La reforma a la Ley de Lavado de dinero, aprobada en octubre de 2021, ha servido para otorgar sobreseimientos definitivos a políticos, narcotraficantes e incluso a un exjefe de la Policía Nacional.
A juicio de juristas consultados por Criterio.hn estas modificaciones a la normativa penal significaron un retroceso en la justicia hondureña y en el combate a la corrupción.
De igual manera, abogados han cuestionado que el Ministerio Público sea incapaz de probar el delito de lavado de activos, y como consecuencia el Poder Judicial resuelve a favor de los imputados.
El 7 de octubre de 2021, el Congreso Nacional presidido por el diputado, Mauricio Oliva, se aprobó una serie de reformas entre ellas a la Ley Especial sobre Lavado de Activos, lo que dejó un blindaje a corruptos y personas involucradas en el crimen organizado.
Durante el feriado de la Semana Morazánica, las y los diputados aprobaron la modificación a los artículos 2, 26, 29, 30 y 47 de la Ley Especial contra el Lavado de Activos y el 439 del Código Penal, estas reformas fueron publicadas en el diario oficial La Gaceta el 1 de noviembre de 2021.
El 13 de julio de 2023 el Poder Legislativo votó a favor de revertir la reforma a la Ley de Lavado de Activos, con el cual se obligaba al Ministerio Público a probar, en un caso de lavado de activos, el delito precedente, es decir, que tenía que demostrar que los recursos que lavó los obtuvo de una actividad criminal.
UNA LEY A LA MEDIDA DE LAVADORES DE ACTIVOS
Pese a haber sido revertida las reformas a la Ley de Lavado de Activos, esta sigue dando frutos a favor de los señalados de cometer el ilícito. Según una respuesta a una petición de información efectuada al Poder Judicial, a través del Sistema de Información Electrónico de Honduras (Sielho),entre 2021 y 2022 se han entregado 28 sentencias absolutorias y 10 sobreseimientos definitivos.
Los datos brindados por la Unidad de Estadísticas del Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial (CEDIJ), exponen que en 2022 al menos 11 personas obtuvieron sentencias absolutorias y otras cuatro obtuvieron sobreseimientos definitivos.
Criterio.hn conoció que, en 2021, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) otorgó 17 sentencias absolutorias y seis sobreseimientos definitivos, a personas vinculadas al delito de lavado de activos. Estas cifras son relativamente mayores a las de 2020, cuando se entregaron nueve sentencias absolutorias y ningún sobreseimiento definitivo.
Aunque el Poder Judicial no dio detalles de las sentencias absolutorias o los sobreseimientos definitivos otorgados en 2023, Criterio.hn realizó un monitoreo de redes sociales de ese poder del Estado y se encontró que al menos cinco personas fueron beneficiadas con cartas de libertad.
El caso más reciente es el de Tesla Danessa Ortega Valle, hija de Digna Valle Valle, integrante del cártel de los Valle Valle, condenada en Estados Unidos por tráfico de drogas. Ortega Valle fue acusada de lavado de activos.
El caso en mención involucra a otras 10 personas y el monto de lavado entre todos los enjuiciados sobrepasa los 119 millones de lempiras (L119,354,988.73).
El 23 de octubre el Ministerio Público informó que la acción es el resultado de la aplicación retroactiva de la Ley de Lavado de Activos [ decreto 93-2021] tras resolverse “Con Lugar” el recurso de amparo promovido por la defensa de la imputada, Tesla Danessa Ortega Valle.
La fiscalía explicó que con esta acción “se le ha favorecido con un sobreseimiento definitivo y con la devolución de los bienes incautados”, lo que a criterio del ente acusador “transgrede la ley y crea una condición adversa en la lucha contra la criminalidad organizada”.
