Apenas unos días después de que la Fiscalía de El Salvador emitiera una orden de búsqueda y captura para el expresidente de la nación, Salvador Sánchez Cerén, las autoridades de Nicaragua nacionalizaron al mandatario y su familia. Con esta acción, el líder izquierdista no podrá ser extraditado por la Justicia de su país, que lo investiga por malversación de fondos y corrupción, unos señalamientos que el FMLN tilda de «persecución política».
Antilavadodedinero / France24
Una nueva y controvertida acción del Gobierno de Nicaragua. Este viernes 30 de julio, las autoridades del país centroamericano otorgaron la nacionalidad nicaragüense al expresidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén y a su familia.
El exmandatario con pasado guerrillero de 77 años se convierte así en el segundo líder salvadoreño requerido por la Justicia de su país por delitos relacionados con la corrupción de efectivos en ser nombrado ciudadano de Nicaragua por el Ejecutivo de Daniel Ortega.
Una decisión que está envuelta en polémica puesto que, ya que con esta concesión, el salvadoreño no podrá ser extraditado para responder ante los jueces de su país y evita así cualquier condena de cárcel o multa por los casos que lo relacionan con lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
“El expresidente Salvador Sánchez Cerén es oficialmente un prófugo de la Justicia. Por cierto, salió de nuestro país vía frontera terrestre en diciembre 2020 y jamás regresó”, escribió en Twitter el actual presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
Delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de efectivos
Unas acusaciones por las que el pasado 22 de julio, un juez de la nación emitió una orden de búsqueda y captura internacional y el arresto preventivo de diez exfuncionarios del Gobierno salvadoreño, incluido el exmandatario, del partido de izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), afín al partido de Ortega, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
«Todas estas personas están siendo acusadas por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero», indicó una representante de la Fiscalía General de la República de El Salvador el pasado 25 de julio, añadiendo: «hemos logrado determinar que estas personas cometieron los ilícitos cuando desempeñaron sus cargos» al recibir dinero en efectivo «al margen de la ley», dijo la representante del ente acusatorio.
Cuando se conoció la noticia de las acusaciones contra Sánchez Cerén, decenas de militantes del FMLN, actualmente partido de oposición, protestaron cerca de la sede de los tribunales en San Salvador, denunciando que las capturas se dieron sin seguir los procedimientos legales.
El anuncio de su nueva nacionalidad fue publicado en el diario ‘La Gaceta’, un medio de comunicación estatal afín al Gobierno autoritario de Ortega. Este indica que tanto la esposa de Sánchez Cerén, Rosa Margarita Villalta, como su hija y tres nietos gozan ahora de la nacionalidad nicaragüense.
«Sánchez Cerén gozará de los derechos y prerrogativas que las leyes (nicaragüenses) le otorgan»
La ministra del Interior, María Amelia Coronel fue la encargada de firmar la naturalización de la familia del político izquierdista apenas dos días después de que las autoridades salvadoreñas emitieran la orden de captura.
«El ciudadano Salvador Sánchez Cerén gozará de los derechos y prerrogativas que las leyes le otorgan y estará sujeto a las obligaciones que corresponden a los nacionales nicaragüenses, de conformidad con lo establecido en la Constitución», reza el comunicado del Ministerio del Interior.
Sánchez Cerén ejerció la Presidencia entre 2014 y 2019, pero las autoridades judiciales de El Salvador lo investigan por acciones tomadas durante su cargo como vicepresidente en el Gobierno de Mauricio Fuentes, quién se convirtió en el primer mandatario salvadoreño en recibir la nacionalidad del país vecino y evitó así a la Justicia salvadoreña.
Implicación en el caso ‘Saqueo Público’
Los presuntos delitos del político ocurrieron durante el mandato de Fuentes –sobre quien pesan seis órdenes de captura por varios actos delictivos relacionados con corrupción financiera– y habrían permitido el enriquecimiento ilícito del exmandatario a través de transferencias de fondos no autorizadas. El caso es conocido como ‘Saqueo Público’ y ocurrió durante los años 2009 a 2014. En ese periodo, Sánchez Cerén habría recibido 530.000 dólares.
Ante estos hechos, el fiscal general salvadoreño solicitó una alerta roja a la Interpol para la búsqueda de Sánchez Cerén, que había salido de El Salvador en diciembre de 2020. Según la Fiscalía salvadoreña, el dinero saqueado en ese periodo fue utilizado para financiar “sobresueldos y bonificaciones” al margen de la ley.
Según informa el periódico opositor nicaragüense ‘La Prensa‘, Sánchez Cerén también habría sido señalado por los periodistas por su contribución a alimentar un sistema de corrupción bajo el auspicio de su partido, con el que habrían enviado millones de dólares a Estados Unidos, a integrantes de la trama corrupta. Además, la Fiscalía nicaragüense también lo investiga por la desaparición forzada de un embajador de Sudáfrica cuando era comandante de las Fuerzas Populares de Liberación (FPL).
Denuncias de «persecución política» por parte del Gobierno de Bukele
El expresidente de El Salvador se convirtió en el primer excomandante guerrillero en ocupar la Presidencia de El Salvador, con la alianza izquierdista FMLN. Antes de su mandato, Funes, periodista de profesión, había sido presidente con el mismo partido, pero nunca ocupó cargos de militante ni guerrillero durante el conflicto ni formaba parte de la estructura histórica de la formación.
Funes ha denunciado «persecución política por parte del Estado», algo de lo que han hecho eco otras voces del FMLN, como Óscar Ortiz, secretario general del partido, quien aseguró que el Gobierno de Bukele utiliza un «mecanismo autoritario que lleva directamente a la construcción de una nueva dictadura, de la cual habíamos salido hace casi tres décadas».
La militancia de Sánchez Cerén en las FPL inició en 1970, participó en la brutal guerra civil que asoló el país entre 1980 y 1992 y que dejó más de 75.000 fallecidos. Una vez alcanzada la paz, Sánchez Cerén fue uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz en México, en 1992.
