“El modus operandi de las organizaciones criminales exsoviéticas incluye una infiltración en la estructura de los estados en todos sus niveles -administrativo, policial, empresarial…- con el fin de tener controlados todos los resortes del poder que pudieran necesitar para llevar a cabo sus delitos con impunidad, protegiéndose así de cualquier acción contra ellos por parte de la justicia, la policía o el poder político”.
Antilavadodedinero / Laprovincia
Este extracto figura en los informes de la investigación realizada por la Policía y la Fiscal Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada para desmantelar el pasado mes de diciembre en la Costa Blanca, Valencia, Ibiza, Madrid y Tarragona una organización dedicada al blanqueo de dinero de mafias de origen ruso. Los investigadores aseguran que ha sido el mayor golpe a las mafias del Este realizado en España en la última década, pero la novedad destacable es que es la primera operación policial realizada en la Costa Blanca en la que se detecta la infiltración en instituciones públicas de personas vinculadas al blanqueo del crimen organizado ruso. No sólo eso, sino que ha conllevado la detención de políticos y miembros de las Fuerzas de Seguridad.
También ha revelado el uso cada vez más frecuente de las criptomonedas para llevar a cabo operaciones de blanqueo.
El papel protagonista de esta infiltración ha sido asignado por los investigadores a un abogado ruso apresado en Altea (Alicante), a quien la Policía y la Fiscalía consideran “el conseguidor” de la organización para obtener favores gracias a una red clientelar de abogados, funcionarios, políticos y empresarios.
Afincado en la Costa Blanca desde que era menor de edad, este abogado y empresario inmobiliario, en prisión por orden del juzgado de Benidorm que instruye la causa, ha protagonizado actividades filantrópicas con la finalidad de infiltrarse en la Administración, según la investigación policial.
Como ejemplo, durante el estado de alarma a causa del covid-19 protagonizó múltiples donaciones de material de protección a las Fuerzas de Seguridad en Altea y Benidorm, así como a un hospital. Para mantener “engrasada” su red clientelar, el abogado ruso regalaba jamones, vino e incluso joyas a sus contactos, según se recoge en la investigación policial. En Altea recuerdan que en las fiestas navideñas aparecía por el Consistorio cargado de jamones para regalar.
Durante el estado de alarma dieron donaciones a las fuerzas de seguridad
Negocios con impunidad
Según Europol, que también ha participado en la investigación iniciada en 2013, gracias a esta infiltración, el grupo criminal ha podido llevar a cabo sus negocios con impunidad, superando obstáculos legales y recibiendo “favores administrativos”, entre ellos la adquisición de la residencia española para los clientes de la organización criminal. Un edil de Benidorm y un exconcejal de Altea figuran entre los detenidos en la operación, igual que tres abogados, dos mandos de la Guardia Civil y un inspector de la Policía.
La delincuencia de origen ruso ha estado presente en la Costa Blanca desde hace casi tres décadas, pero los más veteranos de las Fuerzas de Seguridad señalan que ha cambiado mucho.
“Al principio eran grupos violentos que ajustaban cuentas y prostituían a jóvenes rusas y ahora son organizaciones que se dedican al blanqueo y a la corrupción”, afirma un experto policial. Otro conocedor de esta delincuencia afirma que esos mafiosos más peligrosos optan ahora por la Costa del Sol y en Alicante predominan más los empresarios y magnates rusos.
El hecho de que estos “turistas” del crimen ruso viajen con frecuencia por placer a España, no impide que desde España hayan podido dar instrucciones precisas para matar, como en ocasiones se ha detectado gracias a las intervenciones telefónicas de operaciones contra estas organizaciones.
Las primeras alertas de inversiones rusas bajo sospecha que se realizaron en la zona de Torrevieja, Orihuela Costa, Calp, Altea y Benidorm saltaron a principios de la década de los 90.
Era la época en la que la Costa Blanca recibía con los brazos abiertos a ciudadanos rusos que llegaban con maletas llenas de miles de dólares para comprar viviendas. Hasta varios miles de millones de las antiguas pesetas llegaron a invertir en esa década en el sector inmobiliario en la Vega Baja, según estimaciones no oficiales que se barajaban en esta comarca.
El propio CESID -actual CNI- confirmó en un informe de 1995 que la mafia rusa estaba blanqueando dinero en la provincia de Alicante. Dos años más tarde, saltaban de nuevo las alarmas con el secuestro del propietario de un restaurante de lujo en Torrevieja, el cual fue liberado por la Guardia Civil en Alicante y se detuvo a siete personas.
Ese mismo año, inversores rusos compraban dos conocidas discotecas de Torrevieja y Guardamar y en 1998 un ciudadano ruso era atropellado y acribillado a tiros en una calle de la urbanización La Zenia, en Orihuela Costa.
A finales de la década de los 90 y durante los primeros años del siglo XXI, las redes de prostitución de jóvenes rusas se multiplicaban en clubes de todo el litoral alicantino y las Fuerzas de Seguridad se emplearon a fondo para luchar contra esta trata de seres humanos. Una buena prueba de ello fue la desarticulación en el verano de 2002 de una red que estaba prostituyendo en Benidorm y Guardamar a 150 jóvenes rusas que “compraron” por 12.000 euros cada una.
Regalaban jamones, vinos e incluso joyas en el Ayuntamiento de Altea
La Fiera
Antes de la operación realizada esta semana, bautizada con el nombre de Testudo, en junio de 2005 se asestó un duro golpe a la mafia rusa en la operación Avispa.
