En el marco de la evaluación mutua que realiza el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI ) a El Salvador, para verificación del cumplimiento de las recomendaciones del estándar internacional, las Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro (OSFL) demandan apertura por parte del Gobierno salvadoreño para discutir la recomendación #8, del GAFI.
“Las Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro (OSFL) en El Salvador compartieron sus hallazgos y análisis de la recomendación #8 del GAFI, sobre el nivel de riesgo de acciones relacionadas al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo”, dijo Iris Montano, de la Dirección de Fortalecimiento a la Institucionalidad del Estado, Transparencia y Anticorrupción de FESPAD.
La visita del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF por sus siglas en inglés) es un mecanismo de evaluación nacido en 1989, retomado por 34 países que da seguimiento a los Estados sobre su compromiso y combate del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
En la región es el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) que lo integra una organización intergubernamental de base regional, que agrupa 18 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte.
Alrededor de 12 Organizaciones Sociales sin Fines de Lucro deploraron la decisión del Estado salvadoreño de excluirlos de la evaluación de las recomendaciones del GAFILAT, referidas a la vulnerabilidad de las OSFL, ante el lavado de dinero, la proliferación de armas de destrucción masiva y el financiamiento del terrorismo.
Ante esa situación, este grupo de organizaciones de la sociedad civil organizada realizaron una encuesta sobre el nivel de riesgo de las OSFL, a luz de las recomendaciones del GAFI, así como una evaluación del Estado salvadoreño con relación a estas recomendaciones y la percepción de las OSFL sobre el terrorismo y lavado de dinero.
“En este cuestionario uno de los hallazgos importantes es que 76 organizaciones indicaron (63 %) especialmente que no existen riesgos del financiamiento del terrorismo desde sus organizaciones. Esto es porque tienen un trabajo estructurado, tienen una organización formal y realizan buenas prácticas”, señaló Montano.
“Con respecto al acercamiento que el Estado salvadoreño ha tenido con las la sociedad civil organizada, pues señalaron que este ha sido muy poco y que ha sido de parte de las mismas organizaciones, quienes han participado en diferentes actividades relacionadas a conocer más sobre estos estándares del GAFI y los conceptos básicos de prevención”, sostuvo.
Dentro de las conclusiones de este informe, Iris Montano agregó que no existe un conocimiento en concreto de la evaluación y enfoque basado en riesgo, para el sector de organizaciones de la sociedad civil.
“Independientemente de las evaluaciones de organismos internacionales o multinacionales, el Estado está en la obligación de adoptar medidas de todo tipo para el combate del financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero”, acotó.
“Y piden la correcta aplicación de la Recomendación #8 del GAFI, que tiene como condición una evaluación de riesgo del sector de Organizaciones sin Fines de Lucro, a fin de garantizar que las medidas establecidas sean específicas y proporcionadas al tipo de riesgo identificado, logrando así el objetivo de prevención, sin perjudicar el logro legítimo y objetivos de las organizaciones”, agregó Montano.
Entre las recomendaciones de las OSFL, la visita del Grupo Evaluador podrá servir también para “mantener en observación a El Salvador”, por considerar que actualmente hay “poca participación de los actores relacionados en esta materia” y la falta de evaluación del riesgo por parte del Estado salvadoreño, que no está sujeta a los estándares dados por el GAFI.
Mientras, Abraham Ábrego, director de Litigio Estratégico de CRISTOSAL, afirmó que el objetivo principal que establece el GAFILAT es hacer un “análsis de país sobre el tema de lavado de dinero y terrorismo”, en donde las medidas que se tomen por parte del Gobierno sean objetivas y no afecten la actividad de las organizaciones.
“En el caso de las organizaciones de la sociedad civil en el país, se han regulado acá para el control de lavado de dinero y del terrorismo. Pero se debe hacer un análisis de riesgo por ese déficit -que tiene el país-, porque todavía no la han realizado para determinar medidas ”, afirmó.
“Por ahora, la legislación establece que todas las organizaciones sociales van a estar sujetas al instructivo para el control del financiamiento del lavado de dinero. Entonces, lo que manda la recomendación del GAFILAT es a focalizar y ser efectivo. Y es por esto que dimos a conocer este informe para que El Salvador haga un control del lavado de dinero de la mejor manera y que evalúe cuál es el riesgo que habría para las oenegés en este tema”explicó Ábrego.
En cuanto a la participación de un diálogo con el autoridades del Estado, sobre estas recomendaciones y en específico la #8, Abrego lamentó la falta de apertura y convocatoria del Gobierno para las organizaciones locales en la discusión del proceso de evaluación de riesgo.
“La Fiscalía, a través de la Unidad Internacional Financiera, es la que desarrolla el proceso de evaluación de riesgos y en la materia regulatoria le compete a la Asamblea Legislativa”, indicó.
“Así también, tenemos conocimiento y llamamos la atención sobre un anteproyecto de Ley sobre Lavado de Dinero , en la Asamblea Legislativa, que cambia totalmente el marco legal actual y que consideramos se está viendo de manera apresurada, cuando debería generarse un proceso amplio de consulta de las partes involucradas”, puntualizó Ábrego.
