Fue la operación contra el lavado de dinero ejecutada en 2005 en Marbella. Se trató de la mayor operación contra el lavado de activos realizada hasta esa fecha en Europa, que con ramificaciones en Estados Unidos, Canadá, Rusia, Turquía, Argelia, Irán y Marruecos. La operación desarticuló un despacho de abogados de Marbella, considerado como el centro neurálgico de la red de blanqueo de capitales.
A través de este despacho se canalizaron inversiones millonarias procedentes de grupos relacionados con el crimen organizado dedicados al narcotráfico, tráfico de armas, prostitución, secuestros, ajustes de cuentas, homicidios y estafas. Esta red llegó a contar con tres notarías y estaba compuesta por más de mil sociedades con ubicadas en Gibraltar, Isla de Man, Panamá e Islas Vírgenes Británicas, que invertían preferentemente en el sector inmobiliario de la Costa del Sol. Se incautaron bienes hasta por unos 250 millones de euros y unas 50 personas de distintas nacionalidades fueron detenidas.
Cronología
2003
Una Comisión Rogatoria de Francia comienza a indagar sobre las activiades en Marbella de un sujeto de nacionalida francesa. La comisión da con el bufete de abogados de Fernando Del Valle, abogado de nacionalidad chilena. El frances, a quien inicialmente se investigaba era cliente de Del Valle, pero junto a él descubren a otros 9 grupos criminales y más de 500 sociedades constituidas en el extranjero por la firma de abogados, todo con la autorización además de notarios españoles.
2005
10 de marzo de 2005
Dieciocho personas son detenidas en la operación, que fue desarrollada en el bufete “Del Valle Abogados” de Marbella, afectando a otras provincias. Se practicaron registros domiciliarios en Alicante, la zona de Sotogrande en San Roque (Cádiz) y en Estepona, Marbella y Mijas (Málaga), y se intervinieron judicialmente fincas en la Costa del Sol y más de cuarenta vehículos de alta gama
11 de marzo de 2005
La Fiscalía Anticorrupción informó que el dinero lavado podría ascender a 250 millones de euros. Por otra parte el número de personas detenidas se elevaba a 4, todas ellas procedentes de varias nacionalidades. Entre los detenidos figuraban tres notarios y cinco abogados.
Del 12 de marzo al 15 de marzo de 2005
El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, Miguel Ángel Torres, instructor de la causa, decreta el ingreso en prisión incondicional de diez detenidos -el abogado Fernando del Valle, entre ellos-; libertad bajo fianza para otros cinco -tres de ellos notarios-, y libertad con cargos para el resto.
21 de marzo de 2005
El semanario alemán Focus informó de que el mayor accionista de la petrolera rusa Yukos, Leonid Nevslin, estaría implicado en un negocio internacional de lavado de dinero con ramificaciones en la Costa del Sol.
25 de abril de 2005
El número de personas detenidas desde el inicio de la operación asciende a 50, mientras se cursan comisiones rogatorias a otros países para investigar el destino del dinero lavado.
26 de septimebre de 2005
El abogado Fernando del Valle es dejado en libertad luego de pagar una fianza de 600.000 euros.
13 de octubre de 2005
La operación se cobra 3 nuevas detenciones, entre ellas la del alcalde de Manilva (Málaga), Pedro Tirado del Partido Democrático de Manilva (PDEM), y su cuñado, Francisco C.A..
21 de diciembre de 2005
Pedro Tirado sale en libertad tras pagar una fianza de 250.000 euros. Posteriormente, su cuñado logra también eludir la cárcel con el pago de 150.000 euros.
2007
02 de agosto de 2007
El juez procesa a 22 personas, incluyendo al abogado Fernando del Valle y tres notarios por delitos de lavado, contra la Hacienda Pública y falsedad documental, según el auto de conclusión de diligencias previas.
2008
16 de septiembre de 2008
La Fiscalía Anticorrupción pidió un total de 65 años de prisión para 21 de los procesados. En el caso del abogado de Del Valle, reclama en concreto 15 años de prisión, 37 millones de euros de multa y una indemnización de 610.846 euros a la Hacienda Pública por cuotas defraudadas.
2009
25 de noviembre de 2009
El juez de apoyo del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, Julián Cabrero, archiva provisionalmente la pieza en la que se investiga el presunto lavado de dinero proveniente de la petrolera rusa Yukos, aunque pide que continúe la investigación de los delitos contra la Hacienda Pública derivados del disimulo de beneficios.
2010
15 de marzo de 2010
Comienza en la Audiencia Provincial de Málaga el juicio, que podría prolongarse durante al menos seis meses.
16 de marzo de 2010
Durante la segunda vista judicial del caso el Miguel Ángel Torres que instruyó el caso Ballena Blanca, fue criticado y acusado de parcialidad, de guiarse por enemistad manifiesta hacia los acusados, e incluso de ordenar “detenciones ilegales”, por los abogados de varios de los 19 imputados.
23 de marzo de 2010
El juicio por este caso fue suspendido hasta el 3 de mayo y no se descarta que pueda ser devuelto al juzgado de instrucción número 5 de Marbella, en el que nació hace cinco años de la mano del juez Miguel Ángel Torres.
03 de mayo de 2010
Se retoma en la Sección Segunda de la Audiencia de Málaga la vista oral del caso ‘Ballena Blanca’ después de que los abogados de los acusados tuvieran más de un mes para examinar la documentación de la causa que no les fue entregada durante la instrucción.
