Los gobiernos de Otto Pérez Molina, Jimmy Morales y Alejandro Giammattei han quedado bajo la lupa del Departamento de Estado de Estados Unidos, según un reciente informe en el que se señala a estas administraciones de contribuir al retroceso institucional y a un clima de impunidad en el país.
El más reciente informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos evidencia un patrón preocupante en los últimos tres gobiernos en Guatemala. Según el documento, no solo existe una clara vinculación de estas administraciones con actos de corrupción, sino que también se ha registrado un significativo retroceso en el sistema de justicia del país.
El informe señala que durante los últimos años se han observado intentos sistemáticos por parte de las autoridades para obstaculizar graves investigaciones por corrupción, narcotráfico o lavado de dinero. Señalan cómo estas acciones han erosionado la confianza pública en las instituciones y han frenado avances en materia de transparencia y rendición de cuentas.
Otto Pérez Molina, a diferencia de sus sucesores, no solo fue señalado, tiene vigente dos condenas por corrupción en los casos La Línea y Cooptación del Estado. Mientras que, Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, aún sin procesos penales o investigaciones con resultados en el Ministerio Público (MP) de Consuelo Porras, han enfrentado señalamientos directos del gobierno estadounidense.
Esta semana, EE.UU. señaló que dos hechos favorecieron la impunidad y el deterioro del Estado de derecho: la expulsión de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), en 2019, ordenada por Morales; y la posterior obstrucción de investigaciones clave por parte del Ministerio Público bajo el mando de Porras.
Mencionaron que las acciones de Porras llevaron a que se suspendiera la cooperación programática con el Ministerio Público en 2021. Agregaron que la fiscal y otros funcionarios fueron incluidos en la Lista Engel, de Actores Corruptos y Antidemocráticos, bajo la Sección 353 de la Ley de Asignaciones de EE.UU., así como en la Sección 7031(c), que les impide ingresar al país norteamericano.
- Otto Pérez Molina
Fue presidente hasta 2015, cuando fue vinculado junto a su vicepresidenta Roxana Baldetti, en el caso La Línea. Un caso por el que ambos fueron sentenciados a 16 años de prisión más una multa de Q8 millones al haber sido encontrados culpables de los delitos de casos especiales de defraudación aduanera y asociación ilícita.
En septiembre de 2023, el expresidente aceptó su culpabilidad por el caso conocido como Cooptación del Estado. Reconoció haber cometido los delitos de fraude, lavado de dinero y cohecho pasivo, por los eventos de corrupción denominados Cooptación del Estado, Coperacha y TCQ.
Fueron al menos Q900 millones en sobornos los que se determinó que recibieron funcionarios del desaparecido Partido Patriota. En la diligencia, el exmandatario admitió la comisión de esos delitos.
Su exvicepresidenta enfrenta una solicitud de extradición de Estados Unidos por narcotráfico. No ha sido extraditada porque debe primero solventar su situación legal en Guatemala. Ella y Pérez Molina tienen prohibición para ingresar a ese país.
- Jimmy Morales
Fue presidente hasta el 2020. Asume la responsabilidad en la expulsión de la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), un organismo que evidenció cómo operan redes criminales incrustadas en el Estado. Además, fue quien nombró a Consuelo Porras como fiscal general del Ministerio Público.
Esa designación lo ha librado de investigaciones penales, pese a graves señalamientos de corrupción durante su gestión, que incluso alcanzaron a su esposa y exprimera dama, Patricia Marroquín de Morales y otros de sus familiares.
A diferencia de los otros exmandatarios, aún tiene visa para ingresar a EE.UU. Sin embargo, en el informe de este año sobre narcotráfico, se le señala de fomentar la corrupción en el país al haber expulsado a la CICIG.
- Alejandro Giammattei
Fue presidente hasta el 2024. A Giammattei se le vinculó con distintos casos de corrupción, que hasta ahora no han sido investigados por Consuelo Porras, a quien nombró para un segundo periodo en ese puesto en el Ministerio Público. Durante su gobierno se concretó la toma de instituciones del sistema de justicia y la criminalización de actores que trabajaban para combatir la corrupción e impunidad en Guatemala.
Giammattei y su familia tienen prohibido el ingreso a los Estados Unidos. “La corrupción debilita el Estado de derecho y las instituciones democráticas, permite la impunidad, alimenta la migración irregular, obstaculiza la prosperidad económica y reduce la capacidad de los gobiernos para responder de manera efectiva a las necesidades de su pueblo”, señala EE.UU. al anunciar la sanción el año pasado.
Por aparte, su mano derecha, Miguel Martínez, se le impuso una sanción más grave. A él, lo sindicaron de haber influido en el proceso de contratos gubernamentales para su beneficio y el de sus colaboradores cercanos.
La Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) lo señala de participar en esquemas generalizados de soborno, incluidos redes relacionadas con contratos gubernamentales. Martínez fue designado de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 13818, que se basa e implementa la Ley Global Magnitsky de Responsabilidad de Derechos Humanos y apunta a perpetradores de graves abusos de derechos humanos y corrupción en todo el mundo, según el comunicado de 2023.
Por Alexander Valdéz
