La misión es «impulsar la cooperación internacional y las respuestas de las fuerzas del orden a los delitos en la era digital». Con esta medida, se «proporciona herramientas que mejorarán la cooperación internacional, los esfuerzos de aplicación de la ley, la asistencia técnica y el desarrollo de capacidades en materia de ciberdelito».
«La finalización de esta convención es un paso histórico. Se trata del primer tratado multilateral contra la delincuencia en más de 20 años. Además, es la primera convención de Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia en un momento en que las amenazas en el ciberespacio están creciendo rápidamente. Estoy orgullosa de haber apoyado el proceso de negociación. Realizaré un papel esencial en la asistencia para la implementación y ratificación una vez que sea adoptada por la Asamblea General. También prestaré asistencia técnica a los Estados miembro y trabajaré con todos los países y socios para salvaguardar los espacios digitales», subrayó la jefa de la UNODC.
¿Para qué serviría este tratado?
Un tratado internacional jurídicamente vinculante sobre delitos cibernéticos de las Naciones Unidas serviría como una herramienta esencial para establecer un marco legal común y coherente que permita a los países cooperar de manera efectiva en la prevención, investigación y enjuiciamiento de crímenes cibernéticos. En la actualidad, las leyes que regulan los delitos cibernéticos varían entre países. Esto dificulta la cooperación internacional y permite que los delincuentes exploten estas diferencias para evadir la justicia.
Un tratado de este tipo podría estandarizar las definiciones de los delitos cibernéticos. Además, establecería procedimientos comunes para la cooperación transfronteriza y crearía mecanismos para el intercambio de información entre las autoridades nacionales. Esto no solo fortalecería las capacidades de los países para enfrentar los delitos cibernéticos, sino que también aumentaría la confianza entre las naciones al proporcionar un conjunto de reglas claras y mutuamente acordadas.
De esta manera, el tratado no solo abordaría los desafíos legales y de seguridad asociados con los delitos cibernéticos, sino que también promovería un entorno libre y seguro para todos los usuarios. Esto contribuiría al desarrollo de un ciberespacio más seguro y justo a nivel global.
