La Policía Federal lanzó la Operación Brianski, en Florianópolis, que tiene como objetivo combatir las asociaciones criminales que involucran a brasileños y rusos que estarían cometiendo delitos de lavado de dinero con recursos provenientes de delitos cometidos en el extranjero y mediante el uso de criptomonedas.
En la acción se están ejecutando diez órdenes de allanamiento e incautación, seis en Florianópolis/SC, dos en Goiânia/GO y otras dos en Eusébio/CE. En relación con los cuatro principales sospechosos, se promulgaron varias medidas, como vigilancia electrónica, prohibiciones de salir del país y de realizar transacciones con criptoactivos. También se determinó el secuestro de bienes, como casas y departamentos de alta gama, terrenos y autos de lujo adquiridos por los investigados en Brasil.
Además, también se ordenó el bloqueo de cuentas bancarias vinculadas a 25 personas naturales y jurídicas, así como cuentas en casas de cambio, con el objetivo de secuestrar montos en moneda nacional y criptoactivos.
- Foto: Policía Civil/Divulgación
- Foto: Policía Civil/Divulgación
Foto: Policía Civil/Divulgación
Las investigaciones comenzaron con la información de que ciudadanos rusos se habían instalado en Florianópolis para beneficiarse de recursos provenientes de delitos presuntamente cometidos en su país de origen. Durante la investigación, la policía descubrió que los principales sospechosos fueron condenados en Rusia por delitos similares a fraude e intento de robo.
Luego de lograr establecerse en Brasil, los sospechosos comenzaron a incorporarse a empresas, además de adquirir activos muebles e inmobiliarios, algunos de ellos mediante grandes pagos en efectivo.
La PF también descubrió que el pago de recursos provenientes del lavado de dinero fue realizado por brasileños que utilizaron empresas radicadas en el estado de Goiás. Las transacciones financieras realizadas por los investigados y por el intermediario brasileño tuvieron origen en transacciones de criptomonedas.
En esas cuentas de cambio se recibían criptoactivos y se convertían en moneda nacional para luego ser transferidos a las cuentas de investigadores extranjeros en Brasil, sus familias y sus empresas; así como para la compra de inmuebles de alta gama y automóviles de lujo, algunos de ellos registrados a nombre de terceros.
El delito investigado es el de blanqueo de capitales, que conlleva una pena de hasta 10 años de prisión y multa.