25 de mayo de 2010
El Tribunal del caso convocó a todas las partes “sin excepción” tras haberse encontrado 10 bridas de documentos de esta causa junto a documentación del caso ‘Malaya’, instruidos ambos procedimientos por el mismo juzgado de instrucción, el número 5 de Marbella (Málaga).
Las defensas esperan, antes de pronunciarse sobre las posibles medidas procesales, que la Sala informe en la sesión de lo ocurrido, según indicaron algunos abogados, puesto que, apuntaron, sólo tienen conocimiento de los hechos pero no del contenido de los documentos.
05 de julio de 2010
Uno de los acusados en el caso aseguró que llevó dinero en metálico al despacho del abogado Fernando del Valle, principal acusado en esta causa, pero insistió en que esos fondos eran de su mujer, quien tenía una posición “acomodada”. Señaló que no habló de ella antes porque “no quería que entrara en prisión”.
12 de julio de 2010
Uno de los acusados niega ser cliente del despacho del abogado Fernando del Valle, principal procesado en la causa; éste también aseguró que todos sus ingresos procedían de su actividad profesional. El letrado igualmente declaró que este acusado no fue cliente de su bufete. El acusado Aki Kujala ha señalado, a preguntas de las defensas, que la conexión con el despacho DVA es una sociedad y ha explicado que tenía unos clientes, que eligieron una casa “que estaba a nombre de una empresa”, cuyos beneficiarios eran clientes del despacho de Del Valle.
Luego, en 1997, este procesado representó a la sociedad. Aki Kujala es presuntamente investigado por varios delitos y relacionado con personas con actividades delictivas. Negó que las manifestaciones de la Policía sobre sus antecedentes penales y señaló que a partir de 2000 fue objeto de varias inspecciones tributarias. Fernando Del Valle, declaró que Aki no fue cliente del despacho y explicó que en relación con dicha operación sus clientes eran dos mujeres, que habían adquirido una sociedad panameña “que era dueña de una propiedad”. Indicó que el bufete participó en la creación de una empresa española “donde se aportó la propiedad por parte de la firma panameña” y ha precisado que “se les aconseja crear una sociedad española porque la panameña no era interesante desde el punto de vista de los costes tributarios”. Según la acusación, Aki Kujala ha tenido relaciones, entre otros, con José Manuel Llorca Rodríguez, presuntamente relacionado con el caso ‘Forum Filatélico’, quien se aun es buscado por las autoridades y que podría estar presuntamente vinculado también con el caso ‘Malaya’.
22 de noviembre de 2010
El fiscal Anticorrupción presentó al tribunal sus conclusiones definitivas que afectan, sobre todo, al principal imputado, el abogado marbellí Fernando del Valle. La acusación pública elevó su petición de pena para éste de 15 a 17 años de cárcel. Considera que Del Valle utilizó un entramado societario para ocultar la titularidad de los bienes, por lo que debe serle aplicado un tipo agravado en los tres delitos fiscales de los que le acusa. Así, los seis años de prisión que solicitaba por las tres defraudaciones a la Hacienda Pública los eleva hasta ocho años. Además de los 17 años de cárcel, el fiscal pide que Fernando del Valle sea condenado a 37,1 millones de multa y una indemnización de 610.846 euros por blanquear 12 millones de euros. En total, le acusa de 13 delitos de blanqueo de carácter continuado, 141 de falsedad documental, tres contra la Hacienda Pública y dos más contra la Administración de Justicia por falso testimonio
24 de noviembre de 2010
El tribunal del caso no sólo necesita que el fiscal Anticorrupción Carlos López Caballero acredite que el “lavado” de dinero se produjo, sino también requiere que se demuestre que el letrado conocía, sabía lo que hacía. Eso es más complicado, y ayer, en la defensa de su informe, el acusador público centró sus esfuerzos retóricos en este aspecto trascendental sobre el que soporta su proposición de pena, que elevó el lunes desde los 15 hasta los 17 años. “Existía un conocimiento cabal de que los bienes proceden de actividades delictivas”, por lo que, en opinión de López Caballero, existe “dolo directo”, aunque también se da el denominado “dolo eventual”. “Se da la posibilidad de que se incurra en blanqueo y, pese a ello, persiste”, aclaró el acusador, abundando, una y otra vez, en que el jefe del despacho marbellí sabía lo que hacía. El hispano-chileno se dedicaba a «canalizar» las inversiones de diversos clientes en España, en palabras de López Caballero, quien además insistió en que «tenía un stock de sociedades, por lo que es evidente que la firma propone a sus usuarios». No es una oficina inactiva, sino que toma parte y ofrece asesoramiento y líneas de inversión a quienes confían en el negocio.
Para López Caballero, el hecho de acudir al estado norteamericano de Delaware para crear las mercantiles a las que se dirigen las inversiones es ya, de por sí, algo sospechoso. “No es aleatorio. Como dijo el presidente de la Sala, Federico Morales, se había ido muy lejos para buscar su socio”, sentenció. “En el despacho Del Valle Abogados se ofrecía a los clientes un producto estrella cuyo fin es conseguir el anonimato de quien invierte”, repasó, de forma que se trató de establecer estructuras empresariales que facilitan el blanqueo de capitales. “Permite garantizar el anonimato y sirve para ocultar las ganancias a Hacienda y el encubrimiento delictivo”, arguyó López Caballero. Dedicó buena parte de su intervención, que continuará hoy, a defender la instrucción del juez Torres, recordando, de paso, que en un principio “fue más amplia”, pero defendiendo que se han seguido los protocolos nacionales e internacionales sobre la persecución del “lavado” de dinero, lo que será, sin duda, su forma de investigar otros casos. Share Tweet
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