Panamá ha prosperado gracias a su posición geográfica estratégica y al comercio global. En la majestuosidad del Canal de Panamá, que conecta a los océanos Atlántico y Pacífico, se transportan más de 500 mil toneladas de mercancías por año, representando alrededor del 6 % del comercio marítimo mundial (Autoridad del Canal de Panamá).
Sin embargo, esta situación también ha hecho de Panamá el epicentro del comercio ilícito de bienes, incluyendo el contrabando de cigarrillos, licores, confecciones, textiles o calzado, conllevando una disputa mafiosa por el control de las importaciones y exportaciones ilegales, las rutas y el mercado en la región.
Dicha ubicación estratégica de Panamá –que ha hecho posible la operación exitosa del canal interoceánico, y el establecimiento de múltiples zonas francas– también la hace más propensa al comercio de productos falsificados (OECD/EUIPO, 2019).
Las zonas francas son puntos críticos –siempre en la mira del crimen organizado transnacional–, no sólo para el tráfico de armas y drogas, sino también por el control de las más importantes rutas de contrabando en Latinoamérica y el Caribe.
Este no es un problema menor, más aún cuando el comercio ilícito global alcanza 864 mil millones de dólares anuales (OECD), de los cuales cerca de 150 mil millones corresponden a esta región. La dinámica criminal crece, así lo corrobora la incautación constante de cigarrillos y licores que se trafican ilegalmente a través de los puertos y los pasos clandestinos en el Pacífico y el Caribe.
Según estimaciones para el 2022, el comercio ilegal de cigarrillos combustibles representa el 92 % del mercado en Panamá, el 34 % en Colombia y el 79 % en Ecuador (Invamer y Nielsen IQ). Con relación al comercio ilegal de cigarrillos electrónicos en Panamá, este porcentaje asciende a 100 %, toda vez que están prohibidos. No obstante, el consumo es alarmantemente alto, alcanzando el 5 % de la población adulta (Povaddo). Son cifras escandalosas.
Si queremos atacar el comercio ilícito –de cigarrillos u otros productos– es esencial entenderlo y abordarlo en su máxima dimensión, como lo que es: un sistema de economía criminal monopolizada por mafias internacionales que desarrollan una actividad delictiva racional. Esto significa que mientras estas mafias perciban tener la capacidad y oportunidad para contrabandear o falsificar, con oportunidad de obtener un alto lucro, pero con un bajo riesgo de captura, simplemente seguirán haciéndolo.
La experiencia y el conocimiento acumulado en la región, resultado de la permanente interlocución con las autoridades fiscales, aduaneras, policiales y judiciales, así como con el sector privado, corroboran que la corrupción, la fragilidad institucional, la diferencia de precios entre los países, los débiles controles fronterizos marítimos y terrestres, y la ausencia de una regulación ponderada y apropiada, son los principales factores críticos que facilitan el comercio ilegal. Y es aquí donde las zonas francas juegan un rol preponderante que, si bien dinamizan la economía, los criminales abusan y las explotan indebidamente como centros de distribución con menores controles gubernamentales. Ejemplos de estos abusos son: la adulteración del “Bill of lading”, la desconsolidación y reempaque con productos ilícitos en bodegas, el aprovechamiento de la norma “Delivery at Terminal” para introducir contenedores al territorio nacional, y la mezcla de mercancía legal e ilegal como modalidad de ocultamiento.
¿Cuál es la motivación económica para el contrabando de cigarrillos? Los cigarrillos son un producto particularmente atractivo para los contrabandistas. Las altas cargas impositivas hacen que la brecha entre el precio del producto ilegal y el legal sea muy amplia, lo que incrementa la rentabilidad y la competitividad del producto ilegal. Veamos, por ejemplo, el caso de Panamá. Mientras que en este país el precio promedio de compra de una cajetilla ilegal en 2022 es de $2.00, la de una cajetilla legal es de $5.00. Agreguemos a ello que el crimen organizado transnacional cada vez lava más dinero de todas sus actividades delictivas a través de actos comerciales con apariencia lícita (lavado de dinero basado en el comercio). En 2020 se estimó que el lavado de dinero producto del comercio ilegal de cigarrillos en Panamá, ascendía a 165 millones de dólares anuales (Veto Presidencial al Proyecto de Ley 178).
Por último, observo grandes retos regionales para desincentivar el comercio ilícito de cigarrillos mediante la aplicación de la ley, como: la baja priorización policial, corrupción e impunidad. Por ejemplo, aun cuando el contrabando de cigarrillos, en ocasiones, puede ser más rentable que el narcotráfico en sí, esta actividad no es tan perseguida por las autoridades; existen esfuerzos, pero no los suficientes. En el caso de Panamá, llama la atención que este país tenga el umbral penal más alto de la región –y posiblemente del mundo– para tipificar el contrabando como un delito. Básicamente, si no se contrabandea más de USD $500 000, todo se reduce a una sanción administrativa que, en vez de desincentivar la acción, disminuye la percepción de riesgo para los perpetradores.
