde antes de 2018 se venía tejiendo una trama para otorgar indulgencias a los responsables de los negociados para el suministro de importaciones para los combos CLAP. El esquema incluye a varios diputados de oposición, algunos de ellos integrantes de la Comisión de Contraloría del parlamento nacional, en la práctica, la única instancia anticorrupción que opera en Venezuela con autonomía respecto al chavismo gobernante.
Por el lado de los parlamentarios: Luis Eduardo Parra Rivero, un diputado de PJ por el estado Yaracuy, integrante de la Comisión de Medio Ambiente.
Su contraparte en la otra esquina: Carlos Rolando Lizcano Manrique. Lizcano es también empresario colombiano, tal como la dupla de Saab y Pulido, bajo cuyas órdenes actúa. Figura en los papeles como propietario de Salva Foods 2015, la compañía que maneja las Tiendas CLAP, surgidas luego de una suerte de privatización encubierta de la extinta red estatal Abastos Bicentenario, que tuvo lugar entre 2016 y 2017 con la bendición de Nicolás Maduro.
Las negociaciones entre Luis Parra y Carlos Lizcano han sido constantes y dieron lugar a la conformación de un grupo informal de diputados, representantes tanto de Primero Justicia como de otros partidos de oposición, que se movilizó en favor de los empresarios colombianos y su vasta red de negocios con el chavismo, siempre en expansión desde 2013.
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