En un esfuerzo conjunto inédito, las entidades de control del país trabajan articuladas para investigar y sancionar a los mandatarios que están desviando recursos públicos a través de programas de ayuda humanitaria en medio de la pandemia en Colombia.
Antilavadodedinero / Infobae.com
La mayor pandemia en Colombia sigue siendo la corrupción. A seis semanas de que se decretara la emergencia nacional por la pandemia del coronavirus, las irregularidades en la contratación en los departamentos y municipios de Colombia, que destinan recursos millonarios a programas supuestamente encaminados a mitigar los efectos del Covid-19, despertaron las alamas de los entes de control a un nivel tal que propiciaron el lanzamiento de la estrategia “Transparencia por la Emergencia”, un trabajo articulado nunca antes visto en el país entre la Contraloría- encargada del seguimiento fiscal-, la Procuraduría -cabeza del ministerio público que sanciona a los funcionarios- y la Fiscalía -ente acusador- para hacer seguimiento a los posibles casos de corrupción y entablar sanciones a quienes se roben la plata pública.
Hasta ahora, los entes de control colombianos tienen en investigación 56 contratos que suman 136 mil millones de pesos (poco más de 35 millones de dólares) que concentran las mayores irregularidades identificadas, pero en total el objetivo es revisar los 31.938 contratos que se suscribieron durante el tiempo de Emergencia Económica en todo el territorio nacional.
De acuerdo con la procuraduría hay 24 procesos disciplinarios abiertos en 14 gobernaciones del país, las cuales tienen a ocho gobernadores directamente involucrados, otros con miras de abrírseles procesos y funcionarios públicos de estas entidades también en la mira. En las alcaldías hay por su parte 70 casos en 56 municipios, y en las entidades del orden nacional 24 expedientes, uno de ellos contra el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Enrique Zea Navarro, por presuntas irregularidades en Línea Especial de Crédito Colombia Agro Produce, creada por el Gobierno Nacional para dar respuesta a la emergencia sanitaria.
El caso del ministro de Agricultura es en particular destacable ya que por su condición de aforado deberá ser elevada ante la Corte Suprema de Justicia, máximo tribunal del país.
De acuerdo con la Contraloría el ministro deberá responder por la falta de control en los créditos subsidiados creados por el Gobierno, que destinó un total de 226 mil millones de pesos al sector (USD 58.4 millones). De estos los pequeños productores solo recibieron $4.200 millones (USD 1 millón), los medianos $8.300 millones (USD 2.1 millones) y los grandes agroindustriales 213.566 millones (USD 55.2 millones) concentrando el 90% de los recursos.
Los primeros sancionados
Entre los mandatarios en la mira de las autoridades ya hay dos sancionados por parte de la Procuraduría que fueron suspendidos de sus cargos por irregularidades en la gestión de la pandemia y posible desvío de recursos públicos: el acalde de Calarcá, Quindío, Luis Alberto Balcero; y el gobernador de Chochó, Ariel Palacios. El caso del alcalde Balcero de Calarcá, fue el primero de un funcionario suspendido durante la emergencia y se debió a un contrato suscrito con un comerciante del municipio, Abelardo de Jesús Echeverri, para repartir mercados a la población más vulnerable. Dicho contrato tenía un monto de 15 millones de pesos (USD 3879) pero terminó inflándose hasta los 396 millones de pesos (USD 102.426).
La irregularidad se hizo manifiesta por el propio proveedor quien denunció que la firma de este contrato inflado no era suya, por lo tanto, había sido falsificada. Dicho contrato fue suscrito por la Secretaría Administrativa de Calarcá, por lo que la suspensión por tres meses ordenada por la Procuraduría no solo fue contra el alcalde Balcero sino contra el secretario titular de esta cartera, José Winser Garzón Tobaría.
En su determinación la Procuraduría afirmó que separar al alcalde y su funcionario del caro era necesario pues de lo contrario seguirían “seguiría afectando principios fundamentales y esenciales que regulan la contratación del Estado». Este caso está en indagación preliminar por parte de la Fiscalía para establecer responsabilidades penales en medio de la pandemia en Colombia.
Por su parte, el gobernador del Chocó, Ariel Palacios, habría participado en la firma de un contrato por 2 mil millones de pesos (USD 517.305) que según el Ministerio Público iba en contra de las normas de contratación estatales.
Dicho contrato tiene por objeto realizar actividades relacionadas con jornadas educativas de dos horas sobre temas de limpieza, desinfección, manejo de animales, enfermedades crónicas, autocuidado, salud mental, lactancia materna, sexualidad, prevención de enfermedades y tuberculosis, todas estas enfocadas en el Covid-19. Sin embargo, la Procuraduría determinó que dichas actividades no eran prioritarias en un departamento donde la seguridad alimentaria, el pago de los salarios y la dotación de insumos al personal médico sí constituían necesidades urgentes a las que se debían destinar los millonarios recursos.
Chocó es uno de los departamentos más pobres de Colombia y más afectado históricamente por el conflicto armado, en el operan grupos criminales como el ELN, disidencias de FARC y el Clan del Golfo, quienes en gran parte han ayudado a mantener el confinamiento obligatorio de la población por los recurrentes combates que libran entre ellos por el control del territorio.
Allí se registró la primera muerte por coronavirus el pasado 26 de abril, y hay otras 13 personas confirmadas positivas. Sin embargo, con una población principalmente afro, raizal e indígena, y los recursos limitados para la realización de pruebas, es muy probable que haya muchos más casos no reportados.
Las gobernaciones de Arauca, Magdalena, Atlántico, Cesar, La Guajira, Vichada y San Andrés, también están bajo la lupa de los entes de control por casos similares.
