La entidad CNO S.A., conocida antes como la Constructora Norberto Odebrecht, presentó ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Guatemala un memorial con el que busca conciliar con el Estado de Guatemala.
Antilavadodedinero / Prensalibre
La intención de la entidad es que Guatemala efectúe una liquidación “apegada al contrato principal” del proyecto “Rehabilitación de la ruta existente y ampliación a cuatro carriles de la ruta CA-2 Occidente, del tramo de Cocales –Tecún Umán”, comprendida por 140 kilómetros, además plantean que se les pague por rubros de los trabajos hechos en el tramo carretero, según Edwin de León, jefe de Abogacía Civil de la Procuraduría General de la Nación (PGN).
El tramo al que se refiere es el que la empresa debía trabajar entre Cocales, Patulul, Suchitepéquez y Tecún Umán, San Marcos.
Guatemala ya evacuó la audiencia ante el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio y según de León, la posición fue “negativa rotunda” de llegar a una conciliación con Odebrecht.
Al no haber conciliación, la empresa CNO S.A. puede presentar la solicitud formal de arbitraje que posteriormente da paso a una demanda en contra del Estado de Guatemala, por lo que estiman que en un año aproximadamente pueda haber un laudo arbitral.
¿Cómo inició todo?
La solicitud de conciliación se da derivado de la liquidación del contrato para el tramo de 140 kilómetro que hizo la Dirección General de Caminos, con la cual se determinó que hay un saldo a favor del Estado de Guatemala por US$370 mil 588.66 (Q2 millones 845 mil 898.56) que debe pagar la constructora.
Posteriormente Odebrecht presentó un recurso de revocatoria que no ha sido resuelto, lo que generó que acudiera al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio que notificó a la PGN el 22 de marzo pasado.
El contrato fue suspendido por orden judicial, derivado de la judicialización del caso Odebrecht donde figuran exfuncionarios como Alejandro Sinibaldi.
Según de León, entre los diferentes contratos que se le otorgó a la empresa, estaba este tramo carretero, que luego fue suspendido en el 2013 y derivado de esa situación se procede a su recepción y liquidación por parte de la Dirección General de Caminos.
Señaló que los US$370 mil 588 son por concepto de liquidación del contrato y que la empresa es la que debe pagar a Guatemala ese monto.
En cuanto a cuándo podría haber alguna solución al arbitraje planteado por Odebrecht, de León explicó que este proceso tiene varias fases y que la primera es la de conciliación, que ya se evacuó; posteriormente al no existir un acuerdo, se presenta por parte de ellos la solicitud formal de arbitraje y la respectiva demanda en contra del Estado de Guatemala.
Estas diligencias toman meses, pero son más expeditas que por la vía judicial y se espera que en un año ya se tenga un laudo judicial en un año, si se cumplen bien los tiempos.
Lo que busca la empresa
Lo que quiere la empresa Odebrecht quiere es que el Estado de Guatemala haga una liquidación apegada a la ley, al contrato principal y modificado, y que se le reconozcan ciertos trabajos que en apariencia ejecutaron y no se les pagó, pero no establecen un monto pues más adelante lo van a analizar.
El contrato administrativo fue suspendido por parte del Estado de Guatemala y como en ese momento había situaciones que no se habían terminado, había un monto a favor del Estado y esa es la inconformidad de la empresa.
En el 2013, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) adjudicó a la empresa brasileña Norberto Odebrecht la ampliación a cuatro carriles de 140 kilómetros de la ruta CA-2 Occidente, carretera de la Costa Sur, pero la obra, salpicada por pago de sobornos, quedó inconclusa y es un calvario para los conductores.
El proyecto comenzó en mayo del 2013. Partía de Cocales, Suchitepéquez, y debía terminar en Tecún Umán, San Marcos, pero cinco años después, la construcción estaba a menos de la mitad y abandonada, mientras el Gobierno buscaba liberar el tramo con un desistimiento que la empresa brasileña.
La obra la comenzó el gobierno del Partido Patriota. El entonces ministro de CIV, Alejandro Sinibaldi, quien firmó el contrato por Q3 mil millones.
La ampliación debía terminar 30 meses después de inaugurada; es decir, a finales del 2015.
