La jefa de la Secretaría del Foro Global de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Zayda Manatta, destacó que es «muy importante» que los países latinoamericanos sigan avanzando en la transparencia fiscal para combatir los flujos financieros ilícitos y para poder «financiar el desarrollo de los países».
En una entrevista con EFE con motivo de la publicación del ‘Informe Transparencia Fiscal en América Latina 2024’, donde se recoge que los países de la región lograron «progresos tangibles» en los últimos años, Manatta aplaudió el hecho de que estén «muy comprometidos» con los objetivos de transparencia fiscal, así como en el entrenamiento de funcionarios para lograrla.
«Como principales avances tenemos que todos los países latinoamericanos se han sumado, a la espera de la aprobación del Congreso de Honduras» a la Declaración de Punta del Este, firmada en 2018 para luchar contra los flujos financieros ilícitos mediante una mayor cooperación fiscal internacional. Esto demuestra un «apoyo político» necesario para obtener buenos resultados en materia de transparencia fiscal.
«Hace unos años, los países de estaban recibiendo la información automática, pero no estaban utilizándola de una forma más amplia, tanto como podrían», algo que ahora ha cambiado. Un ejemplo es Perú, que en este tiempo «ha aumentado las peticiones de información en más de un 2.000 %», agregó Manatta.
Al sumarse a esta convención, los países tienen acceso a información de más de 145 jurisdicciones de todo el mundo, y gracias al intercambio automático de cuentas financieras todos los años las instituciones financieras recogen los datos de los ciudadanos no residentes y los envían a los países donde residen.
Según el informe, al utilizar los sistemas de intercambio de información, los países han logrado al menos 862 millones de euros (unos 934 millones de dólares) en ingresos adicionales identificados solo de 2019 a 2023, gracias a 2.964 solicitudes transfronterizas de información.
Manatta señaló como una de las asignaturas pendientes las peticiones de información porque «no todos los países lo están usando como se podría«. Por ejemplo, una de las formas para lo que más se usa esta herramienta es para el manejo de riesgos y para auditorías, pero solo el 60 o 70 % de los países lo hace, así que todavía queda un 30 o 40 % que pueden hacerlo, en palabras de Manatta.
Además, los pedidos de información están concentrados en «más de un 90 %» en cuatro países de la región: Argentina, Colombia, Perú y México, así que queda margen de mejora para los que no lo están usando tanto.
«Hay espacio para crecer y avanzar con esto», insistió Manatta, quien destacó a Argentina, «campeón de los pedidos de información en la región que ha hecho muchos esfuerzos en este sentido«.
Por su parte, reseñó que Guatemala es uno de los que más dificultades enfrenta en el momento, «puesto que es el único país de la región que tiene una anotación de su evaluación no conforme» y tiene «importantes retos», por lo que se le está brindando asistencia técnica para que logre avanzar.
Los países firmantes de la Declaración de Punta del Este se reúnen este jueves y viernes en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias donde, además de presentar el informe y hacer balance de los avances del último año, se espera que firmen un acuerdo para utilizar la información que intercambian para otros fines como combatir la corrupción, el lavado de dinero, el terrorismo y los delitos aduaneros, confirmó Manatta.