La Policía detuvo en Alicante, Málaga y Cataluña a 28 personas, diez de ellas en la Costa Blanca. Ese mismo mes fue apresado por la Guardia Civil en El Campello un peligroso jefe de la mafia rusa. Vitali Izguilov, alias la Fiera, vivía en un lujoso chalé en primera línea de mar en El Campello y en su casa guardaba una pistola con silenciador.
De esa operación pudo escapar el jefe de la mafia ruso-georgiana Zakhar Kalashov, aunque un año más tarde fue apresado en Dubai y tras ser extraditado a España fue juzgado y condenado por la Audiencia Nacional. Kalashov, un “ladrón en ley”, fue de los primeros mafiosos que se instalaron en la Costa Blanca. Compró un chalé en la urbanización Playa Flamenca de Orihuela Costa y luego se trasladó a la Costa del Sol. El Supremo elevó su condena a 9 años y pasó por la cárcel de Villena antes de cumplir su pena y salir del país.
Entre los beneficios destaca la adquisición de la residencia española
Otra de las operaciones importantes que se han realizado en España contra las mafias rusas fue la Troika y también salpicó de lleno a la Costa Blanca, donde fueron detenidas tres personas en El Campello y en Xàbia en junio de 2008, así como otras 17 en Palma, Málaga y Madrid.
Uno de los detenidos fue nuevamente la Fiera, que estaba en libertad provisional por la anterior causa y se le acusó de ser el “número tres” de una red dedicada a blanquear dinero del crimen organizado. Vitali Izguilov, que tenía en su chalé de El Campello cinco coches valorados en más de 600.000 euros, fue extraditado posteriormente a Rusia y tiene prohibida la entrada a España. Esta red fue desarticulada por la Policía en una investigación que contó con las confidencias del exespía ruso Alexander Litvinenko.
Crimen de un político
Desde entonces no se había realizado en la provincia de Alicante una macrooperación de este calado contra una red vinculada a mafias de origen ruso, pero sí que se han practicado detenciones importantes de ciudadanos de Rusia que confirman el gusto de estas personas por la Costa Blanca como refugio.
Una de ellas fue realizada en 2006 en Calp, donde capturaron a un acusado de planear el asesinato de un exsecretario de Estado de la cúpula militar de la era Gorbachov.
La presión de las Fuerzas de Seguridad contra la delincuencia organizada rusa que se dedicaba a la prostitución y otros delitos y la anterior crisis que afectó a España motivó que muchos de estos grupos se desplazaran a la zona de Grecia. Sin embargo, Alicante sigue siendo objetivo de grupos mafiosos de países del Este como Georgia o Lituania que roban en casas o trafican con drogas.
La operación policial realizada el pasado mes de diciembre por la Policía ha destapado presuntas corruptelas entre funcionarios y políticos captados por la red rusa, algo que niegan los implicados, y confirma que la Costa Blanca, Ibiza y otras zonas turísticas de España siguen siendo un objetivo preferido de las mafias rusas para lavar los beneficios del crimen en hostelería, inmuebles y discotecas. Así se constata en las escuchas de decenas de teléfonos intervenidos con autorización judicial desde hace cinco años.
Un detenido dice que preside en su país un holding de 50 empresas y 15.000 empleados
Uno de los empresarios rusos detenidos por la Policía en Altea el pasado mes de diciembre negó ante el fiscal anticorrupción y la juez de Benidorm que instruye la causa que se dedique a “lavar” dinero del crimen organizado de su país y defendió que todo su dinero pasa por los filtros del Banco de España, según fuentes cercanas al caso.
El empresario, uno de los cuatro implicados que han ingresado en prisión -otros 19 quedaron en libertad- defendió su inocencia y dijo que preside un holding de medio centenar de empresas en su país y que da empleo a 15.000 personas. Elaboración de alcohol, construcción de carreteras, una cadena de supermercados, un parque de atracciones con zoo, clubes deportivos y un contrato exclusivo con una conocida marca de vino español para exportar a Rusia conforma el conglomerado empresarial de este investigado.
Este empresario, junto con el abogado ruso de Altea también encarcelado, es promotor del camping de lujo para autocaravanas junto a Villa Gadea que los investigadores han puesto bajo sospecha ante la posibilidad de que hayan usado sus contactos políticos y con funcionarios para su beneficio.
Los informes policiales recogen llamadas donde “el conseguidor” -el abogado ruso y militante del PP- podría estar usando “sus influjos políticos para conseguir que se aprueben regulaciones municipales que redunden en su beneficio comercial”.
Los informes policiales también refieren contactos de algunos implicados con personas vinculadas a la criminalidad organizada. Uno de estos detenidos es el “cerebro financiero” y consigue que los empresarios rusos vinculados con el crimen organizado “puedan realizar sus inversiones en España sin ser molestados, llevando a cabo operaciones de blanqueo de capitales para algunas de estas organizaciones”, según se recoge en la investigación policial.
Esta persona, encarcelada también ahora, ha mantenido contactos con importantes empresarios, entre ellos Mikhail D., vinculado a autoridades criminales rusas de máximo nivel como Merab D., quien los servicios de inteligencia sitúan con la mayor figura criminal del ámbito ruso tras la detención en Moscú de Zakhar Kalashov, el mafioso que vivió en Orihuela Costa a finales de los 90.
Según se recoge en un informe de la causa, este empresario y su socio reciben presuntamente fondos a través de empresas con testaferros y estaba negociando la compra de una conocida discoteca de Ibiza y la compra de locales para abrir un restaurante de un conocido restaurador ruso.
