La titular de la Superintendencia de Sujetos no Financieros de Panamá (SSNF), Dayra Carrizo, señaló hoy la expectativa de la salida de este país hacia el próximo año de la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de jurisdicciones o países con deficiencias en la lucha contra el blanqueo de dinero y para evitar el financiamiento del terrorismo.
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«A nuestro parecer hemos presentado avances lo suficientemente contundentes, así que podemos considerar que estamos bastante cerca de poder llegar al cierre de estas acciones, y ya sería de aquí al próximo año, pero estamos realmente avanzando», afirmó Carrizo en respuesta a una consulta de Xinhua en la capital panameña.
La funcionaria habló del tema en una capacitación de cuatro días para supervisores, autoridades y sujetos sobre una Guía de Identificación para Sujetos Obligados no Financieros, como los abogados, los contadores, las inmobiliarias, los casinos y las zonas francas, y que tiene que ver además con la identificación del beneficiario final en las operaciones.
La capacitación fue organizada con la colaboración de EU Global Facility, que es el órgano operativo de la Comisión Europea para dar asistencia a diferentes países frente a deficiencias en el sistema de prevención del blanqueo de capitales con criterios para los Sujetos Obligados no Financieros y las autoridades de supervisión.
La titular de la SSNF reconoció que la salida de Panamá de la lista del GAFI puede permitir a Panamá salir de la lista europea (de la Unión Europea) de países no cooperadores en materia de blanqueo de capitales.
Aseguró que se ha hecho todo el esfuerzo posible porque Panamá ya debe salir de estas listas, y coincidió con declaraciones durante la apertura de la capacitación de la vicecanciller panameña, Marta Gordón, quien reconoció que Panamá no resiste más estar en éstas.
Carrizo subrayó que se sienten (en Panamá) satisfechos de la labor realizada, y que lo que quieren es que la misma sea reconocida internacionalmente.
Precisó que estar en una lista afecta la economía y afecta la reputación de Panamá, e incide en que en las transacciones internacionales se pueda solicitar una diligencia ampliada sobre país o puede frenar también las inversiones si bien hay otros elementos que ayudan al país a mantener la estabilidad.
Según Carrizo, el registro único de beneficiario final empezó a implementarse en Panamá desde abril de 2018, y está en la fase de carga y de abordaje a los agentes residentes de acuerdo con el volumen de sociedades que tienen inscritas en el Registro Público.