En el comunicado la fiscalía señaló que el Poder Judicial, nuevamente, fundamenta una sentencia de amparo sobre la cual ya no cabe recurso alguno, en el ya derogado decreto legislativo 93-2021 relativo a la figura de lavado de activos, “lo que demuestra que el hecho de haber estado vigente casi dos años, continúa influyendo en resoluciones judiciales en beneficio de acusados en casos de alto impacto”.
El 11 de agosto de 2023, el ente acusador rechazó que un juez con jurisdicción nacional otorgará sobreseimiento definitivo a Jin Biao Zhou e Irma Cabrera, señalados por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) del delito de lavado de activos en el marco de la Operación Escorpión.
La fiscalía lamentó que, pese a que el Congreso Nacional revirtió la reforma, el hecho que el decreto 93-2021 haya estado vigente casi dos años, este continúa influyendo en resoluciones judiciales en beneficio de acusados en casos de alto impacto.
Otro beneficiado fue el comisionado en condición de retiro de la Policía Nacional, Leonel Sauceda Guifarro, a quien el Tribunal de Sentencias dejó en libertad el pasado 2 de febrero de 2022.
El 11 de febrero de 2020, fiscales del Ministerio Público y miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) capturaron al comisionado general de la Policía Nacional, Leonel Luciano Sauceda Guifarro y su esposa, Patricia Sbeltana Estrada Pacheco, ambos acusados por el delito de lavado de activos.
Tras la captura de Sauceda, la fiscalía aseguró 83 bienes de origen ilícito, luego de varias denuncias interpuestas por la Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional.
Las investigaciones del ente acusador revelaron que durante un período de 11 años Sauceda Guifarro, no pudo justificar casi 20 millones de lempiras, lo que incluye movimientos en 13 cuentas de bancos a su nombre, estableciendo la Unidad de Análisis Financiero del MP que los productos financieros, bienes muebles e inmuebles obtenidos e inversiones realizadas, carecen de fundamento económico y legal, a pesar que el desglose salarial del acusado en la fase investigada, asciende a casi seis millones de lempiras, sin deducciones.
El 5 de junio de 2021, la Sala I del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional abrió el juicio en la causa instruida contra el comisionado en condición de retiro y su esposa, por suponerlos responsables del delito de lavado de activos.
Sauceda no pudo desvirtuar el delito de lavado de activos, por lo que estuvo recluido por dos años, ya que no pudo justificar la tenencia de más de 13 millones de lempiras.
El Ministerio Público no pudo comprobar la existencia del delito de malversación de caudales públicos, un delito precedente a la acusación de lavado de activos, por lo que la justicia hondureña determinó absolver a Leonel Sauceda también por el delito de lavado de activos.
Sin embargo, la defensa de Sauceda, integrada por el abogado penalista, Marlon Duarte, argumentó que en ese caso no se ampararon en la reforma a la Ley de Lavado de Activos.
En una conversación telefónica con este medio digital, el profesional del derecho argumentó que la fiscalía amplió la acusación al delito de malversación de caudales públicos.
Duarte explicó que se realizó el mismo proceso en el caso del exalcalde de Talanga, Francisco Morazán, Roosevelt Avilez, quien fue absuelto por la justicia hondureña el 30 de junio de 2023.
Avilez y su esposa, Nancy Mareyil Santos, fueron acusados por el delito de lavado de activos, al no poder justificar la procedencia de más de 300 millones de lempiras.
Otro beneficiado por la reforma a la Ley de Lavado de Activos fue el expresidente del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Olvín Mejía Santos, condenado en el 2019 a ocho años de cárcel por el desfalco de la gremial.
Mejía fue encontrado culpable por un millonario desfalco al CAH, institución que él presidió desde 2008 hasta 2012, al igual que el Instituto de Previsión de Abogados (2012). El 26 de septiembre del 2019 el juzgado en materia de corrupción, mediante la individualización de la pena, logró condenarlo a ocho años de cárcel y el pago de una multa de 11 millones de lempiras.
Sin embargo, en el 2022 la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por unanimidad de votos, revocó la medida preventiva en contra de Mejía.
