Issamary Sánchez es abogada, consultora, asesora legal, Oficial de Legal y Cumplimiento en bancos de licencia general e internacional, fideicomiso, casa de valores y especialista antilavadodedinero, contra el riesgo y el fraude y habla en su artículo sobre ¿Qué acciones ha realizado la República de Panamá en materia de transparencia?
Luego de un año 2020 donde todos los países nos vimos afectados por la pandemia, siendo esta una prioridad internacional, este año 2021 Panamá se encuentra redoblando sus esfuerzos de colaboración con la comunidad internacional para combatir la evasión fiscal y otros delitos financieros, aumentando nuestras capacidades técnicas para seguir construyendo sobre los logros alcanzados.
Durante el año 2020, las medidas sanitarias nacionales e internacionales complicaron los contactos regulares entre autoridades panameñas e internacionales. Sin embargo, para reforzar la comunicación de manera transparente y con la ayuda de la innovación tecnológica, hemos activado espacios virtuales de cooperación bilateral.
Al respecto, Panamá no ha sido incluida en la Lista de Países No Cooperadores en Materia Fiscal elaborada por la OCDE para el G20. Hace algunos años, nuestro país ha suscrito varios acuerdos bilaterales con Estados Unidos, con el objetivo de mejorar el cumplimiento tributario internacional e implementar la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (Foreign Account Tax Compliance Act/Fatca), también se ha incorporado a varias asociaciones de cooperación internacional para evaluar los procesos existentes y desarrollar el marco adecuado que respalde los esfuerzos de transparencia del país, incluyendo el Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA), la Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting (MLI) y el Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (MAC).
Nos hemos sumado a tratados y acuerdos internacionales, se han promulgado leyes, se ha modificado nuestro marco legal a nivel nacional y hemos fortalecido los departamentos gubernamentales para avanzar en el intercambio de información. Un ejemplo de estos cambios legislativos es la aprobación de la Ley No. 129 de marzo de 2020, que establece el marco regulatorio para la creación de un sistema privado y único de registro de beneficiarios finales en Panamá y la Ley No. 123 de diciembre de 2019, que establece la remesa ilegal como delito.
También estamos cooperando con organizaciones internacionales y gobiernos extranjeros para abordar medidas necesarias adicionales, en pleno cumplimiento de los estándares internacionales establecidos.
Desde noviembre de 2020, Panamá se ha asociado con el GAFI y un equipo de consultores expertos externos para ejecutar un plan de acción, con el objetivo de ser excluido de la lista gris, lo antes posible. Además, se estableció un grupo de trabajo con Francia para mejorar el intercambio de información fiscal.
En conjunto con el Banco Mundial, se han desarrollado herramientas de capacitación virtual para funcionarios y partes interesadas, con el propósito de monitorear e informar sobre los riesgos asociados con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Panamá cumple con las solicitudes de intercambio de información financiera y se ha implementado el proyecto de la OCDE para aplicar las medidas relacionadas con los tratados fiscales para prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios (BEPS) y así abordar la elusión fiscal, mejorar la coherencia de las normas fiscales internacionales y garantizar un entorno fiscal internacional más transparente.
De lo anterior, se colige que a lo largo de los años, Panamá ha servido de ejemplo en cuanto a la implementación del estándar de intercambio de información.
¿Dentro de la estrategia país se consideran la salida de las listas discriminatorias y la perspectiva bancaria, siendo la República de Panamá un Centro Financiero Internacional?
Efectivamente lo es. Hemos trabajado y seguimos trabajando por el logro de objetivos.
Se recibió una propuesta del sector privado para la reactivación económica del Consejo Nacional de la Empresa Privada donde, para el sector financiero, se indica el desarrollo de una política de Estado para la salida de las listas discriminatorias, modernización de sistema financiero y creación de una comisión de alto nivel para el fortalecimiento y desarrollo de los servicios internacionales de Panamá, compuesta por el sector público y privado.
Recientemente, la calificadora de riesgo Moody´s ha mejorado la perspectiva bancaria de Panamá a estable, en atención a la estabilidad o mejora del entorno operativo para los próximos 12 o 18 meses, respaldados por los niveles de capitalización relativamente altos de su sistema bancario, el fondeo local estable, los activos altamente líquidos en los balances y la recuperación de su economía.
Adicional, hace algunas semanas el Presidente Laurentino Cortizo, junto con el Ministro de Economía y Finanzas, sostuvieron una reunión con los Representantes de Gafilat, donde se conversó sobre la relación entre la República de Panamá y GAFILAT, los avances realizados por nuestro país en el fortalecimiento de la efectividad de su sistema ALA/CFT: La identificación, evaluación y el entendimiento de los riesgos LA/FT del sector no financiero, las medidas encaminadas al fortalecimiento de la supervisión del sector no financiero con un enfoque basado en riesgo y las propuestas de reformas legales e institucionales para asegurar un mayor impacto, las acciones realizadas y en curso encaminadas a facilitar la identificación del beneficiario final y proteger al sector corporativo de ser vulnerado por el crimen organizado, los avances realizados por el Ministerio Público de Panamá para mejorar la persecución del delito de lavado de activos, derivado de distintos delitos precedentes de alto impacto.
