En este plano advirtió que los líderes y activistas sociales además son violentados por oponerse a los intereses de grandes empresas, defender los derechos medioambientales, la tierra y los pueblos indígenas y afrocolombianos. Además, se han disparado las amenazas en su contra en un contexto de altos índices de impunidad.
Antilavadodedinero / icndiario.com
La Organización de las Naciones Unidas denunció que Colombia es el país de América Latina donde se registran más asesinatos de defensores de Derechos Humanos, quienes son víctimas de las acciones del narcotráfico, la corrupción y la impunidad existente por la escasa presencia del Estado en lugares conflictivos.
“Las personas defensoras son asesinadas y violentadas por implementar la paz; oponerse a los intereses del crimen organizado, las economías ilegales, la corrupción y la tenencia ilícita de la tierra; y por proteger sus comunidades. Las defensoras son, además, objeto de violaciones específicas de género y sus familias son también el blanco de ataques”, expresó.
Las declaraciones las realizó el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los Defensores de Derechos Humanos, Michael Frost, quien elaboró un extenso informe en base a su visita al país sudamericano del 20 de noviembre al 3 de diciembre de 2018 donde describe los tiempos violentos que se viven en diversas zonas del país.
En este plano advirtió que los líderes y activistas sociales también son violentados por oponerse a los intereses de grandes empresas, defender los derechos medioambientales, la tierra y los pueblos indígenas y afrocolombianos. Además, se han disparado las amenazas en su contra en un contexto de altos índices de impunidad.
“Cuando los asesinatos y otras violaciones de derechos humanos se cometen contra personas defensoras y permanecen impunes, se envía un mensaje de falta de reconocimiento de su importante labor en la sociedad, y ello implica una invitación para seguir violentando sus derechos”, dijo.
De la misma forma son víctimas los activistas promotores de las políticas derivadas del Acuerdo de Paz, en particular el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos y la reforma agraria, así como los reclamantes de tierra, ya que estos implementan su tarea en favor de los derechos humanos, especialmente “en los territorios donde hay una ausencia integral del Estado y las comunidades no son protegidas de manera efectiva por las fuerzas públicas del orden allí presentes”.
Reclamos de la Cancillería colombiana
Por su parte la Cancillería colombiana lamentó que el dossier muestre un país extraviado en esta materia por lo que ha transmitido en Ginebra algunas objeciones frente a consideraciones del informe que no reflejan objetividad e integridad, en temas relacionados con la supuesta criminalización estatal de los defensores de Derechos Humanos en Colombia, acusación inadmisible que desconoce las garantías y ordenamientos constitucionales y legales en procesos administrativos y judiciales del Estado colombiano.
A su vez las versiones sobre empresas estatales y privadas que presuntamente intimidan, criminalizan o estigmatizan a defensores, y la supuesta connivencia de cuerpos de seguridad estatales con grupos ilegales, representan afirmaciones graves que se lanzan sin sustento en investigaciones verificadas.
Y por último las conclusiones sobre la supuesta falta de determinación política y de asignación de fondos para implementar el Acuerdo de 2016, desconocen de plano logros reconocidos por otros órganos de la ONU en la política de Paz con Legalidad y en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial.
