A tan solo dos días de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asuma su segundo mandato, denunciado como ilegítimo, pesos pesados de la comunidad internacional, como Estados Unidos y la Unión Europea (UE), impusieron nuevas sanciones y reiteraron sus llamados a una nueva elección presidencial “libre y justa” en ese país, agobiado por una intolerable crisis económica, de alimentos y medicinas.
La primera en pronunciarse fue Maja Kocijancic, vocera de la diplomacia europea: “Consideramos que la elección presidencial (de 2018) en Venezuela no fue libre ni creíble. La UE pide una nueva elección libre y justa”, afirmó.
Kocijancic reiteró la posición de la UE, que impuso sanciones a 18 funcionarios venezolanos por un deterioro de la democracia en el país, de que una “solución pacífica, política y democrática” es la “única manera” de salir de la crisis en ese país latinoamericano.
Momentos después, EE. UU. anunció la imposición de un nuevo paquete sancionatorio que apunta a siete personas y una veintena de empresas acusadas de beneficiarse de una trama de intercambio de divisas derivada del control de cambio, que incluye, entre otros, a Raúl Gorrín, dueño del canal privado Globovisión, y a Claudia Patricia Díaz, la antigua tesorera de la nación y antigua enfermera de Hugo Chávez.
“Los actores del régimen han saqueado miles de millones de dólares de Venezuela mientras el pueblo sufría. El Tesoro está apuntando a esta red de intercambio de divisas, la cual es otro esquema ilícito que el régimen de Venezuela ha usado por largo tiempo para robarle a su gente”, dijo el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin.
Venezuela, a su vez, consideró ilegales estas sanciones al estimar que “el único que puede imponerlas es el Consejo de Seguridad (de la ONU). Estamos hablando de medidas arbitrarias porque no están contempladas en ninguna ley internacional”, dijo la vicepresidenta Delcy Rodríguez. La funcionaria subrayó que las acciones “son unilaterales porque las impone un gobierno de forma abusiva, e ilegítimas porque no tienen legalidad alguna”.
Venezuela impuso en 2003 un control de cambios, reservándose el monopolio de las divisas, que vendía al sector privado a tasas inferiores a las que operaban en el mercado negro, y este diferencial estimuló la corrupción.
Gorrín es uno de los implicados en el caso del antiguo guardaespaldas y extesorero de Venezuela, Alejandro Andrade Cedeño, sentenciado a 10 años de prisión en EE. UU. por participar en un esquema de cambio de divisas y lavado de dinero por más de mil millones de dólares.
Por otra parte, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) autorizó este martes la investidura, por ese mismo ente, a Nicolás Maduro. El presidente del máximo tribunal, Maikel Moreno, dijo que el líder chavista no tomará juramento ante la Asamblea Nacional (AN, parlamento), como indica la Constitución, por encontrarse este foro controlado por la oposición, en “desacato”.
El Supremo declaró la Cámara en desacato semanas después de que el antichavismo se hizo con la mayoría de los escaños a principios de 2016, y desde entonces Maduro no rinde cuentas a los diputados, en tanto que el resto de poderes públicos, cercanos al Ejecutivo, no toman en cuenta sus decisiones.
El parlamento ha respondido diciendo que no reconocerá la legitimidad de Maduro desde este jueves, cuando, denuncian, la primera magistratura del país será “usurpada” por el líder chavista.
La misma posición asumieron 13 de los 14 países que conforman el Grupo de Lima el viernes pasado, y, en cumplimiento de esos acuerdos, el Gobierno de Perú ya anunció el lunes pasado que prohibirá el ingreso a Maduro y a los integrantes de la cúpula de su gobierno, así como sus transferencias bancarias.
El próximo jueves, fecha para la que ya confirmaron asistencia los gobiernos de Bolivia, México, Uruguay y Cuba, la OEA también hará una sesión extraordinaria para tratar la crisis en el país vecino.
Hechos que, sin duda, marcarán los próximos seis años con una gran sombra de ilegitimidad que presagia más aislamiento internacional y empeoramiento de la crisis hasta que Maduro y toda la oligarquía chavista decidan abandonar el poder o buscar un diálogo constructivo.
ALD/ET