En el marco del GAFILAT, se entiende que los puntos anteriores, entre otros, son avances importantes en atención también al plan de acción que deriva del proceso de seguimiento en el que se encuentra Panamá ante el Grupo de Acción Financiera (GAFI), reconociendo el compromiso al más alto nivel por parte del país y de sus instituciones, en concordancia con los retos que se tienen y a fin de continuar colaborando en el fortalecimiento de la efectividad de los sistemas ALA/CFT de nuestra región.
De lo anterior, se observa la participación colectiva de todos los sectores, público y privado, financiero y no financiero, alineados en la estrategia de país de servicio, recuperación económica y salida de listas discriminatorias.
¿Qué falta por realizar en la hoja de ruta?
Panamá continuará trabajando para adecuar su legislación a los estándares internacionales y fortalecer nuestras instituciones financieras y procesos de “due diligence”, enfocados en lograr la efectividad requerida y el cierre de los hallazgos que se encuentran pendientes.
Por lo antes expuesto, podemos indicar que nuestro paístiene el mayor respeto por los estándares y criterios internacionales, lo que nos permite continuar atrayendo y recibiendo inversiones extranjeras de todo tipo.
Sin embargo, aparecer en estas listas discriminatorias afecta la competitividad de la economía panameña y la habilidad de atraer inversión directa internacional. Una vez que salgamos de estas listas, seguiremos atrayendo con mayor fuerza, inversiones responsables y con propósito.
Si bien reconocemos que todavía queda trabajo por hacer, estamos orgullosos de lo que hemos logrado hasta ahora, especialmente cuando enfrentamos los desafíos impuestos por la pandemia Covid-19.
Panamá está comprometida con cumplir los más altos estándares internacionales de transparencia y, desde el año 2015, ha implementado con éxito muchas acciones dirigidas a combatir la evasión fiscal, mejorar la coherencia de las regulaciones tributarias internacionales y establecer un sistema tributario internacional más transparente.
Issamary Sánchez
Issamary Sánchez es Doctora en Derecho con énfasis en Derecho Civil de la Universidad de Panamá, adicional, posee maestría en Propiedad Industrial, Intelectual y Tecnología de la Información de la Universidad de Alicante, España y Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá.
Entre otros títulos obtenidos están: Programa de Políticas Públicas Anticorrupción de Georgetown University, Estados Unidos; Postgrado en Docencia Superior de laUniversidad Interamericana de Panamá; Diplomado sobre la nueva Ley Bancaria del Instituto Bancario Internacional y Universidad Santa María La Antigua; Curso general en Propiedad Intelectual de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI); Diplomado en Servicios Bancarios para el Comercio Internacional de la Universidad Latina de Panamá; Carrera Técnica en Administración Financiera del Centro de Estudios Superiores y de Administración-CESA Fundes; Curso de geopolítica (módulos de enfoque metodológico y relaciones internacionales) de la Universidad Sorbona de París.
En su carrera profesional de más de 15 años, se ha desempeñado como Abogada, Consultora, Asesora Legal de la Superintendencia de Bancos de Panamá, Oficial de Legal y Cumplimiento en varios bancos de licencia general e internacional, fideicomiso y casa de valores. Ha ocupado cargos públicos como Directora de la Unidad de Análisis Financiero, Asesora de la Unidad para la Competitividad de los Servicios Internacionales (UCSI) del Ministerio de la Presidencia y actualmente Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República de Panamá en Francia y Cónsul General de Panamá en Marsella, Francia, posición desde la cual es enlace en dicho país ante la OCDE y Gafi, a través de la entidad que lideriza estos temas (MEF).
Ha sido docente universitaria de la cátedra de Legislación Bancaria en la Licenciatura de Banca y Finanzas de la Universidad Interamericana de Panamá y de la Maestría en Derecho Civil de la Universidad Latina de Panamá. Fue seleccionada para ser docente de la Maestría en Investigación y Prevención del Lavado de Activos y Delincuencia Financiera de la Universidad para la Paz de la Organización de las Naciones Unidas.
Es articulista y conferencista a nivel nacional e internacional. También es autora de los libros “Artículos y Ensayos Jurídicos” y “Enriquecimiento sin Causa-Alcances y Perspectivas”, publicados con la Editorial Sistemas Jurídicos, S.A.
Mediante Resolución No. 384-R-78 de 8 de noviembre de 2013 del Ministerio de Gobierno de Panamá, ha sido declarada idónea para ejercer el cargo de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
Posee Certificación Profesional (CPAML) en Prevención de Lavado de Dinero, expedida por Florida International Bankers Association (FIBA) y Florida International University (FIU).
Es miembro del Colegio Nacional de Abogados de Panamá y del Instituto colombo-panameño de Derecho Procesal.