El Ejército no se salva
Los cuestionamientos de la Procuraduría y demás entes de control por irregularidades en el manejo de la pandemia en Colombia del coronavirus también estuvieron dirigidos al Ejército Nacional, institución que resultó señalada por comprar con notables sobrecostos insumos de protección como tapabocas y guantes.
En este caso el foco está puesto en el contrato 044 suscrito por el Ejército Nacional, el cual fue solicitado por parte del Ministerio Público para investigación. Este contrato, suscrito con la empresa Paciffic Group and Bussines en la ciudad de Medellín por un valor de 200 millones de pesos (USD 51-730), era para proveer tapabocas, desinfectantes, guantes y otros elementos necesarios para prevención de los contagios de los uniformados en el marco de la pandemia por el Covid-19.
Sin embargo, el monto por unidad de los tapabocas, que en situaciones normales no supera los 2 mil pesos (menos de un dólar) y que durante la pandemia por la gran demanda se consiguen en 20 mil pesos (USD 5), fueron adquiridos por el Ejército a 45 mil pesos (USD 11).
La Procuraduría señala además que la compañía con la que se suscribió dicho contrato, que también es proveedora del Ejercito de contratos similares en ciudades como Bogotá, Tunja, Pasto o Cúcuta, tiene en su registro mercantil la comercialización de insumos de ferretería, pintura, carpintería, pero no de estos elementos de uso médico.
El Ejército respondió ante la investigación de la Procuraduría negándose a enviar la documentación requerida por el ente de control alegando que dichos contratos estaban protegidos por el secreto militar, sin embargo, tras una queja del Ministerio Público elevada al Ministerio de Defensa, este último ordenó al Ejército colaborar con toda la información requerida par la investigación.
Este caso ya ha resultado en tres coroneles apartados de sus cargos en Tunja y Cúcuta, los cuales estuvieron involucrados con la contratación de tapabocas N95 con presuntos sobrecostos.
Cesar y La Guajira: contratos irregulares y alza en el tráfico de medicamentos
En Cesar y La Guajira, departamentos vecinos ubicados al norte del país en zona fronteriza con Venezuela, comparten en el marco de la pandemia en Colombia, no solo los problemas en los que hoy están sus gobernadores por las presuntas irregularidades en la contratación de las ayudas humanitarias para atender el coronavirus, sino que han sido epicentro de un alza en el tráfico de medicamentos de contrabando que prolifera durante el tiempo de la crisis.
Las indagaciones sobre irregularidades en los mercados de la Gobernación del Cesar llevaron a la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría a realizar una inspección en la sede de la Gobernación para recolectar pruebas a finales de la semana.
La autoridad departamental, en cabeza del gobernador Luis Alberto Monsalve Gnecco, está en la mira por haber suscrito 37 contratos en medio de la pandemia en Colombia por un valor superior a 14 mil millones de pesos (USD 3.6 millones) para la adquisición de 88.700 kits de mercados o bonos para redimir en establecimientos de comercio los cuales deberían estar destinados a la población más vulnerable. En todos ellos hay presuntas irregularidades por sobre costos en alimentos que están siendo cobrados un 40% y hasta un 100% más de su valor en el mercado.
Uno de esos contratos, el primero señalado por la Contraloría, tiene un valor total de 367.140.000 por la adquisición de 2.900 kits de mercado. Lo que encontró el ente de control fiscal al contrastar los precios de los productos con la referencia de Colombia Compra Eficiente -portal del Gobierno que da un marco de precios- fue que el contrato debía costar 268 millones de pesos, encontrando diferencia de casi 100 millones, el 37% de su valor total.
Tanto el Gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, como varios funcionarios de su administración, así como otros políticos del Cesar, han sido vinculados formalmente a la investigación por estos hechos.
En La Guajira el panorama no es muy diferente, pero tiene una particularidad, allí se viene dando un alza en el tráfico de medicamentos desde que empezó la pandemia en Colombia el conteo de casos por el coronavirus.
En Maicao, municipio fronterizo con Venezuela y que concentra gran parte del contrabando que se da entre los dos países por el norte de la frontera, fueron incautados al principio de la emergencia un cargamento de medicamentos avaluados en 8 mil millones de pesos (USD 2 millones) los cuales pretendían ser distribuidos por una cadena de red de droguerías distribuidas en La Guajira y Cesar.
Dicho cargamento desnudó una red de medicamentos piratas que funcionaba en todo el país y que se surtía con drogas traídas de Ecuador, pero también saqueando el sistema farmacéutico en departamentos como Risaralda, Nariño y Norte de Santander. Las medicinas luego eran enviadas a Cesar y La Guajira para su distribución.
Estas actividades no se han detenido, como lo demuestra la incautación a mediados de abril de un cargamento de medicinas de contrabando, procedentes de Estados Unidos que desde Venezuela pretendían ingresar por la frontera con Maicao. Dicho cargamento avaluado en 28 millones de pesos (USD 7.242) fue interceptado por la Policía Aduanera (POLFA).
Una fuente de la POLFA que opera en los puntos de control de Maicao le contó off the record a Infobae que una de las modalidades de distribución y comercialización de estos medicamentos de contrabando involucra a funcionarios de las EPS e IPS (empresas prestadoras de Salud) que son cómplices en el saqueo al sistema de Salud. Además afirmó que en la frontera estos medicamentos se camuflan entre otras mercancías de contrabando que cruzan a Venezuela por los pasos ilegales y viceversa, por lo que se han incrementado los controles en todos los pasos fronterizos por parte de las autoridades aduaneras, ya que en el marco de la pandemia por el Covid-19 el tráfico de medicamentos para tratar la enfermedad viene al alza.
De acuerdo con cifras oficiales, desde que empezó el Gobierno de Iván Duque se han hecho 1.393 acciones de control contra el contrabando de medicamentos en el país.
