El apresamiento de 12 empleados del área de tecnología de la Procuraduría que supuestamente borraban historiales delictivos a cambio de sobornos, evidencia serias debilidades en el sistema de justicia del país, de acuerdo con miembros de la Sociedad Civil.
Para representantes del Movimiento Cívico no Partidista, Participación Ciudadana, la presunta eliminación de expedientes por parte de empleados de la Procuraduría genera un mayor auge en el crimen organizado y callejero.
Miriam Díaz, aseguró que estos actos criminales evidencian además el descuido que por décadas ha imperado en instituciones públicas del país.
Mientras que el Colegio de Abogados calificó de grave la situación donde también a personas que cumplen condenas supuestamente se les haya borrado los antecedentes penales a cambio de sobornos.
Tanto Participación Ciudadana como el Colegio de Abogados esperan que se profundicen las investigaciones.
De acuerdo al Ministerio Público, los integrantes de la presunta red borraron antecedentes penales de sicarios, narcotraficantes, violadores sexuales, entre otros.
Los miembros de la Sociedad Civil piden a las autoridades reforzar las medidas de control de quienes manejan los códigos fuentes de esos programas de registro.
