La empresa Avalúos, lavadora de dinero del cártel de Sinaloa y propiedad de Manuel Rodolfo Trillo, La Trilladora, que financió la tercera fuga de El Chapo, costeó la compra de un departamento al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Antilavadodedinero / milenio
La UIF detectó una triangulación de recursos desde una empresa fachada de la que es accionista el acusado de haber pagado el túnel por el cual escapó el capo del penal del Altiplano en 2015, a uno de los prestanombres del mandatario panista, Juan Francisco Tamez y su empresa T Seis-Doce.
En el esquema que sirve de explicación a la denuncia presentada por la UIF contra García Cabeza de Vaca y que explicó ayer a la Sección Instructora, que analiza la solicitud de desafuero del gobernador presentada por la FGR, detallan la transacción.
En su intervención, el titular de la UIF, Santiago Nieto, expuso que el gobernador utilizó esquemas de adquisición de inmuebles a través de empresas que operadoras del cártel de Sinaloa.
“Es importante plantear no solamente el movimiento de 42.6 millones de pesos que existen entre una y otra empresa, sino que hay tres que terminan enviando recursos, y la empresa fachada remite a una cuarta empresa por cantidades importantes, 3 millones, 2.5 millones y 875 mil pesos en marzo de 2014.
“La UIF había presentado una denuncia con estas empresas por haber sido mecanismos que tenía el cártel de Sinaloa para lavar dinero… eso no quiere decir que ese grupo esté relacionado con Francisco N, lo que quiere decir es que las dos empresas, con las que tiene transacción financiera, fueron utilizadas por la Sofom, son empresas que han sido utilizadas por el crimen organizado”, aclaró.
EL HECHO
El 17 de diciembre de 2013, García Cabeza de Vaca era senador del PAN y compró junto con su esposa, Mariana Gómez Leal, un departamento en Santa Fe por 14 millones 380 mil pesos.
Seis años después, el 17 de diciembre de 2019, ya como gobernador, vendió el inmueble a T Seis Doce SA de CV por 42 millones 113 mil pesos, lo que la UIF califica como una “simulación de compraventa para justificar recursos de posible origen ilícito”.
De acuerdo con la solicitud de desafuero, T Seis Doce SA de CV “no declaró ingresos” de 2014 a 2018. Las investigaciones de la UIF detallan que en 2019, Avalúos, de Manuel Rodolfo Trillo, La Trilladora, recibió 46.3 millones de pesos de seis empresas fachada vinculadas con el cártel de Sinaloa.
Meses más tarde transfirió a T Seis Doce SA de CV 44.8 millones de pesos con los que la firma pagó el departamento de García Cabeza de Vaca. Las indagatorias de la unidad de Santiago Nieto revelan que T Seis Doce, Avalúos y otra firma de La Trilladora comparten domicilio fiscal: Antiguo Camino a Huixquilucan 15, que de acuerdo con la FGR “es un taller mecánico”.
En 2019, García Cabeza de Vaca también fue beneficiario de cinco transacciones y un cheque en su cuenta de Banco Regional 075779290018 por 36 millones 861 mil pesos de T Seis Doce SA de CV.
Mientras que el año anterior la empresa de Juan Francisco Tamez recibió de otro prestanombres, Baltazar Higinio Reséndez Cantú, 33 millones de pesos; este último señalado por el Fincen del Tesoro de EU, como “sospechoso de lavado”. Las empresas de Reséndez Cantú recibieron 497.4 millones de pesos de diversas licitaciones con el gobierno de Tamaulipas, Pemex y Conagua.
SE DEFIENDE
García Cabeza de Vaca pidió a la Sección Instructora desechar las especulaciones presentadas por la UIF por ser ilegales y no estar vinculadas con la materia de la solicitud de desafuero presentada por FGR; además de que la audiencia pública violó la presunción de inocencia y la privacidad.
En un video, explicó que el sustento de la acusación en su contra se basa exclusivamente en la compraventa de un departamento que fue reportado con toda puntualidad en sus declaraciones patrimoniales y fiscales: “Resulta lamentable que Nieto exponga información que no guarda vinculación con el caso, peor aún que además incluyera datos y conjeturas notoriamente falsas”.
Señaló que Nieto reconoció que no tiene vínculos con el crimen organizado: “Aceptó que no tuvo elementos para sustentar el supuesto robo de armas que mencionó en su intervención.
“Quedó más que claro que no hay pruebas en las denuncias y en el expediente de todas esas fantasiosas imputaciones, ninguna de las casas que mostró en su presentación es de mi propiedad”, por lo que pidió desechar las “especulaciones” por ser ilegales.
“Rechazo la violación del titular de la UIF al debido proceso de mi defensa con la difusión pública de datos que faltan a la verdad, así como el manejo arbitrario de mi caso en comparación con el de otras líneas de trabajo de la UIF”.
