Panamá mantendrá la soberanía de todas sus decisiones, aumentará la transparencia financiera y fiscal, y cumplirá con los estándares internacionales de la materia, al aprobar una Ley de Delito Fiscal eficaz; por esta razón, el argumento de supuesto nacionalismo no es sustentable.
En la región, únicamente países como Haití, Cuba y Bahamas, al cual se suma Panamá, no cuentan con la tipificación del delito fiscal. Sin embargo, Panamá, por todas sus ventajas competitivas tiene el potencial de compararse con economías desarrolladas, las cuales si cuentan con esta tipificación.
En febrero del 2016, este Gobierno logró sacar a Panamá de la Lista del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en un tiempo récord de un año y medio, a la cual ingresó el 30 de junio de 2014. Sin embargo, la República de Panamá, se encuentra en deuda, no solo con este organismo, si no con la comunidad internacional de negocios, si no se penaliza la evasión fiscal.
Por el contrario, los panameños sufriremos las consecuencias, de seguir ajenos a la realidad internacional que exige mayor formalidad de nuestro país. Si Panamá, vuelve a estar en la lista del GAFI, primero, perderá el Grado de Inversión lo que representa tasas de interés más altas para todos los panameños y el aumento de los costos de la deuda pública, lo que acarreará menos recursos para el Estado.
Además, podríamos enfrentar la pérdida de corresponsalías bancarias lo que sometería a presión al sistema bancario nacional y los miles de empleos que representa. No podemos permitir que, por no contar ya con una Ley de Delito Fiscal responsable, Panamá llegue a estar en listas adicionales, como la de Alto Riesgo de Lavado de Activos, con el consecuente daño reputacional ante la comunidad internacional de negocios.
El argumento de persecución política es inconsistente con un periodo de transición de Gobierno. Referente al monto de la evasión, se ha establecido en 300,000 balboas anuales, lo cual corresponde a ingresos superiores a 1 millón de balboas por año. Esta condición hace que no aplique a la gran mayoría de los contribuyentes panameños.
Por lo anterior, el MEF hace un llamado a apoyar la adopción de forma expedita de una ley que criminalice la evasión fiscal efectiva, que cumpla con los estándares internacionales y con la finalidad con la cual ha sido formulada.
ALD/Panamaon
