La Justicia de Panamá abrió una investigación por lavado de dinero por las operaciones financieras por las que fue condenado Lázaro Báez y envió un exhorto internacional a la Justicia argentina para que le informe sobre 96 personas y empresas relacionadas con esas operaciones, incluido Cristóbal López.
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El exhorto lo tramita la jueza federal María Servini, que le envió a su colega Sebastián Casanello el cuestionario remitido por la Procuración de Justicia de Panamá.
Los pedidos panameños fueron respondidos este miércoles por Casanello a Servini, que los enviará a Panamá.
La justicia panameña menciona en su exhorto que “el objeto común de la investigación nace de una investigación periodística en la que se menciona un esquema de corrupción de las contrataciones públicas, entre otros delitos, en el cual está mencionada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otras personas sobre las que concretamente se requiere”.
El procurador de Panamá entendió que en ese esquema de contrataciones “estarían vinculadas las personas físicas y jurídicas por las cuales se exhorta; siendo que la actividad ilícita generó una lesión de millones de dólares a la Republica Argentina”. Entendió que “los fondos aparentemente fueron objeto de un sinnúmero de operaciones financieras llevadas a cabo tanto en Nevada como en la Argentina, por medio de estructuras societarias creadas por el Estudio Jurídico M.F. Corporate Services, filial del estudio jurídico Mossack Fonseca”.
La Justicia de Panamá señala que Mossack Fonseca “habría creado algunas de esas sociedades en la República de Panamá y en otras jurisdicciones, y fueron presuntamente utilizadas para facilitar el ocultamiento del dinero” de la corrupción.
La investigación está a cargo de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada de Panamá y busca obtener todo el material probatorio que permita identificar transacciones bancarias producto de actividades ilícitas, acreditar el origen y destino de los fondos, así como su relación con las personas jurídicas y físicas que participaron en las transacciones que ingresaron al sistema bancario panameño. Se los investiga por “blanqueo de capitales”.
La información que requiere Panamá es si existen o existieron procesos penales contra unas 96 personas y empresas, entre las que se menciona a Báez, a sus hijos y sus firmas, a buena parte de los condenados con Báez por blanqueo de fondos, incluidos Jorge Chueco y Fabián Rossi. También se menciona a Cristóbal López, a Leonardo Fariña y a los operadores financieros en Suiza que facilitaron las tareas de lavado.
